El drama de la infancia desprotegida

por: ADRIAN ARDEN (adrianarden@rionegro.com.ar) y SILVANA SALINAS(slsalinas@rionegro.com.ar)

En Río Negro y Neuquén hay unos 180 niños y adolescentes alojados en hogares o instituciones de contención. Una decisión claramente a contramano de lo que establece la Convención por los Derechos del Niño y la ley argentina. Pero hay algo que alarma aún más: casi el 90 por ciento de ellos no cometió ningún delito. Están allí porque son pobres, fueron abusados o abandonados, son adictos a alguna droga o sus padres están gravemente enfermos. En algunos casos están alojados en edificios inadecuados, sin las normas de seguridad aconsejadas, hacinados y sin ningún tipo de contención. Y en otros casos, viven en edificios con todas las comodidades pero allí se quedan durante años, sin posibilidades de escapar a un sistema que pareciera mantenerlos cautivos. A todas luces, una situación altamente irregular. Inadmisible.

La institucionalización de niños, niñas y adolescentes es en nuestro país una práctica extendida, amparada en la doctrina del Patronato, un régimen que durante un siglo convirtió cualquier problema social de los chicos en una cuestión judicial. La Ley de Patronato de Menores (Ley 10.903 de 1919) daba facultades a los jueces para intervenir en la vida de cualquier niño o adolescente considerado en «peligro moral o material». Así, podían disponer de él tomando la medida que creían más conveniente y de duración indeterminada. El Estado se asignó entonces la tarea de educar a los niños considerados «en peligro»: los niños que cometían delitos, los niños abandonados y los niños pobres para evitar que se convirtieran en «peligrosos», alejándolos de sus familias y creando instituciones que se proponían «reemplazar» las funciones de crianza.

Este modelo fue generando a lo largo del siglo una poderosa maquinaria de institutos asistenciales y penales, instituciones psiquiátricas o comunidades terapéuticas para alojar a niños y adolescentes.

En la mayoría de los casos, lo único que se logró fue convertir esos a centros en escuelas del delito y de abusos hacia esos mismos chicos que decían proteger.

Para dejar atrás todo eso, el año pasado se promulgó la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que deja en claro que la situación socioeconómica nunca puede dar lugar a la separación del niño de su familia y obliga al Estado a garantizarles los derechos a través de políticas públicas y a incluir al grupo familiar en programas de apoyo de salud, vivienda y educación. Los niños -hoy institucionalizados o no- ya no deberán ser encerrados en institutos o centros. El sistema deberá procurar su permanencia dentro de la familia ampliada o con otros miembros de la comunidad ya vinculados con el niño. Sólo en casos excepcionales podrá recurrirse a otras formas de convivencia, como hogares convivenciales o programas de acogimiento familiar.

Lejos de un cambio

En Río Negro y Neuquén funcionan 19 establecimientos para alojar a chicos. Quince de ellos están destinados a niños y jóvenes que no poseen causas penales. El más tristemente célebre es el «Alfonsina Storni», en Roca. Un reciente informe del Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro reveló que además de alojar a más chicos de los que debería, «el edificio no garantiza intimidad en los baños, las habitaciones son por demás pequeñas y producto de ello la lavandería es utilizada como dormitorio». También aseguró que «a pesar de haber sido creado para alojar a niños de 0 a 12 años, en el Hogar Alfonsina Storni conviven chicos y adolescentes de más de 12 años», además de la presencia de madres, con sus respectivos hijos. Situaciones parecidas se repiten en Sierra Grande y Bariloche.

«Pero más allá de la cuestión de los recursos, que es muy grave de por sí, nosotros vemos que hay una desarticulación total entre las instituciones que deciden el destino de estos chicos: la Justicia y Promoción Familiar. Se tiran la pelota entre ellos. A veces reciben casos como cosas, no como personas que tienen una historia previa…la privación de libertad por cuestiones administrativas se transforma en una tortura para estos chicos. Los jueces mandan a los chicos a los hogares sin antes ver si estarán contenidos, si hay lugar allí, si harán un tratamiento, sin ver quién lo realizará o si seguirán a la escuela. Además, hay poco personal. Muchas veces son dos personas para cuidar a decenas de chicos…y algunos de ellos no están capacitados para eso: incluso hay jefas de hogar trabajando en algunas instituciones», asegura María Inés Coronel, del Observatorio de DD.HH. de Río Negro.

Por tiempo indefinido

Uno de los aspectos más cuestionados de este sistema, llamado eufemísticamente de «internación» o «tutelar», es que no establece cuánto tiempo los chicos deberán estar sujetos a él. Así, los niños o adolescentes pueden pasar uno, dos, tres y hasta cuatro años en esas instituciones sin que la Justicia o el Estado logren revertir esta situación.

En Neuquén funcionan media docena de hogares que alojan a más de 70 chicos en riesgo social. Esa realidad podría cambiar si existiera la misma cantidad de familias dispuestas a brindarles contención en una vivienda. «Esa es la gran carencia que tenemos», explicó la defensora del Menor y el Adolescente Mónica Amicone.

En Río Negro, en tanto, según el Consejo de Promoción Familiar en la actualidad hay más de 20 chicos con causas penales en institutos y otros 16 están alojados en «comunidades terapéuticas», por problemas generalmente ligados a las adicciones. En tanto que en los llamados «centros de atención integral a la niñez y adolescencia», más conocidos como hogares de menores, hoy conviven 66 en toda la provincia.

A estos últimos en Roca, Viedma, Bariloche, El Bolsón- son enviados todos aquellos que son víctimas de problemáticas sociales, desamparo, pobreza, maltrato… A todas esas derivaciones, las determina la Justicia. «En aquellos casos en que la situación lo amerita, siempre por orden de la justicia, como último recurso, se los aloja temporaria y transitoriamente» en estos hogares, justifica Marcela Mancuso, directora de Niñez y Adolescencia en Río Negro. Sin embargo en la práctica, no siempre es así.

Un ejemplo de ello ocurrió a fines del año pasado, cuando una jueza de Cipolletti decidió la internación de tres hermanos de 8, 12 y 14 años en un instituto luego de retirarlos de su vivienda ante la avanzada enfermedad de su madre. El futuro de esos chicos se resolvió en horas: como Promoción Familiar no le respondió un pedido para derivarlos a una familia solidaria, los envió al «Alfonsina Storni» de Roca. Sólo una fuerte protesta de ongs permitió sacar a los chicos de allí y encontrarles una familia que les brinde contención hasta que su situación se solucione. «Y en realidad eso es lo más común. Los chicos son enviados a los institutos por tiempo indeterminado. Entran a los hogares y nadie sabe cuándo saldrán…conocemos casos que se han pasado toda la niñez y parte de la adolescencia adentro…se escapan, vuelven a entrar, se escapan…y así por años», dicen en el Observatorio.

Y con ese diagnóstico coincide Miriam Saigg, titular en Roca de la ong SOS discriminación: «Lo que pasa en Río Negro es que no hay una política clara para trabajar con la niñez, se piensa en los chicos como un gasto y no como una inversión y a partir de ahí está todo mal. Todos los programas tienen como último fin el encierro y tampoco se capacita en este tema. Se necesita un trabajo más serio, más coordinado». Y también se necesita que sea urgente. Un argumento contundente lo exige: se calcula que entre el 50 y el 60 por ciento de los presos juveniles en el país pasaron antes por un instituto de menores.