El caso Atahualpa reveló corrupción de menores

La información, que daba detalles de víctimas y sospechosos, surgió de una causa contra exfuncionarias de Familia y se incorporó a la pesquisa por el crimen, pero nunca se investigó.



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Diéguez encabeza la comisión legislativa investigadora del caso Atahualpa y el jueves reveló la vinculación con graves hechos de 2008. Foto: Marcelo Ochoa

VIEDMA

La causa por homicidio de Atahualpa Martínez Vinaya podría aportar datos a la investigación por presunta corrupción de menores que llevan el fiscal Juan Pedro Puntel y el juez Favio Igoldi en esta capital.

Así lo consideró la legisladora Susana Diéguez, presidenta de la Comisión especial investigadora del asesinato del joven de 18 años, aún impune, ocurrido en junio de 2008.

La parlamentaria presentó el jueves al fiscal Puntel esa documentación. "Río Negro" tuvo acceso a esos textos y constató que corresponden a un informe de un excomisario que era el responsable de la Brigada de Investigaciones en 2008. El documento fue elevado a la entonces fiscal Daniela Zágari en el marco de otra causa referida a irregularidades en los Centros de Atención Integral de Niñas y Adolescentes (Caina), en la que se había imputado a funcionarias del entonces Ministerio de Familia, quienes finalmente fueron sobresiedas.

En esas tres fojas, el policía Alfredo Sosa describe cómo las chicas de los Caina -a las que identifica- se fugaban del centro en horas nocturnas, eran pasadas a buscar por autos de alta gama y llevadas a distintos domicilios donde participaban de "fiestas" a cambio de droga y dinero para ir al boliche. Menciona en su informe a discjockeys de locales nocturnos y a otros personajes de la noche viedmense.

Además, indica que entre los testimonios recogidos por el investigador las chicas indicaron que eran llevadas a una chacra a participar de encuentros con hombres adultos.

En 2010, la causa penal contra María Teresa Seghezzo, Marcela Mancuso y otras altas funcionarias del Ministerio de Familia se cerró con el sobreseimiento, ya que la Justicia no determinó responsabilidad en no haber resguardado debidamente a las menores alojadas en los Caina. La denuncia por presuntos malos tratos y fugas en el hogar había sido presentada por la entonces defensora del Pueblo, Ana Piccinini.

Zágari incorporó ese informe a la causa Atahualpa porque en el mismo se mencionan, entre los participantes de esos hechos de presunta corrupción de menores y distribución de droga, a algunos de los -ahora absueltos- acusados por el asesinato del joven.

En el marco de la Comisión legislativa que revisa lo actuado por la Justicia en relación a aquel crimen impune, Diéguez puso atención en ese documento que ya fue enviado a Puntel para que lo sume a su investigación actual sobre presunta corrupción de menores que tendría idéntica modalidad que la que describía Sosa en 2008. "La información suministrada hace referencia a presuntos abusos de niñas en el año 2008, con características muy similares a las que se investiga actualmente en la causa de explotación sexual, denunciada hace pocas semanas", explicó Diéguez.


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