El retiro de un proyecto de deudores generó malestar

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La Asociación de Defensa de la Alimentación del Menor recurrirá a legisladores, concejales opositores e incluso al intendente Alberto Icare para rescatar el proyecto de creación del registro municipal de deudores alimentarios.

Los padres nucleados en ADAM no ocultaron su malestar frente a la decisión de Icare de retirar del tratamiento parlamentario la iniciativa de su autoría, que imponía restricciones en las tramitaciones municipales para los deudores de cuotas alimentarias.

El asesor legal de la Asociación, Marcelo Ponzone, adelantó a «Río Negro» la decisión de solicitar una audiencia al mandatario para que explique las razones de su decisión que, a su entender, «no fue suficientemente fundamentada» y para pedirle que revea la medida.

También intentarán impulsar un nuevo proyecto a través de los concejales de la oposición que dieron tratamiento favorable a la iniciativa durante los dos años que estuvo demorada en comisión.

Además no descartan recurrir a la justicia, luego de la feria estival, para reclamar la reglamentación de la ley 3475, mediante un mandamus, y lograr la puesta en marcha del registro provincial de deudores alimentarios y la aplicación de las restricciones e inhibiciones previstas en la norma.

Los integrantes de ADAM creen que la resistencia al proyecto de ordenanza y a la reglamentación de la ley provincial obedece a los intereses personales de funcionarios que son deudores alimentarios.

«Acá hay intereses particulares en juego, hay muchos incumplidores con poder de decisión y también funcionarios deudores que quieren evitar la aplicación de la ley», reiteró Ponzone.

El abogado consideró que los concejales y funcionarios que se oponen al proyecto de ordenanza no entienden el espíritu de la norma ni están dispuestos a generar las políticas de Estado necesarias para «proteger el bien jurídico superior en riesgo que es la cuota alimentaria de los niños».

Ponzone destacó que «este es un problema que repercute en toda la sociedad para el que no hay respuestas concretas, en Bariloche afecta a un 30 por ciento de la población, en su mayoría mujeres solas con muchos hijos que terminan recurriendo a l asistencia social, y los funcionarios no ven esto».

Si bien la Asociación no estaba conforme con las modificaciones introducidas al proyecto original y reclamaba la apertura de un registro similar al de provincia, el retiro de la iniciativa fue considerado un retroceso aún mayor.

La modificación propuesta por la comisión de Acción Social para favorecer la sanción de la iniciativa invertía los roles previstos en el proyecto original. Bajo la nueva redacción el municipio no coartaba la renovación de registros y habilitaciones tramitadas en sus dependencias por deudores alimentarios sino que informaba sobre los pedidos a la justicia de menores para que accione en consecuencia.

La reformulación se centraba en el artículo tercero que ordenaba «comunicar contemporánea y formalmente al juzgado competente toda extensión» de «habilitaciones, concesiones, licencias, subsidios, permisos, derechos y/o contratos» otorgados a personas «inscriptas en el registro».