El gobierno avanza en designar a Ramos Padilla en el juzgado electoral bonaerense

El presidente envió al Senado el pliego para que el juez de Dolores ocupe esta instancia clave en el principal distrito del país, antes de un año electoral. Ramos Padilla investiga el caso de espionaje ilegal que involucra al macrismo.

El presidente Alberto Fernández envió al Senado el pliego para designar al juez Alejo Ramos Padilla para ocupar el Juzgado Federal de La Plata, que no sólo entiende en materia penal sino electoral, es decir será el juzgado que controlará las elecciones en el territorio bonaerense, principal distrito electoral del país, el año que viene.

Ese cargo está vacante desde 2014 tras la muerte del juez Manuel Humberto Blanco y hoy está ocupado de forma provisoria por María Servini de Cubría. El juzgado electoral tiene entre sus manos, por ejemplo, la designación de listas, impugnaciones o investigaciones por fraude electoral. Todo esto, a un año de las elecciones legislativas.

El año pasado, Ramos Padilla quedó ubicado en el primer lugar de la orden de mérito para el juzgado federal 1, que aprobó la comisión de Selección del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, el entonces presidente Mauricio Macri no había enviado su pliego al Senado. Había elegido a Laureano Durán, que había salido tercero en ese concurso.

 “No es un juez ecuánime, espero que el Consejo de la Magistratura lo destituya”, había dicho entonces Macri.

En esa época, Ramos Padilla, desde el juzgado federal de Dolores, ya tramitaba la causa contra el falso abogado y operador de inteligencia Marcelo D’Alessio por presunta extorsión a un empresario, que involucró al fiscal Carlos Stornelli y había aceptado una invitación al Congreso para dar detalles de ese expediente que explotó en el verano de 2019 que puso bajo la lupa los vínculos del mundo de la inteligencia y la justicia.

Elisa Carrió denunció entonces que el magistrado formaba parte un complot contra la causa de los cuadernos, apenas Ramos Padilla había allanado a D’Alessio. 

La situación cambió cuando llegó la administración de Alberto Fernández , que retiró todos los pliegos que había dejado su antecesor en la Cámara Alta.

En octubre pasado, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla amplió el procesamiento al fiscal federal porteño Carlos Stornelli,a  Marcelo D’Alessio y al periodista Daniel Santoro en la causa por espionaje ilegal y extorsión, y dispuso que se inicien los trámites para dar comienzo al juicio oral.

Ramos Padilla acusó a Stornelli como coautor de tentativa de extorsión cometida «en el marco de una asociación ilícita paraestatal dedicada al espionaje ilegal» en violación a la Ley de Inteligencia, le ordenó la entrega de su pasaporte y le fijó una caución real de diez millones de pesos, según el fallo de 1125 páginas.

«El accionar de esta organización puso en riesgo principios básicos e instituciones de orden constitucional de nuestro sistema democrático», concluyó Ramos Padilla.

El magistrado dio por cerrada la instrucción del caso en lo referido a D’Alessio, Stornelli, Santoro y otros ocho procesados, y dispuso que, una vez que se confirmen sus procesamientos en la instancia de apelaciones correspondiente, se inicien los trámites para enviarlos a juicio oral.

«El objeto de esta investigación excede la intervención de uno o dos fiscales, un periodista, un falso abogado o dos directivos y un ex agente de la AFI. En concreto, aquí se encuentra involucrada la actividad de una organización paraestatal con fuertes vínculos con los tres poderes del Estado e incidencia en las instituciones democráticas mediante mecanismos de espionaje ilegal y pseudo mafiosos», advirtió Ramos Padilla.


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