El noveno paro

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A diferencia de lo que sucedió al estallar la lucha entre el gobierno y el campo en torno a las retenciones móviles para la soja, cuando era muy fácil entender los motivos de los dos bandos en pugna, ya que estaba en juego mucho dinero, la decisión de la Comisión de Enlace rural de suspender por una semana la comercialización de granos sorprendió a muchos. En esta ocasión, no se trata de la resistencia del campo a permitir que el gobierno se apodere de buena parte de sus ganancias potenciales para mantener llena la tristemente célebre “caja” kirchnerista, sino de la voluntad oficial de privilegiar, a través de un sistema de cupos y restricciones, a un puñado de empresarios molineros y exportadores que, conforme a la Comisión de Enlace, se han habituado a conseguir una “ganancia obscena” a costa de los productores de cereales y oleaginosas. También incidió en la decisión de organizar lo que es el noveno paro rural contra la política agropecuaria kirchnerista la conducta del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Según el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, “no íbamos a un paro”, pero entonces “vino Moreno e hizo un chiquero”. Según Buzzi, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, lograba tranquilizar a los representantes del agro hasta que Moreno los desautorizó. Buzzi, un hombre de la izquierda, no es el único que se siente confundido por la voluntad patente de un gobierno supuestamente progresista de favorecer a los grupos concentrados hasta tal punto que, dijo, “hay cinco multinacionales que hicieron fenomenales negocios” en los años últimos y que convendría que la Justicia las investigara. Ubicado en el otro lado del espectro ideológico, el titular de la Sociedad Rural, Hugo Luis Biolcati, comparte su análisis; afirma que “por culpa de este gobierno, de los 40 exportadores que teníamos hace cinco años ahora tenemos 10, y a éstos les reparte el trigo”. Para los productores, no hay mucha diferencia entre verse obligados a aportar mucho dinero a “la caja” por un lado y, por el otro, a un oligopolio impulsado por un gobierno que, de tomarse en serio su retórica, estaría resuelto a impedir la consolidación de grandes pulpos corporativos. Se trata, pues, de una consecuencia del “capitalismo de los amigos” que es característico de un “modelo” que, según sus artífices, debería facilitar la distribución del ingreso pero que en verdad ha posibilitado el enriquecimiento de una minoría vinculada con el poder político y el empobrecimiento de los demás. Según el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el paro tendrá un impacto inmediato en los precios de los alimentos. Atribuye la actitud firme asumida por el gobierno del que es el vocero principal a su voluntad de defender el bolsillo popular, aseverando que “con el consumo de los argentinos no se juega”, pero los especialistas en el tema prevén que las consecuencias concretas de la medida de fuerza anunciada por la Comisión de Enlace serán escasas por motivos estacionales y por el estado actual del mercado de granos interno. Parecen concordar los ruralistas mismos, ya que aseguran que el consumo de pan y harina no se verá afectado. De ser así, el paro sólo servirá para advertirle al gobierno de que el sector rural del que depende tanto se siente alarmado por las distorsiones provocadas por una estrategia agropecuaria poco feliz que, al privarlo de una proporción importante de los beneficios producidos por el campo, perjudica al país entero. Otra razón por la reanudación de la militancia consiste en el repudio que motiva el intervencionismo arbitrario de Moreno, un personaje que, además de destruir el Indec, ha protagonizado enfrentamientos memorables con casi todos los sectores de la economía nacional. No sólo es cuestión de la afición del funcionario por la violencia verbal y gestual, sino también de su capacidad llamativa para sembrar incertidumbre al cambiar caprichosamente las reglas. Puesto que, para aprovechar mejor las oportunidades brindadas por una coyuntura internacional muy favorable, lo que necesita el país es la previsibilidad que le proporcionaría un grado mayor de seguridad jurídica, puede comprenderse la hostilidad indisimulada que sienten hacia Moreno todos los miembros de la Comisión de Enlace rural, además, claro está, de sus homólogos de la industria y de otros sectores.