El PJ acusa a legisladores oficialistas de «encubrir» a Carosio
VIEDMA (AV).- «Este caso es sólo uno de los muchos hechos sospechosos en los que participó el Fiscal de Estado, Alberto Carosio, que según la Constitución tendría que velar por los intereses y el patrimonio de todos los rionegrinos». Eso señala el dictamen de minora firmado por los diputados justicialistas Silvia Horne y Martín Soria, como integrantes de la comisión de la sala acusadora de la Legislatura, en el marco del «truncado» intento de juicio político al funcionario provincial por los presuntos sobrepagos detectados en las liquidaciones del organismo a su cargo en favor de varios estudios jurídicos viedmenses que habían iniciado juicios contra la Provincia.
Este informe de minoría se contrapone al de mayoría -firmado por Daniel Sartor, María Inés García y Adriana Gutiérrez- quienes «el mismo día en que se presentara formalmente el pedido de juicio político, sin analizar ni valorar el cúmulo de pruebas presentadas se valieron de su mayoría automática para disponer el archivo de las actuaciones».
El dictamen de la minoría «aceptó la denuncia presentada, al encontrarse suficientemente comprobado los hechos que constituyen las causales para la formación del juicio político».
En su fundamentación los legisladores del PJ analizaron los hechos denunciados, los testimonios y las constancias probatorias recabadas en la causa penal tramitada por la Justicia, y en la cual «se solicitó la declaración indagatoria de Carosio -quien desde abril de 2007 se amparó en sus fueros evitando dar las explicaciones del caso-«. Destacaron que en esa causa judicial se lo investigó por la comisión del delito de fraude por administración fraudulenta valuado en varios millones de pesos en perjuicio del Estado rionegrino, recordando que en la actualidad en esa causa se encuentra procesada quien fuera la mano derecha del Fiscal de Estado, Sandra Bombardieri.
Además de considerar que está acreditada la responsabilidad de Carosio en los hechos investigados, los legisladores criticaron a sus pares oficialistas a quienes acusan de haber sellado la suerte del proceso de destitución «sin siquiera haber leído el expediente ni las pruebas presentadas», afirmando que esa conducta sólo «se limitó ha encubrir descaradamente a un funcionario corrupto, actitud a la que suelen recurrir aquellos que forman parte de una verdadera asociación ilícita».
