El fiscal de Zapala golpeó a su mujer y se encerró

ZAPALA (AN)- Ladislao Simon, fiscal de la Cámara de esta localidad, golpeó ayer a su mujer delante de sus dos hijos y se encerró en su vivienda. La situación se destrabó por una negociación encabezada por el juez Hugo Saccoccia, y los miembros de la familia abandonaron la casa. El funcionario está en libertad pero se investiga su conducta a nivel penal y del Tribunal Superior de Justicia.

Según informaron fuentes policiales y judiciales, la esposa de Simon no quiso presentar una denuncia por lo que no se iniciará una investigación de oficio. De todos modos, un fiscal neuquino fue enviado especialmente a Zapala para recoger información.

Los mismos voceros indicaron que no sería la primera vez que el fiscal de Cámara, de 55 años, protagoniza episodios de violencia doméstica.

Los paradójico es que por su función, intervino en dos de los casos más cruentos de violencia familiar registrados en la provincia: fue el que pidió prisión perpetua para Salvador Pucci, al que acusó de matar a su esposa, y para Sara Ibáñez, a la que responsabilizó por el asesinato de su esposo y sus dos hijos .

De acuerdo con la información que pudo obtener «Río Negro», los incidentes de ayer comenzaron alrededor de las 7 de la mañana en la casa del funcionario judicial, ubicada en calle Carlos Gardel, en un barrio clase media de esta localidad.

Por causas que se desconocen, el fiscal golpeó a su mujer. Una fuente policial informó que también «la tomó por los cabellos y la arrastró por el piso». Ante esta situación, uno de los hijos de la pareja avisó telefónicamente lo que estaba sucediendo. Entonces una comisión de la comisaría 22 y el juez Saccoccia se dirigieron al lugar.

El vocero de la policía dijo que «el fiscal no tomó a su familia de rehén, las puertas y las ventanas de la casa estaban abiertas». También descartó que Simon estuviera armado. Sin embargo, el único que pudo ingresar a la vivienda fue Saccoccia, mientras que los uniformados quedaron en la puerta. Después de una conversación que no tuvo otros testigos, la mujer del fiscal y los hijos salieron.

La situación entonces pareció quedar superada, aunque el fiscal permaneció en el interior de la casa, relataron las fuentes.

Todos fueron revisados por el médico, que constató las lesiones que presentaba la esposa del funcionario. Ella no quiso presentar una denuncia penal contra su marido sino que hizo una exposición en el marco de la ley de violencia familiar.

Una fuente de la justicia explicó que esta clase de episodios son públicos pero dependen de una denuncia para iniciar una causa. «No se pueden investigar de oficio», aclaró. De todos modos, ayer a la tarde el fiscal Alejandro Cabral fue comisionado para viajar desde Neuquén capital a Zapala para recabar más información ante la eventualidad de que se haya cometido algún delito público, como por ejemplo el de amenazas. Eso abriría la puerta para una investigación penal.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia también se abocará a analizar la conducta de Simon. Las fuentes indicaron que no es el primer episodio de estas características en el que se ve involucrado.

La Constitución provincial prevé que un fiscal puede ser removido de su cargo por «mala conducta, negligencia, morosidad o desconocimiento reiterado y notorio en el ejercicio de sus funciones o por delitos comunes o cometidos en el desempeño de sus cargos».

Actuó en casos de cruenta violencia familiar

NEUQUEN (AN).- Ocupa el cargo de fiscal de Cámara desde hace una década, y en esa función le tocó intervenir en dos hechos dramáticos de violencia familiar.

Ladislao Geiza Julio Simon fue el que pidió, en mayo de 1992, que condenaran a prisión perpetua a Salvador Pucci por el asesinato de su esposa María Sebastiana Lara, ocurrido en Chos Malal tres años antes. Los jueces de la Cámara de Zapala estuvieron de acuerdo con él, y Pucci aún está en prisión.

Lo curioso es que Simon era juez de Chos Malal cuando Lara desapareció, y condujo la investigación de primera instancia en contra de Pucci.

Más recientemente, en julio del año pasado, pidió que condenen a perpetua a Sara del Pilar Ibáñez, a la que responsabilizó de haber matado a sus hijos y a su marido en Cutral Co durante la navidad de 1999.

En su alegato planteó una hipótesis como móvil de los crímenes: dijo que Ibáñez había matado a su familia porque le resultaba «un estorbo». Y agregó: «quebrantó la lealtad que debía mantener con sus indefensos hijos. Traicionó su confianza».

Otra vez los jueces de Cámara coincidieron con su pedido, y condenaron a perpetua a Ibáñez. Pero no estuvieron de acuerdo con la hipótesis del fiscal.

Fuera de estas intervenciones en causas resonantes, Simon integra el grupo de magistrados que hace años ganó una millonaria demanda contra el Estado por la intangibilidad de sus salarios. También presentó una acción procesal administrativa y un recurso administrativo para que le ajusten el sueldo.