El lado oscuro
Según la Constitución, «las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas …», etc., etc., pero como todos saben en realidad son nocivas y sucias, no hay seguridad alguna para los detenidos y es francamente grotesca la idea de que ser recluido en una no pueda considerarse un castigo. Pero aunque nunca ha quedado duda alguna en cuanto al estado físico lamentable de las cárceles, realidad que podría atribuirse a la falta crónica de recursos, no a la brutalidad de los encargados de manejarlas, ha motivado cierta sorpresa la denuncia por parte de un preso de que en la provincia de Buenos Aires distintos integrantes del Servicio Penitenciario local están acostumbrados a aprovechar la oportunidad para organizar pandillas, otorgando salidas a detenidos escogidos para que participen en robos o para que sean muertos en enfrentamientos callejeros con la policía, ayudando así a difundir la impresión de que las fuerzas de seguridad están ganando la lucha contra el delito. Aunque se trata de una consecuencia lógica de la sensación de inseguridad generalizada que se ha propagado, pocos realmente pensaban que se había formado una suerte de alianza entre guardiacárceles y presos que estuviera dirigida contra el resto de la comunidad.
Claro, abusos de este tipo no se limitan a la provincia de Buenos Aires. En todo el territorio nacional la relación de la Policía, el Servicio Penitenciario y los delincuentes ha ido adquiriendo características perversas que, a su modo, reflejan la gravísima crisis ética que está afectando al país a raíz de la ubicuidad de la corrupción y la falta de autoridad moral de tantos gobernantes, personajes cuya conducta contribuye a convencer a los demás de que sólo a los muy ingenuos se les ocurriría prestar atención a la ley. En un intento de frenar el deterioro, el gobierno acaba de reemplazar en la dirección del Servicio Penitenciario Federal al inspector general Alfredo Ayala por el oficial retirado de la fuerza, Juan Pedro Develluk, con la esperanza de que consiga restaurar el respeto por ciertas reglas básicas. Este cambio se vio impulsado no por la presunta voluntad de los guardiacárceles a permitir a presos determinados salir para robar sino por la denuncia formulada por el juez interviniente, Alberto Baños en la causa, sobre una supuesta conspiración por parte de algunos miembros del Servicio Penitenciario para matarlo y también a su secretaria. Huelga decir que la versión del juez es creíble, razón por la cual los 46 jueces penales de instrucción restantes se solidarizaron con él: no cabe duda de que guardiacárceles que ya lucraron con el crimen no vacilarían un solo instante en asesinar a un juez cuyas investigaciones podrían ponerlos entre rejas.
La tarea que les aguarda a Develluk y sus colaboradores no será nada fácil. Cuando la corrupción alcanza cierta intensidad, son tantos los involucrados que los resueltos a modificar el statu quo suelen encontrarse totalmente aislados. Lo mismo que las Fuerzas Armadas en los años que siguieron al colapso del Proceso, en distintas reparticiones policiales y, según parece, en el Servicio Penitenciario muchos se han cohesionado en torno de quienes son delincuentes, lo cual obliga a los reformadores a convencerlos de que no es «desleal» denunciar a un malhechor aunque se trate de un compañero. Develluk parece consciente de esta dificultad, de ahí su comentario de que el Servicio Penitenciario «no es una banda», pero por desgracia la presunta conspiración para asesinar al juez Baños hace pensar que la mentalidad mafiosa se ha difundido entre los efectivos. Otro problema que le ocasionará dificultades tiene que ver con el propósito evidente no sólo del gobernador bonaerense Carlos Ruckauf sino también del gobierno nacional de aumentar drásticamente la población carcelaria a fin, esperan, de reducir así la cantidad de robos y asesinatos que están produciéndose en la Capital Federal y el conurbano bonaerense, lo cual, claro está, agravaría todavía más la situación de las unidades existentes y brindaría más tentaciones a aquellos funcionarios que al parecer se sienten más próximos a los delincuentes que al resto de la sociedad.
