Opinión (incómoda): Las represas son nacionales
Las construyó Hidronor, una empresa del Estado nacional. Las provincias deben ser escuchadas para que no sigan siendo convidados de piedra.
La central de Piedra del Águila es operada por al empresa Central Puerto. (FOTO: Archivo: Florencia Salto)
Esta opinión es ingrata para el MPN, para el gobernador electo y para muchos de los que por estos días levantan la voz porque el gobierno central amagó con darle a una empresa estatal nacional, Enarsa, la operación de las represas que regulan los caudales de los ríos Limay y Neuquén, y generan electricidad en abundancia para sitios muy lejanos. El Chocón, Cerros Colorados, Piedra del Águila, Alicurá, Arroyito y, en parte, Pichi Picún Leufú fueron construidas por el Estado nacional y a él le pertenecen.
Es lógico que, a esta altura de la controversia contractual y proselitista, las provincias reclamen una parte de lo que creen que les corresponde. De todos modos, ni Rolando Figueroa ni Alberto Weretilneck deben sumar votos para definir quién gobernará sus provincias a partir del 10 de diciembre. Serán ellos.
La captación de una renta mayor sí se entiende, especialmente porque hace años que lo que les reconocen como dueños del recurso es una bicoca al lado de lo que les pagan ahora a los privados que manejan las concesiones de las hidroeléctricas. Eso, además, está judicializado porque toman sólo dos de los cuatro componentes de la tarifa que les pagan a las hidroeléctricas para calcular las regalías y los aportes para dos organismos clave: la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas.
Las leyes y los contratos de concesión con los que el entonces presidente Carlos Menem, el entonces ministro Domingo Cavallo y el entonces secretario de Energía Carlos Bastos privatizaron la Hidronor desguazada dicen eso, que al finalizar las concesiones, las presas regresan a la órbita nacional. No hay nada escrito que hable de las provincias.
Hidronor fue una empresa creada por el gobierno nacional en tiempos de la dictadura de Juan Carlos Onganía. El general había derrocado a Arturo Illia y, en tiempos en los que la democracia no era un valor como ahora, pensaba en perpetuarse; hasta convenció a Felipe Sapag, que había sido entre 1963 y 1966 gobernador elegido por el pueblo, de incorporarse a su proyecto como interventor de Neuquén. «Me convenció de que íbamos a irrigar miles de hectáreas desde El Chocón», se justificó ante RÍO NEGRO en 1999, poco antes de terminar su último mandato.
El modelo de Hidronor funcionó. Arrancó con El Chocón, siguió con Cerros Colorados, Arroyito y Alicurá. A finales de los 90 encaró una obra magnífica, una mole de hormigón, con la fuerza de la gravedad, la única de cemento en la zona. Nuestro país demostró más de una vez que se puede pensar en grande
Pero cuando Hidronor hacía el compensador de Piedra del Águila, Pichi Picún Leufú (dicen que por los compromisos del presidente Raúl Alfonsín con Odebrecht), el país zozobró, el gobierno cayó y el menemismo no quiso terminarla; tarea que la encaró Pérez Companc, años más tarde, cuando se la dieron en concesión.
Como se ve, hasta entonces las provincias de Neuquén y Río Negro no pusieron un peso ni un dólar. Es más: mientras Roca y Cipolletti peleaban por el origen de la ruta que iría hasta El Chocón, Neuquén las durmió y logró lo que hoy es el corredor de la Ruta Nacional 237. Hay que leer «Éramos tan libres», la recopilación hecha libro de las notas que Tuti Gadano escribía en RÍO NEGRO como Ana Tole, para apreciar el clima de época.
Neuquén y Río Negro no invirtieron en esas obras. En 1994 la reforma constitucional del Pacto de Olivos les dio a las provincias el dominio de los recursos naturales. Y el agua de los ríos de la que las hidroeléctricas obtienen el combustible que mueve sus centrales pasaron a ser propiedad de Neuquén y Río Negro.
Merecen una rediscusión las provincias, no este menoscabo de cortarse solo que ensayó la secretaria de Energía, Flavia Royón. Merecen apropiarse de una renta mayor; después de todo son las dueñas del recurso. Pero de ninguna manera les corresponde, más allá de las buenas intenciones de cualquier gobierno, participación en la operación de las centrales.
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