El Senado da una señal para la gobernabilidad 28-5-03

El Senado le dará hoy su primera señal de colaboración al nuevo gobierno nacional con la sanción de dos proyectos respaldados por hombres de la nueva administración, uno que cambia el Impuesto a la Transferencia de Combustible (ITC) y otro el Código Procesal Penal ante situaciones de secuestros. Además, será la primera vez que el flamante vicepresidente, Daniel Scioli, presida una sesión en el Senado

El temario quedó definido ayer tras la reunión de labor parlamentaria en la cual se acordó sesionar con dos temas no conflictivos, que son los más importantes que quedaron sin sanción del anterior gobierno en la Cámara alta.

De este modo, el Senado estará dando una señal en favor de la gobernabilidad, un tema que obsesionó durante el período preelectoral y de transición a algunos de los principales referentes del oficialismo en la cámara, como el presidente provisional, José Luis Gioja, y el jefe del bloque PJ, Miguel Angel Pichetto.

Si el Senado sesiona hoy y aprueba los dos proyectos previstos con el aval de las bancadas mayoritarias, habrá iniciado con sentido positivo su relación con el nuevo gobierno, habida cuenta de que las dos iniciativas fueron fogoneadas por miembros del actual gobierno.

Mientras que el ITC fue un proyecto que impulsó el ministro de Economía, Roberto Lavagna, durante la administración de Eduardo Duhalde; las leyes antisecuestros tuvieron como uno de los principales promotores al ex fiscal Norberto Quantín, hoy secretario de Seguridad.

La modificación al Código Procesal Penal, que de aprobarse busca agilizar el modo de operación en casos de secuestros y otorga mayor poder en ese trámite a los fiscales, tiene dictamen favorable desde fines del año pasado pero nunca hubo consenso para su aprobación. Esta iniciativa fue pedida por el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, en un encuentro que mantuvo el lunes con Gioja y Pichetto. Beliz también concurrió ayer al Senado para reunirse con representantes de las distintas bancadas y respaldar en forma explícita el proyecto.

La parte central de las iniciativas antisecuestros están en la Cámara de Diputados, incluidas aquellas que endurecen las penas y que crean la figura del arrepentido. Lo que hoy se tratará permitirá a los jueces y fiscales «actuar en ajena jurisdicción territorial» cuando hay riesgo de vida para la persona secuestrada, y también podrán ordenar allanamientos.

Además, los fiscales pueden tomar declaraciones indagatoria cuando hay sospecha respecto del imputado y estar a cargo de todo el procedimiento judicial, aunque siempre informando al juez correspondiente y sujeto a la posibilidad de que después se declare la nulidad de lo actuado. El proyecto también agiliza los plazos procesales del sumario y de los preliminares al juicio. (DyN)

Cómo son los proyectos

La iniciativa del Código Procesal Penal surgió de la Comisión de Notables que el por entonces presidente Eduardo Duhalde confió a León Arslanian para analizar la problemática de los secuestros, y de la cual participó el ex fiscal Norberto Quantín, entre otros especialistas en la materia.

Según había informado un senador, entre los principales opositores al proyecto se encuentran la jueza magistrada María Servini de Cubría, quien ayer mantuvo reuniones con varios senadores, entre ellos el diputado Miguel Pichetto, Cristina Fernández de Kirchner y Jorge Yoma. Sin embargo en un breve diálogo con la prensa, Servini dijo que ella «no está en desacuerdo» y que se reunió con los senadores para «hacer algunas recomendaciones y agregados posibles».

El segundo tema que se tratará hoy es la modificación al ITC, que ayer consiguió dictamen de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que consiste básicamente en transformar el gravamen en un porcentaje variable en vez de una suma fija como es actualmente. La escala de alícuotas contiene cambios respecto de la media sanción de Diputados, razón por la cual deberá regresar a esa cámara. Los senadores además fijarán por ley que lo percibido por el fisco nunca podrá ser menor a lo que perciben actualmente con la suma fija. Es decir que el Estado Nacional y las provincias se beneficiarán si hay aumentos en los combustibles, pero no se verán perjudicados en el muy improbable caso de que haya disminuciones en los precios. Las alícuotas fijadas de la nafta sin plomo de menos de 92 octanos será del 70 por ciento, la de la nafta sin plomo de más de 92 octanos de 62 por ciento del precio en boca de pozo, la nafta virgen, el solvente y la gasolina el 64 por ciento, el gas oil, fuel oil y y kerosene 19 por ciento. (DyN)

Diputados allanan camino para la renegociación de las tarifas

Los diputados del justicialismo aceptarán votar un proyecto para restituir facultades al Poder Ejecutivo para que pueda renegociar las tarifas y los contratos de servicios públicos en forma simultánea, informaron ayer fuentes del oficialismo. El Gobierno no pudo reformular las tarifas dado que la ley de emergencia económica lo obliga a renegociar los contratos de concesión de servicios públicos previo a la discusión tarifaria.

En esta misma sintonía se había expresado después del 27 de abril (primera vuelta electoral) el actual presidente Néstor Kirchner, quien aseguró que previo a conceder aumentos tarifarios se debían revisar los contratos de concesión y las inversiones realizadas por las empresas.

Si bien aún el Gobierno no envió proyecto alguno en ese sentido, la conducción del justicialismo reveló que es partidario de otorgar esas atribuciones al Poder Ejecutivo para encarar la renegociación de las tarifas de los servicios públicos.

Fuentes inobjetables de la conducción del bloque de diputados del justicialismo aseguraron que «no habrá ningún problema» para votar a favor de un proyecto de ley para que se le restituyan las atribuciones al Ejecutivo para que encare esa tarea.

Otro tema que será abordado por el Gobierno y los legisladores del oficialismo es la situación de los deudores hipotecarios, pero la postura del jefe de Estado es evitar nuevas prórrogas y abocarse a buscar una solución de fondo.

Una alternativa sería tratar de conseguir para aquellos deudores indigentes que el Estado absorba esas deudas para evitar un remate o le otorgue un crédito a esa persona que pueda hacer frente a sus obligaciones. De todos modos, esta idea aún no avanzó en el gobierno y sólo son algunas líneas que se están empezando a analizar dentro de varias alternativas para buscar una solución de fondo para los deudores hipotecarios, en especial, para aquellos que no tienen capacidad de pago y tienen esa única vivienda para toda su familia.

En cambio, no se considerará los casos de aquellas personas que compraron una lujosa vivienda o sólo no pagan porque tienen vocación de no cumplir con los compromisos adquiridos, aclararon las fuentes del PJ. (Télam)