El ex Fiscal de Estado de Río Negro, más complicado

JUDICIALES

Cámara en lo Criminal rechazó un recurso y complicó la situación judicial del ex fiscal de Estado, Alberto Carosio en la causa por irregularidades en los pagos del Estado en acuerdos extrajudiciales con estudios jurídicos.

A fines de julio, Carosio fue procesado por “administración infiel en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público” por la jueza Rosana Calvetti, actual camarista civil pero que actuó como subrogante penal. Además, esa resolución estableció que Carosio debe presentarse todos los días a la comisaría.

El procesamiento fue apelado y sigue en análisis en la Cámara, que inicialmente rechazó un pedido de nulidad por denegación de “una prueba propuesta” y que la defensa entendió afecta “su intervención en juicio”.

El tribunal -que integran Francisco Cerdera, Pablo Estrabou y María Luján Ignazi- consideró que no existen “demostración acabada del perjuicio concreto sufrido”. Avala al juez porque su rechazo a las “medidas solicitadas ha sido resuelta dentro de sus facultades” y no existe “arbitrariedad”. Agregó que la pretendida ampliación se podrá dar con toda amplitud en el juicio”.

En su resolución, Calvetti procesó a Carosio por convenios firmados en el 2004 con estudios jurídicos por acuerdos de demandas por la aplicación de las leyes 2990 y 2502. El procesado representó a la Fiscalía de Estado, conjuntamente con la jefe del área Judicial, Sandra Bombardieri, condenada en esta misma causa.

La jueza aseguró que Carosio tenía a su cargo la defensa del patrimonio del fisco y de controlar la actividad del Estado pero, en cambio, omitió formular las observaciones que correspondían sobre las liquidaciones presentadas por los estudios jurídicos.

La magistrada entendió que el ex fiscal actuo en forma fraudulenta “con el fin de procurar para sí y para terceros un lucro indebido, violando también con su actuar los deberes a su cargo y de tal modo habría perjudicado los intereses confiados defraudando el Estado provincial y causando un perjuicio patrimonial al erario”.

Precisó que la propia “auditoría contable contratada por la Fiscalía de Estado” demostró que al estudio jurídico de Juan José Zalesky “se le haya abonado de más aproximadamente 1.700.000 pesos”.