El Estado garantizará la representación de los menores abusados
NEUQUÉN (AN).- Con dos proyectos de ley para que se garantice la representación legal de menores de edad víctimas de abuso sexual y con una tercera alternativa que surgió ayer en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, los diputados acordaron en es urgente que se dicte la norma para evitar que se sigan lesionando derechos de niños y adolescentes.
A la reunión de la comisión legislativa asistieron la defensora del Niño y del Adolescente, Nara Osés, y el abogado Gustavo Palmieri, que aportaron su visión respecto de los dos proyectos en debate.
Osés argumentó representación de los menores debe ser una tarea de la defensoría -tal como se indica en la iniciativa presentada por el bloque del MPN -pero que al mismo tiempo se deben garantizar los recursos humanos para la tarea. «Si hoy nuestra calidad de trabajo ha disminuido, es por políticas judiciales que hay que discutir, no por falta de capacidad», aseguró la defensora, que emparentó esas políticas con la falta de funcionarios en el organismo que dirige y que derivó en una acumulación de más de 400 expedientes sin resolver.
El otro proyecto de ley fue presentado por Marcelo Inaudi, el diputado de la UCR, y en el mismo sentido del proyecto del MPN, enuncia la necesidad de garantizar un abogado que represente a un menor ante casos de abuso. La diferencia radica en que la propuesta del legislador radical originalmente planteó la posibilidad de que esa representación recayera en defensores oficiales y no en la defensoría del menor, aunque se mostró permeable a cualquier alternativa.
La discusión llevará al menos una semana más, para pedir además la opinión del defensor del Tribunal Superior de Justicia, Tomás Gavernet.
La tercer propuesta la acercó Palmieri, que destacó la necesidad de que «hacer justicia no sea una tarea que recaiga exclusivamente en el Estado». En ese sentido, explicó que una alternativa sería elaborar una lista de abogados especialistas a partir de la matrícula provincial y que, con cargo del Estado, estuvieran disponibles. Aclaró que no se trataría de una privatización del sistema y que evitaría una mayor «burocratización» del Poder Judicial.
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