El gobierno de la seguridad y la necesidad de equipos formados



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MIGUEL EDUARDO NOVOA (*)

Mucho se habla desde hace algún tiempo del gobierno de la seguridad, pero ¿qué significa esto? Ni más ni menos que la conducción política real del área de Seguridad, es decir, la que lentamente se abre camino en la región latinoamericana y en el país al compás de considerar la seguridad como una verdadera política pública que debe ser diseñada, implementada y controlada desde las esferas de gobierno. Para ello no alcanzan reformas normativas; hacen falta, sobre todo, funcionarios civiles preparados en un tema tan complejo éste (lo que lleva tiempo). Por supuesto que, como cualquier política, requerirá de una adecuada producción y gestión del conocimiento en la materia; esto se logra con los hoy denominados “observatorios del delito y la violencia”, que pretenden una mayor transparencia y acceso a la información. Por arrastre histórico y tradición, las policías han permanecido solas en esta materia y el mentado desgobierno y la consecuente autonomía policial no son más que una consecuencia de considerar la seguridad como un tema exclusivamente policial. Por lo tanto, la institución policial estoicamente debió hacerse cargo de una temática que la supera ampliamente. También se discurre sobre controles externos de la función policial y leyes marco que incorporen a todos los actores en un “sistema de seguridad”, entre otras cuestiones que hacen a los tiempos actuales de democracia. En este sentido, la crítica debe generalizarse, pues sigue siendo una deuda pendiente de todos los gobiernos –bajo cualquier signo político– en Argentina y en Latinoamérica; recién empieza el camino de un largo y gradual proceso que no se logra solamente con la colocación de “civiles” al frente de las conducciones. Por lo tanto, reitero que urge formar equipos técnicos civiles preparados en la temática; afortunadamente, existen ofertas educativas que lo permiten. En ese camino nuestra Policía, en el 2005, creó el Instituto Superior en Seguridad Pública, de carácter terciario, reconocido por el Consejo Provincial de Educación y que, para evitar la discrecionalidad y asegurar la transparencia, dispone del mecanismo de concurso para conformar su plantel docente. Allí actualmente se capacitan los policías neuquinos y pueden continuar sus estudios en la Universidad Nacional de Río Negro, para alcanzar el título de licenciados en Seguridad Ciudadana, merced a un convenio suscripto recientemente. Esto dimensiona la importancia dada a la educación y además da cuenta de la apertura, si se tiene presente que en la vecina provincia se desarrolla un profundo proceso de reforma del sector seguridad donde la mencionada universidad tendrá un papel destacado. Respecto de la mencionada reforma rionegrina, comparto sus intenciones y mantengo mis objeciones sobre algunos aspectos de su implementación, en especial en lo referido a la figura del jefe de Policía civil. Por mi pertenencia, prefiero a un hombre de la propia fuerza al frente de la institución y sin dudas creo que, al menos en Neuquén, se cuenta con destacados policías que pueden enfrentar procesos nuevos. La historia neuquina ha dado muestras de proyectos novedosos que tuvieron variada suerte por diferentes causales. En definitiva, creo que la discusión no debe centrarse en el carácter civil o policial del titular de la fuerza, cuestión además zanjada por la normativa provincial, sino en el perfil adecuado para ocupar tan importante cargo: que no sólo conozca del tema sino que además se adapte a los tiempos actuales de la democracia. Para aventar suspicacias –y sin posturas genuflexas, porque lo he reconocido en cada ocasión en que he podido, a pesar de nuestras diferencias–, sostengo que tanto el jefe como el subjefe de Policía son los hombres con mayores virtudes para conducir la Policía en este momento. En especial al primero le agradezco que me permita convivir en la diferencia y con convicciones que no he cambiado, al haberme invitado a formar parte del plantel docente del sistema educativo policial desde el año pasado. El sistema educativo, si no pretende convertirse en aparato de propaganda, debe ser abierto, plural, tolerante, respetuoso de la disidencia; en definitiva, un espacio donde fluya masa crítica que busque la mejora continua en prácticas, formas de organización y estrategias de desarrollo, mirando nuestro presente y proyectándonos en el futuro. En esos ámbitos valen la crítica y la autocrítica y con ese fin se construyen los nuevos paradigmas o modelos que interpelan constantemente la realidad. También para desalentar suspicacias políticas, me permito aclarar que intervenir en espacios de discusión y análisis, como participante o disertante, no me coloca en la vereda de enfrente, no me constituye en enemigo ni en individuo peligroso; peligroso es pretender masificar el pensamiento, al menos en democracia. Puedo y tengo derecho a pensar distinto, por trayectoria, conocimiento e interés personal en ocuparme de estos temas que me apasionan y me tendrán presente en cada lugar donde se discuta seriamente y sin “politizar” un tema tan complejo como la seguridad. Es más sano escucharnos, disentir y construir consensos que desacreditar o evadir considerándose parte de una mayoría del pensamiento. Las sencillas palabras de nuestro sumo pontífice “El poder es servicio” ponen en su justa medida el fin último que encierra el primero de estos términos. Por último, aprovecho este medio para alentar entre quienes se interesen a escribir y repasar nuestro rico pasado, reconocido incluso en círculos extrapoliciales como una experiencia novedosa de procesos de reforma impulsados desde la propia agencia policial. (*) Abogado. Licenciado en Seguridad. Excomisario mayor de la Policía del Neuquén. Exsubsecretario de Seguridad Ciudadana del Neuquén


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