El déficit más irracional

Redacción

Por Redacción

Cuando hace mucho calor, proliferan los apagones porque, al ponerse en funcionamiento todos los acondicionadores de aire, se sobrecarga el sistema eléctrico. Y si hace mucho frío, como sucedió en buena parte del país la semana pasada, falta gas para las empresas industriales que lo necesitan. Se trata de las consecuencias más visibles de la crisis energética provocada por la voluntad oficial de subordinar todo al electoralismo, negándose a tomar medidas que podrían molestar a los votantes sin preocuparse en absoluto por el largo plazo, pero no son las más significantes. Al verse obligado el gobierno a importar un volumen cada vez mayor de gas y otros combustibles, demolió los pilares del “modelo” kirchnerista, el superávit comercial, el que tal y como están las cosas podría derrumbarse por completo, y el superávit fiscal ya que, para morigerar el impacto que tendrían en el bolsillo de los usuarios tarifas realistas, se gastan anualmente en subsidios muchos miles de millones de dólares. Asimismo, la sangría resultante ha hecho bajar las reservas del Banco Central, de ahí el cepo cambiario que, para sorpresa de nadie salvo los responsables de aplicarlo, no ha servido para impedir la salida constante de divisas; según las cifras disponibles, en abril más de 2.000 millones de dólares se las arreglaron para salir del sistema, casi tres veces más que en el mismo mes del año anterior. La estrategia energética, mejor dicho: la política económica del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, parece inspirarse en el viejo refrán: “Pan para hoy, hambre para mañana”. Si bien luego del triunfo electoral de octubre del 2011 brindó la impresión de estar pensando en hacer algunos ajustes antipáticos con la esperanza de que le sobraría tiempo en que cosechar los beneficios, pronto decidió que no le convendría arriesgarse. Perdida aquella oportunidad, los distintos integrantes del quinteto o sexteto económico estarán pensando en postergar las eventuales reformas necesarias para que se reanude el crecimiento, o cuando menos para que el país disfrute de un grado tolerable de estabilidad, hasta después de las elecciones legislativas previstas para octubre próximo, pero puede que ya sea demasiado tarde. Por cierto, no hay ninguna posibilidad de que el país se acerque a la “soberanía hidrocarburífera” en lo que queda del mandato de Cristina. Aun cuando, por fin, la petrolera estadounidense Chevron comenzara a colaborar con YPF en la explotación de las reservas de shale oil y gas encontradas en el yacimiento neuquino de Vaca Muerta, invirtiendo inicialmente 1.500 millones de dólares, transcurriría cierto tiempo antes de que contribuyera a reducir el ya colosal déficit energético de un país que, hasta apenas tres años atrás, se autoabastecía, exportando más de lo que tenía que importar. Al comienzo, el clientelismo populista, sobre todo cuando se ve combinado con el capitalismo de los amigos, según el que los enriquecidos merced a su relación íntima con el gobierno devuelven los favores recibidos financiando sus actividades políticas, suele brindar resultados satisfactorios, pero no es sostenible en el tiempo. Es una forma de repartir lo ya existente pero, a pesar de las esporádicas exhortaciones oficiales, raramente estimula la producción. Antes bien, lleva casi siempre a la descapitalización, como en efecto ha ocurrido, debido en buena parte a la propensión de los cortesanos, sean empresarios o meros testaferros de políticos poderosos preocupados por lo que el futuro podría depararles, a concentrarse en sus propias prioridades económicas. Aunque la idea de que lo económico debiera subordinarse a lo político suena atractiva en teoría, en la práctica supone depauperar progresivamente a sectores crecientes de la población. Si la Argentina se asemejara al país reflejado en las estadísticas del Indec, el “modelo” hubiera servido para reducir drásticamente la proporción de pobres e indigentes, pero conforme a todas las mediciones no oficialistas que se han ensayado, después de los logros iniciales que se registraron al salir el país de la gran crisis que siguió al colapso de la convertibilidad, un tercio de la población ha quedado atrapado en la pobreza extrema y se cuentan por millones los que se hundirían si, como algunos prevén, el país sufriera una nueva convulsión económica.


