El superávit que dejaron los Juárez estaba depositado en un banco

El interventor federal Pablo Lanusse reveló ayer que se detectaron 490 millones de pesos que el anterior gobierno provincial había depositado en plazos fijos en el Banco Santiago del Estero S.A, una cifra que se asemeja a lo que la gestión de los Juárez aseguró que dejaba como superávit de recurso de la provincia.

Lanusse comparó el superávit financiero de la provincia descubierto con la situación por la que puede atravesar «un trabajador que gana 500 pesos, los deposita todos los meses en una caja de ahorro y al cabo de doce meses por decir que tiene 11 mil pesos y sus hijos desnutridos, algún padre le va a decir que es un animal».

«Las finanzas y el Estado de Santiago del Estero, lamentablemente, se manejaron muy parecido a esto», añadió Lanusse, en declaraciones a Cable Express.

El interventor dijo además que tras el hallazgo de los 490 millones de pesos distribuidos en plazos fijos «la Auditoría General de la Nación sigue evaluando lo que se recibió y audita nuestra gestión para dejar cuentas claras cuando concluya la intervención», precisó.

El gobierno de los Juárez había asegurado antes de su salida que dejaba a la provincia con un superávit de 500 millones de pesos, lo que fue interpretado por la intervención federal como un abandono a la población santiagueña ya que ese dinero debió ser destinado a paliar problemas sociales.

El jefe de Gabinete de la intervención, Pablo Fontdevila, afirmó días atrás que el superávit de 500 millones de pesos de la provincia «se logró con el hambre de la gente».

El funcionario de la intervención interpretó que «resulta espantoso que se hable de 500 millones de pesos de superávit y que paralelamente no esté vacunada la población de Santiago del Estero». En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero, Juan Bianchi, reiteró ayer el pedido de anulación del contrato hasta el 2025 que liga al gobierno provincial y el Banco Santiago del Estero «por una comisión mensual de 450 mil dólares más IVA».

La exigencia de la Cámara empresarial incluyó también la anulación de los códigos de descuentos porque «son alquilados por gremios y mutuales, que provocan que activos y pasivos cobren cero peso a fin de mes». «La intervención federal tiene que revisar los contratos de concesión de la luz y el agua potable, que se privatizó entre los años 1994 y 1995, en un reclamo que nunca fue tenido en cuenta por la Legislatura provincial», denunció.

En el petitorio de 14 puntos, la Cámara de Comercio e Industria solicitó a Lanusse una nueva licitación de los seguros obligatorios y optativos para los empleados estatales al calificar de «peligroso el monopolio de Hamburgo», una firma que pertenece al banquero y empresario periodístico Carlos Néstor Ick.

(Télam/DyN)