El camino de la muerte
En los meses últimos, el gobierno de Estados Unidos ha sido blanco de duras críticas por su resistencia a llevar a cabo una reforma drástica destinada a legalizar la presencia de los aproximadamente 10 millones de inmigrantes clandestinos, la mayoría de ellos de origen latinoamericano, que se encuentran en su país, mientras que se ha denunciado como racista la pretensión de las autoridades del estado de Arizona de discriminar contra quienes no tienen los papeles en regla. Las protestas más vehementes han procedido, cuando no, de México, cuyo presidente Felipe Calderón aprovechó una visita a la Casa Blanca para condenar sin ambages “la ley de Arizona”, a pesar de que en su propio país la legislación correspondiente sea mucho más severa que la propuesta por la derecha republicana estadounidense que, cara a las elecciones legislativas de noviembre, está procurando aprovechar el tema. Aunque el trato recibido en México por los inmigrantes ilegales centroamericanos y sudamericanos siempre ha sido brutal –hace algunas semanas, la organización Amnistía Internacional lo calificó de “una crisis de derechos humanos” muy grave–, hasta que una banda de narcotraficantes asesinó en Tamaulipas, en el nordeste cercano a la frontera con Estados Unidos, a 72 personas de Brasil, Ecuador, Honduras y El Salvador, pocos se preocupaban por la contradicción entre la retórica “progresista” de los voceros del gobierno mexicano cuando aludían a las medidas que están tomando algunos estados norteamericanos y su actitud hacia lo que sucede en su propio país. Como señaló Amnistía Internacional al exhortar a las autoridades mexicanas a tomar medidas para detener el constante abuso de los migrantes que son presa de las bandas criminales, “los funcionarios públicos hacen la vista gorda o incluso juegan un papel activo en los secuestros, violaciones y asesinatos”. La hostilidad creciente que sienten muchos norteamericanos para con los inmigrantes ilegales mayormente “hispanos” puede atribuirse en parte a la xenofobia y en parte a los estragos que los problemas económicos están provocando en el mercado laboral, pero también incide cada vez más el temor a que se traslade a Estados Unidos la guerra atroz que están librando entre sí los cárteles narcotraficantes mexicanos sin que el gobierno haya conseguido frenarlos. Según las autoridades mexicanas, desde inicios de la gestión de Calderón en diciembre del 2006 han muerto por lo menos 28.000 personas debido al crimen organizado; no existen motivos para suponer que la sangría no continúe por mucho tiempo más. Puede entenderse, pues, que la mayoría de los norteamericanos quiera que se haga más segura la frontera entre México y su propio país, que ya es bastante violento, y que se controle mucho mejor a quienes tratan de cruzarla, sobre todo si no llevan documentos de identidad. Estados Unidos sólo dejará de ser una tierra de promisión para millones de latinoamericanos que estarán preparados para arriesgar la vida para entrar cuando sus propios países puedan ofrecerles perspectivas que sean al menos casi tan atractivas. Por desgracia, si bien buena parte de nuestra región está progresando en términos económicos, en algunos países la falta de seguridad es tan grave que incluso muchos que perciben ingresos adecuados están dispuestos a probar suerte en el país del norte. Puede que a raíz de la matanza de Tamaulipas menos centroamericanos y sudamericanos opten por intentar llegar clandestinamente a Estados Unidos, pero es probable que en México aquella atrocidad y otras similares que se producen día tras día tengan el efecto contrario al difundirse la sensación de que dicho país se está deslizando hacia un abismo de violencia salvaje, mientras que en Estados Unidos brindarán argumentos contundentes a los resueltos a poner fin, por los medios que fueren, a la inmigración ilegal. Tal y como están las cosas, México corre peligro de convertirse en lo que se llama un “Estado fallido”, uno en que las autoridades formales no están en condiciones de impedir que los jefes de bandas de delincuentes actúen como “los señores de la guerra” de países como Afganistán y Somalia. De ser así, la situación de los millones de inmigrantes “hispanos” indocumentados que se encuentran en Estados Unidos se hará aún más ingrata de lo que ya es.
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