El conflicto mapuche abajo de la alfombra

El gobierno de Carreras quiere que sea la Justicia Federal la que investigue los últimos ataques incendiarios que se atribuyeron grupos de reivindicación mapuche.

Con procedimientos que atrasan décadas, manejos discrecionales, tendencias narcisistas y modales monárquicos, la Justicia Federal es ese depósito de causas que se manejan según el viento político y con plazos que se extienden hasta el hartazgo. Hacia allí quiere dirigir la gobernadora Arabela Carreras la investigación por los ataques incendiarios que esta semana reivindicaron grupos mapuches en El Bolsón y Bariloche. La excusa es que se trata de un delito federal: terrorismo.

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El martes -recalculan porque iba a ser el jueves- irán al juzgado federal de Bariloche, que hace dos años que no tiene juez y una década que funciona con subrogantes:

La provincia tiene un sistema judicial cada vez más ágil y transparente. En los estrados federales, en cambio, los manejos son reservados cuando no ocultos.

•Leónidas Moldes fue hasta ahora el único titular de ese tribunal, que se creó en 1990.

•En 2014 Moldes asumió como representante de los jueces en el Consejo de la Magistratura de la Nación y, como era costumbre, no iba a dejar que su sillón lo ocupara alguien que no fuera de su confianza. Por eso designó a su secretario Walter López da Silva.

•Dos años después, la Corte Suprema anuló esa y otras designaciones a dedo y puso a subrogar a Gustavo Villanueva, el juez penal federal de la ciudad de Neuquén.

•Las subrogancias tienen plazos. Entonces, la Cámara Federal de Roca decidió que se hiciera cargo del juzgado Gustavo Zapata, hasta entonces secretario civil.

•Ahora, el tribunal de Bariloche está a cargo de Silvina Domínguez, jueza federal de Zapala.

•En el interín, Moldes regresó a su puesto natural y se jubiló, sin que el concurso para reemplazarlo tenga resolución.

Hace una década muchos creyeron que era una solución que fuera la Justicia Federal de Roca la que investigara el terrible atentado que, por cruenta casualidad, sufrió José Maciel, un barrendero de Cipolletti al que una bomba dirigida a la escuela de suboficiales de la Policía mató en un instante. En la fría madrugada del invierno de 2010, mientras hacía su trabajo y le llamó la atención el paquete en la esquina de Sáenz Peña y Fernández Oro, se acercó y lo movió.

No había sido la única bomba dejada en las calles de Cipolletti esa noche (hubo una sin detonar frente al local de Telefónica) y se habían registrado antecedentes similares en un banco de Neuquén. Además estaban detenidos en Neuquén y serían extraditados pronto a su país los activistas chilenos Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel, acusados de un asalto a un banco de Santiago.

La causa avanzó tan poco que al final se archivó y ya nunca se sabrá quiénes fueros los responsables de la muerte de Maciel.

En la primavera de 2017 se inició una tibia ocupación de tierras de Parques Nacionales en Villa Mascardi a manos de jóvenes que reivindicaban el sitio para un regreso a sus orígenes mapuches. Fundaron una comunidad a la que llamaron Lafken Winkul Mapu.

Luego de un frustrado intento de desalojo ordenado por el juez Villanueva, efectivos de elite de Prefectura incursionaron en el cerro adonde se habían retraído los jóvenes, ya con las capuchas con las se los conocen, y mataron a uno de ellos, de 22 años, Rafael Nahuel.

Desde entonces, las cosas no podrían haber resultado peor: la ocupación se extendió de manera violenta a lotes fiscales y públicos de esa misma franja, mientras la Justicia Federal se ha tomado ya cuatro años para resolver el pedido de desalojo y determinar quién disparó el fusil que mató a Nahuel.

Las justicias provinciales se vuelven cada más rápidas y claras con reformas procesales que permiten agilizar y dar transparencia a las causas y sus investigaciones.

Sobran ejemplos sobre el paso enorme que dieron los tribunales penales de Río Negro con este nuevo sistema acusatorio en el que los fiscales tienen poder de investigación. Esa experiencia pone en flagrante evidencia lo desacertado de la decisión de la gobernadora Carreras.