Una negociación millonaria atrasa el nuevo plan Gas

matías subat

federico aringoli

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La relación entre las operadoras y el ministerio de Energía, que conduce Juan José Aranguren, atraviesa una nueva temporada de tensiones. Nada que no haya ocurrido antes y que no pueda solucionarse. Sin embargo el nuevo contrapunto tiene una clave: la mirada fiscal de los subsidios a la producción gas.

El gobierno de Mauricio Macri heredó una política energética que buscaba recomponer el abastecimiento gasífero a través de precios subsidiados para la producción en boca de pozo. Esos planes, agrupados bajo la denominación de Plan Gas, tuvieron un efecto positivo en la curva productiva. Sin embargo el costo fiscal todavía pesa en las cuentas nacionales.

“Hay una deuda que surge de un compromiso (asumido durante el gobierno anterior) que se hizo sin saber cómo se iba cancelar. Nuestro proyecto busca asegurar el destino de los fondos públicos”, señaló una fuente oficial.

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Los viejos programas de incentivo finalizaron el 31 de diciembre del año pasado. Desde el 1 de enero de 2018 rigen los nuevos planes, Resolución 46 y su modificatoria 419, pero hasta ahora sólo cuatro áreas tienen la aprobación final del ministerio de Energía: Fortín de Piedra (Tecpetrol), Aguada Pichana Este (PAE, Total, Wintershall e YPF), Rincón de la Cenizas (Total) y Campo Indio-El Cerrito (CGC, en la Cuenca Austral).

Para las operadoras este plazo, de casi tres meses, implica una demora injustificada que paraliza las inversiones. El nuevo Plan Gas otorga a los nuevos proyectos de inversión no convencionales de gas, en las cuencas Neuquina y Austral, un sendero de precios entre 2018 y 2021 que pasa de 7,5 dólares por millón de BTU a 6 dólares. Como comparativo puede tomarse la cotización para abril en Estados Unidos que es 2,78 dólares por millón de BTU.

Incluso desde el gobierno provincial neuquino también esperan por el avance en las aprobaciones. El programa tiene un doble check que se inicia por la administración provincial y luego se gira a Nación. Una fuente al tanto de la operatoria confirmó que más allá del doble conforme, cuando el gobierno provincial le otorga el “ok” a un proyecto es porque tiene el visto bueno en las condiciones técnicas de la cartera de Aranguren.

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Semanas atrás el ministro de Energía neuquino, Alejandro Monteiro, confirmó que la provincia aprobó 11 proyectos de inversión que solicitaron su inscripción en el programa de subsidios. Además anticipó que podrían ingresar nuevas solicitudes. Según pudo averiguar este medio YPF sumará dos nuevos pilotos al listado, donde ya ingresó seis propuestas.

Desde el ministerio de Energía de Nación aseguraron a “Río Negro Energía” que recibieron 17 solicitudes para proyectos shale y tight, la mayoría de ellos con asiento en Vaca Muerta, y que en total representan 7.000 millones de dólares de propuestas de inversión que llegan hasta 2021.

Minimizaron los cuestionamientos por presuntas demoras y plantearon que para “otorgar los subsidios que pagan todos los argentinos, para incentivar la producción de gas, es necesario asegurarnos que se cumplan las condiciones del programa”.

Además agregaron que, a las cuatro propuestas aprobadas, se sumarán antes que termine el mes La Ribera I y II, Estación Fernández Oro y El Orejano (todas de YPF) y Centenario Centro (Pluspetrol).

Una negociación silenciosa

El ministro Aranguren reconoció en diciembre del año pasado que la deuda por subsidios de los viejos planes de gas con las petroleras era de 26.200 millones de pesos. Fuentes del sector aseguraron que durante todo el 2017 el gobierno nacional no liberó un solo peso. Incluso los directivos de YPF reconocieron ante inversionistas que el pasivo de Nación con la compañía era de 780 millones de dólares en este concepto.

El funcionario ex-Shell aseguró en aquella oportunidad a los gerentes de las operadoras que las deudas se iban a cancelar. Sin embargo ese cumplimiento colisiona con la reducción del gasto fiscal que tiene como meta el ala económica del gabinete de Macri.

Con esa presión puertas adentro, el ministro inició negociaciones con las petroleras para rediscutir el monto adeudado. Según pudo averiguar este medio las discusiones tienen dos puntos: la cancelación en cuotas y la moneda de pago.

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Fuentes del sector aseguraron que inicialmente se discutió un tercer punto que buscaba introducir una quita al pasivo acumulado. Esto fue descartado. Sin embargo si prospera la propuesta de Nación de pesificar el monto del pasivo, la rebaja podría operar de hecho.

No fue menor que en diciembre, durante el Almuerzo del Día del Petróleo, Aranguren revelara la cifra de la deuda en pesos argentinos. La industria petrolera está dolarizada de extremo a extremo e incluso la cotización de la divisa sufrió una fuerte variación desde la fecha en la que se contrajo el pasivo y la actualidad.

El otro de los puntos, la implementación de un plan de financiamiento en cuotas, podría tener un destino positivo siempre y cuando el plazo final no se extienda más allá de las elecciones generales del año próximo. Las provincias también están interesadas en esa cancelación ya que, si bien los subsidios no se asentaban contablemente como precio, con cada compensación terminaban negociando un reconocimiento como una suerte de regalías no presupuestadas.

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El movimiento del dólar pone a esta negociación en primer plano. La discusión opera como un elemento de debate a la hora de definir la inclusión de proyectos en el nuevo Plan Gas ya que el monto estimado por Nación para cubrir los subsidios gasíferos este año se está erosionando con la devaluación.

El programa en vigencia desde el 1 de enero garantiza subsidios en dólares y el monto disponible para 2017 está fijado en pesos: 26.000 millones. Cada movimiento del dólar acota el volumen de gas a incluir. Esta es una cuenta que sigue de cerca el control fiscal operado por un sector del gabinete nacional, que persigue las metas de estabilidad de las cuentas públicas.

Las 17 solicitudes que recibió el ministro Aranguren suman
u$s 7.000 millones. Las operadoras denuncian demoras. Hay especulaciones por el movimiento del dólar.

Las provincias también esperan que se resuelva la deuda atrasada y que se aprueben los nuevos proyectos porque esto se traduce en trabajo e ingresos locales.

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