El pacto de Marrakech
El 10 de diciembre, 150 países firmaron el Pacto Mundial de las Migraciones de Naciones Unidas, cuyo objetivo aparente es una “migración segura, ordenada y regular” de esa gente que en todo el globo busca desplazarse de sus sitios de origen a otros que les brinden mejores condiciones de vida por motivos económicos, políticos, religiosos, ambientales, climáticos. Un propósito muy loable con el que todos estamos de acuerdo, pero que genera profundas dudas cuando se empiezan a conocer detalles. Además, si bien el pacto “no es vinculante”, la verdad es que el hecho de firmarlo obliga a su cumplimiento. Por donde se lo mire, el pacto de Marrakech es un adefesio, una carga de profundidad que socava la soberanía de los estados al convertir la migración en un “derecho humano”, casi incontrovertible al entender cualquier cuestionamiento como una muestra del llamado “discurso del odio”, que pasará a ser punible. El pacto obliga a los países a impedir que los medios emitan cualquier crítica a los fenómenos migratorios, o dar informaciones que afecten su imagen, como en algunos países europeos, en los que se prohibe mencionar si el causante de un delito es inmigrante.
Joaquín Bertrán
DNI 5.433.822
Joaquín Bertrán
DNI 5.433.822
El 10 de diciembre, 150 países firmaron el Pacto Mundial de las Migraciones de Naciones Unidas, cuyo objetivo aparente es una “migración segura, ordenada y regular” de esa gente que en todo el globo busca desplazarse de sus sitios de origen a otros que les brinden mejores condiciones de vida por motivos económicos, políticos, religiosos, ambientales, climáticos. Un propósito muy loable con el que todos estamos de acuerdo, pero que genera profundas dudas cuando se empiezan a conocer detalles. Además, si bien el pacto “no es vinculante”, la verdad es que el hecho de firmarlo obliga a su cumplimiento. Por donde se lo mire, el pacto de Marrakech es un adefesio, una carga de profundidad que socava la soberanía de los estados al convertir la migración en un “derecho humano”, casi incontrovertible al entender cualquier cuestionamiento como una muestra del llamado “discurso del odio”, que pasará a ser punible. El pacto obliga a los países a impedir que los medios emitan cualquier crítica a los fenómenos migratorios, o dar informaciones que afecten su imagen, como en algunos países europeos, en los que se prohibe mencionar si el causante de un delito es inmigrante.
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