El intendente de Regina, a un paso de la indagatoria

El intendente de Regina, Daniel Fioretti, quedó a las puertas de una convocatoria a indagatoria por la contratación del escenario que se utilizó en la última Fiesta Provincial de la Vendimia.

Ayer se supo que el Juzgado 20 rechazó un recusación que el mandatario había realizado contra el fiscal Gastón Pierroni, quien había imputado al intendente a fines de octubre, por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La causa se originó a partir de la denuncia del fiscal municipal, Juan Carlos Giménez, y Fioretti presentó una recusación contra el fiscal al sostener que se basó en una “movida política” y recordando que Pierroni fue funcionario del exintendente Luis Albrieu.

Una recusación similar había presentado en el marco de la causa que se inició por el pase a planta de contratados municipales, la cual fue avalada por la Justicia, que apartó a Pierroni.

No obstante, en esta nueva causa el juez consideró que no correspondía el apartamiento del fiscal.

El origen de la investigación fue una denuncia pública que realizó el concejal del Frente para la Victoria, Maximiliano Garré, quien en marzo de este año, a pocos días de la finalización de la 37ª edición de la Fiesta Provincial de la Vendimia, señaló que hubo irregularidades en la contratación del escenario que se utilizó durante los tres días de festejos.

El concejal señaló que Fioretti había incumplido con normas municipales al realizar la contratación de manera directa, sin recurrir a una licitación pública. Destacó que por el monto que se destinó al alquiler del escenario y otros elementos necesarios para el desarrollo de los espectáculos, se destinó un partida de 834.000 pesos; mientras que el Ejecutivo sólo estaba autorizado para pagar 104.000 pesos en una contratación de manera directa.

Dictámenes

La denuncia pública del concejal derivó en el análisis del expediente de parte del Tribunal de Cuentas del Municipio, donde los tres integrantes del cuerpo
–por unanimidad– sostuvieron que hubo irregularidades en la contratación.

A su vez, el Concejo Deliberante conformó una comisión investigadora, que también concluyó en que hubo anomalías.

Todas esas actuaciones fueron elevadas al fiscal municipal, que formalizó la denuncia en la Justicia.

La denuncia no fue sólo dirigida contra el jefe comunal, sino que también se imputó por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público” a Cristian Aristán, quien se desempeñaba como secretario de Gobierno, y actualmente ocupa su banca en el Concejo Deliberante, y el secretario de Hacienda, Pablo Zaccaría, quien renunció a su cargo en mayo.

El núcleo de la causa