El tango no se baila solo

La Usina del Arte, en el barrio porteño de La Boca, es un moderno centro cultural que funciona en el reciclado interior de un antiguo edificio de estilo neorrenacentista construido a comienzos del siglo XX para albergar una central térmica de la desaparecida Compañía Ítalo Argentina de Electricidad. Por estos días es sede del Festival Mundial de Tango, pero el 12 de septiembre volverá a sus orígenes energéticos para ser escenario de la audiencia pública que la Corte Suprema de Justicia impuso al gobierno tras mantener frenado el aumento de las tarifas de gas natural para los usuarios residenciales de todo el país. Y no se descarta que vuelva a serlo para una próxima convocatoria por las tarifas de electricidad, no incluidas en el fallo unánime del máximo tribunal.

El pronunciamiento de la CSJ no sólo le puso un límite a la política oficial de precios y tarifas en materia energética. También dispara complejas derivaciones jurídicas, económicas y políticas. A tal punto que el gobierno de Mauricio Macri terminó por comprender que, al igual que en el tango, no puede bailar solo. De ahí que ahora haya esbozado la idea de impulsar un impreciso “pacto federal energético”, como salida política para agregar a la pista a gobernadores (principalmente de las provincias con alto ingreso de regalías), sindicatos y empresas de todas las cadenas del sector. Un objetivo similar al planteado por el grupo de exsecretarios de Energía –ahora integrados como consejo consultivo del ministro Juan José Aranguren–, sobre la necesidad de consensuar una política de Estado a largo plazo, con participación del Congreso. En cambio, el ministro de Energía, al acatar la convocatoria a audiencia pública (AP), reiteró la intención oficial de realizar en octubre las revisiones tarifarias integrales para gas y electricidad, a fin de establecer un sendero de precios y compromisos de inversión privada y pública hasta el 2019.

Con esta superposición de iniciativas, resulta prematuro aventurar de qué manera podrá avanzarse hacia una solución de la crisis energética heredada del kirchnerismo y blanqueada muy tardíamente por Aranguren días atrás en Diputados. Lo único claro es que no se encaminará con los planteos políticos del tipo “No al tarifazo” o “Tarifazo a cualquier costo”.

Mientras tanto, desde el punto de vista jurídico, el fallo de la Corte avala la figura de “acción colectiva” al considerar como grupo homogéneo a los usuarios residenciales de gas (26% de la demanda total), que al menos hasta octubre pagarán las mismas tarifas del 2015 y podrán descontar lo que hubieran abonado en exceso de las próximas facturas. Pero deja fuera de ese encuadre a los usuarios industriales, comerciales y estaciones de GNC (40% del consumo), cuyas facturas tendrán el tope de 500% con respecto a los mismos bimestres del año anterior y la posibilidad de pagar la deuda acumulada en cuatro cuotas mensuales. Aquí queda abierta la puerta a recursos de amparo, –individuales o por sector– y de hecho varias cámaras empresarias que nuclean a pymes se apresuraron a anunciar que recurrirán a la Justicia. Pero este escenario de judicialización de reclamos –algunos fundados y otros no tanto, si el impacto tarifario se trasladó a los precios– quedaría supeditado a los criterios de “razonabilidad y gradualidad” que, según la CSJ, el Poder Ejecutivo debería demostrar en la audiencia pública. Una cuestión controversial, porque el propio tribunal aceptó en su fallo que las tarifas están atrasadas sin precisar cuánto.

Sin embargo, lo más desconcertante para el gobierno fue que la Corte avanzara sobre los precios del gas en boca de pozo, dispusiera que los correspondientes al segmento residencial sean incluidos en la audiencia pública y que ésta (por su carácter no vinculante) no sea utilizada como “fachada”. El criterio es irreprochable, porque no se trata de precios de mercado sino que están regulados por el Estado desde el 2004. Pero no se aplicó en el 2014, cuando los exministros kirchneristas De Vido y Kicillof aumentaron los precios en boca de pozo sin convocar a audiencia pública invocando la ley de Emergencia Económica, lo cual tampoco fue objetado –como ahora– por la procuradora Gils Carbó. Si bien no sería factible que el gobierno derogue el decreto de hace doce años para volver a mecanismos de mercado, debido a la actual disparidad de precios (que incluyen los contratos del Plan Gas, subsidiados a 7,5 dólares por MBTU), la situación deja en una zona gris a los valores que se aplican a los segmentos industrial, comercial, GNC y de generación eléctrica (34% del consumo).

Desde el punto de vista económico, el impacto del fallo obligará al gobierno a cubrir con subsidios estatales los montos que las empresas distribuidoras y transportistas dejan de percibir por tarifas, que representan el 30% del total de las facturas. Algunas estimaciones oficiales ubican en $ 20.000 millones ese costo fiscal (unos 1.300 millones de dólares). Pero podría ampliarse si se incluye la asistencia a empresas eléctricas, donde la CSJ podría aplicar los mismos criterios que en gas. Y no está claro si habrán de cubrir inversiones, además de gastos operativos. Por lo pronto, varias empresas de transporte y distribución de gas alertaron sobre la paralización de la cadena de pagos (ya que al no facturar desde hace dos meses no pueden abonar el fluido a los productores) y también de los planes de inversión comprometidos con las nuevas tarifas. De ahí que cayeran las acciones de las compañías que cotizan en bolsa, al conocerse la nulidad judicial de las resoluciones del Ministerio de Energía y que sienta un precedente en contra de futuras inversiones externas en el sector.

Como contracara, la sentencia de la Corte fue rápidamente capitalizada por los políticos que ya están virtualmente lanzados para la campaña electoral para el 2017, principalmente en la provincia de Buenos Aires. Elisa Carrió y Sergio Massa apoyaron la decisión, mientras que Cristina Kirchner fue más allá y se fotografió con el titular del Cepis, la ONG militante que promovió las cautelares para frenar los aumentos. En definitiva, el aval de la Corte al freno parcial del “tarifazo” le significó a Macri el mayor revés político desde la sanción de la ley Antidespidos, que vetó sin mayores consecuencias tras negociar apoyos explícitos e implícitos de gobernadores y sindicalistas. Ahora intentará una estrategia similar, con menos margen y antes de que el próximo año electoral enrede aún más el panorama energético.

El pronunciamiento de la CSJ no sólo le puso un límite a la política oficial de precios y tarifas. También dispara complejas derivaciones jurídicas, económicas y políticas.

Desde el punto de vista económico, el fallo obligará al gobierno a cubrir con subsidios los montos que las distribuidoras y transportistas dejan de percibir por tarifas.

Apuntes para la semana