El caso Fayt

En vista de que los jueces de la Corte Suprema de Justicia siempre han percibido sueldos más que dignos, no debería haber ocasionado extrañeza el hecho de que algunos, lo mismo que centenares de miles de otras personas, hayan tenido dinero atrapado en plazos fijos. Sin embargo, parecería que a juicio de ciertos políticos Carlos Fayt se comportó de forma realmente escandalosa por no haber proclamado a los cuatro vientos, en vez de limitarse a declararlo ante las autoridades impositivas, que era dueño de un plazo fijo, ya reprogramado, de poco más de 200.000 dólares en el Banco Nación antes de difundirse por «filtración» a la prensa los detalles de su voto en favor de la redolarización, lo cual, dijo, lo hizo apartarse de la causa por «fatiga moral». Claro, hubiera sido mucho más escandaloso si Fayt o cualquier otro ministro de la Corte hubieran aprovechado su posición privilegiada para sustraer sus ahorros al banco poco antes o, un juicio de amparo mediante, después de la llegada del corralito, pero de haberlo hecho tal vez no sería blanco de los pedidos de juicio político que se han formulado en su contra.

Por motivos evidentes, ningún juez debería intervenir en aquellos casos en los que tiene un interés personal en una resolución determinada, pero sería absurdo llevar este principio sano a extremos cuando es cuestión de asuntos que afectan a sectores muy amplios de la población. Por cierto, a nadie se le ocurrió atribuir los fallos de distintos jueces sobre el «rebalanceo telefónico» a su eventual afición a las llamadas de larga distancia o a su presunta preferencia por comunicarse telefónicamente sólo con sus vecinos. Además, debido a su edad avanzada -tiene 84 años-, Fayt habrá entendido que a raíz de las dificultades prácticas que provocaría un fallo despesificador, su propio voto, lejos de permitirle disfrutar en seguida de sus ahorros, bien podría significarle que tendría que esperar diez años o más.

De todos modos, al reanudar un grupo de legisladores su ofensiva contra la Corte so pretexto de que ningún juez que se haya visto perjudicado personalmente por la pesificación tiene derecho a opinar sobre los pro y los contra de la redolarización, se ha reducido mucho la posibilidad de que por fin el país logre dejar atrás un enfrentamiento que ha tenido consecuencias sumamente negativas. Pese a encontrarse la Argentina en medio de «la peor crisis de la historia», la clase política, categoría que incluye a los jueces, ha resultado ser totalmente incapaz de hacerle frente debido en buena medida a la voluntad manifiesta de la mayoría de sus miembros de aprovechar en beneficio propio las muchas dificultades. Puesto que oponerse a algo, trátese del gobierno, del FMI o de la Corte Suprema, les parece mucho más ventajoso de lo que sería correr el riesgo de verse acusados de estar en favor de medidas antipáticas, demasiados políticos se han concentrado en llevar agua a su propio molino, dando así al dicho «crisis equivale a oportunidad» un sentido acaso nuevo pero no por eso positivo.

En el clima actual, a los políticos resueltos a hacer creer que a diferencia de sus congéneres son personas de ética inflexible, les ha resultado muy tentador dedicarse a formular denuncias rimbombantes contra todos los integrantes de la Corte sin hacer un esfuerzo mínimo por discriminar entre los jueces. Aunque es probable que a veces Fayt haya actuado de manera discutible, no hay nada en su trayectoria que lo haría merecedor de los ataques brutales de quienes están procurando defenestrarlo. Con todo, en cierto modo es lógico que Fayt se haya encontrado en la mira de los decididos a destruir la Corte actual. Los jueces más vulnerables han sido aquellos que se han permitido deprimir por la conducta de los personajes que los rodean, de suerte que no es casual que la primera víctima de las embestidas de los enemigos de la Corte «menemista» haya sido Gustavo Bossert, el ministro menos cuestionado de los nueve, y tampoco lo sería que la segunda resultara ser Fayt, otro que nunca ha sido acusado de formar parte de la «mayoría automática» cuya existencia ha indignado a quienes quisieran ver el tribunal actual reemplazado por otro que, supondrán, estaría más dispuesto a compartir sus propios puntos de vista.


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