Cuando hace mucho calor, proliferan los apagones porque, al ponerse en funcionamiento todos los acondicionadores de aire, se sobrecarga el sistema eléctrico. Y si hace mucho frío, como sucedió en buena parte del país la semana pasada, falta gas para las empresas industriales que lo necesitan. Se trata de las consecuencias más visibles de la crisis energética provocada por la voluntad oficial de subordinar todo al electoralismo, negándose a tomar medidas que podrían molestar a los votantes sin preocuparse en absoluto por el largo plazo, pero no son las más significantes. Al verse obligado el gobierno a importar un volumen cada vez mayor de gas y otros combustibles, demolió los pilares del “modelo” kirchnerista, el superávit comercial, el que tal y como están las cosas podría derrumbarse por completo, y el superávit fiscal ya que, para morigerar el impacto que tendrían en el bolsillo de los usuarios tarifas realistas, se gastan anualmente en subsidios muchos miles de millones de dólares. Asimismo, la sangría resultante ha hecho bajar las reservas del Banco Central, de ahí el cepo cambiario que, para sorpresa de nadie salvo los responsables de aplicarlo, no ha servido para impedir la salida constante de divisas; según las cifras disponibles, en abril más de 2.000 millones de dólares se las arreglaron para salir del sistema, casi tres veces más que en el mismo mes del año anterior. La estrategia energética, mejor dicho: la política económica del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, parece inspirarse en el viejo refrán: “Pan para hoy, hambre para mañana”. Si bien luego del triunfo electoral de octubre del 2011 brindó la impresión de estar pensando en hacer algunos ajustes antipáticos con la esperanza de que le sobraría tiempo en que cosechar los beneficios, pronto decidió que no le convendría arriesgarse. Perdida aquella oportunidad, los distintos integrantes del quinteto o sexteto económico estarán pensando en postergar las eventuales reformas necesarias para que se reanude el crecimiento, o cuando menos para que el país disfrute de un grado tolerable de estabilidad, hasta después de las elecciones legislativas previstas para octubre próximo, pero puede que ya sea demasiado tarde. Por cierto, no hay ninguna posibilidad de que el país se acerque a la “soberanía hidrocarburífera” en lo que queda del mandato de Cristina. Aun cuando, por fin, la petrolera estadounidense Chevron comenzara a colaborar con YPF en la explotación de las reservas de shale oil y gas encontradas en el yacimiento neuquino de Vaca Muerta, invirtiendo inicialmente 1.500 millones de dólares, transcurriría cierto tiempo antes de que contribuyera a reducir el ya colosal déficit energético de un país que, hasta apenas tres años atrás, se autoabastecía, exportando más de lo que tenía que importar. Al comienzo, el clientelismo populista, sobre todo cuando se ve combinado con el capitalismo de los amigos, según el que los enriquecidos merced a su relación íntima con el gobierno devuelven los favores recibidos financiando sus actividades políticas, suele brindar resultados satisfactorios, pero no es sostenible en el tiempo. Es una forma de repartir lo ya existente pero, a pesar de las esporádicas exhortaciones oficiales, raramente estimula la producción. Antes bien, lleva casi siempre a la descapitalización, como en efecto ha ocurrido, debido en buena parte a la propensión de los cortesanos, sean empresarios o meros testaferros de políticos poderosos preocupados por lo que el futuro podría depararles, a concentrarse en sus propias prioridades económicas. Aunque la idea de que lo económico debiera subordinarse a lo político suena atractiva en teoría, en la práctica supone depauperar progresivamente a sectores crecientes de la población. Si la Argentina se asemejara al país reflejado en las estadísticas del Indec, el “modelo” hubiera servido para reducir drásticamente la proporción de pobres e indigentes, pero conforme a todas las mediciones no oficialistas que se han ensayado, después de los logros iniciales que se registraron al salir el país de la gran crisis que siguió al colapso de la convertibilidad, un tercio de la población ha quedado atrapado en la pobreza extrema y se cuentan por millones los que se hundirían si, como algunos prevén, el país sufriera una nueva convulsión económica.

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