El Juez Labate adelantó que no se retrasará el juicio oral

ROCA/NEUQUEN.- Luego de que la Cámara Federal de Roca anulara las indagatorias a los seis ex jefes policiales rionegrinos, la investigación se trasladó al despacho del Juez Guillermo Labate, quien adelantó que no se generarán retrasos en otras actuaciones judiciales.

El magistrado opinó que la unificación de las investigaciones por delitos de lesa humanidad ocurridos en el Alto Valle durante la última dictadura militar no provocará retrasos importantes en la causa que está bajo su responsabilidad y que tiene a varios militares retirados cerca del juicio oral.

Por su parte, el Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro lamentó que el fallo conocido el martes “sirva para dilatar el procesamiento y juicio de los represores en la causa por las desapariciones y privaciones ilegítimas sucedidas en la época de la dictadura y que la Cámara Federal de Apelaciones  haya adherido a una decisión política claramente dilatoria”.

“No resulta comprensible la declaración de incompetencia ni las razones por las cuales se resuelve que las detenciones forzadas de personas que aún hoy permanecen como tales continuarán tramitándose en el Juzgado de Neuquén. Todo ello en contradicción, con los propios argumentos que esgrime la Cámara Federal de Apelaciones para determinar cuál es el Juzgado competente en los casos mencionados”, indicó un comunicado del Observatorio.  

Galera criticó los “procesamientos ideológicos”. El jefe policial retirado insistió en la ausencia de responsabilidad en el delito que le había imputado la jueza García, por un hecho ocurrido cuando él tenía menos de 20 años y contaba con una corta trayectoria en la comisaría de Cinco Saltos.

“Lo que declaré como imputado lo podría haber dicho como testigo y en un juicio ante los militares. Yo dí nombres y apellidos de los que ordenaban detenciones y si voy a juicio voy a señalar a ‘este’ y ‘este’… lo que pasa es que el juzgado no tuvo en cuenta nada de lo que dijimos”, sostuvo Galera.

“El procesamiento fue con corte ideológico. Germán Martín era querellante en la misma causa antes de ser designado secretario del juzgado. No fue nombrado por concurso, le quitó la posibilidad a otros abogados de la zona de ocupar ese cargo y los resultados están a la vista”, continuó.

Por último, Galera consideró que la permanente prédica del presidente, Néstor Kirchner, en favor del “juicio y castigo” genera un marco desfavorable para quienes esperan ser tratados con imparcialidad al momento de declarar en este tipo de causas. “Hay una política de Estado y hay jueces que evidentemente tienen el objetivo de encarcelar gente sin importar lo que tienen para aportar a la verdad”, concluyó.

 

Fuente: (AR).