Reforma a la ley de biocombustibles: CEPREB cuestionó el proyecto que se discute en el Senado
La entidad advirtió que la iniciativa podría reducir la participación de las elaboradoras regionales de biodiésel en el mercado interno y propuso elevar el corte obligatorio al 15%, con un esquema diferenciado para empresas integradas y pymes.
En el Senado continúa el análisis de los proyectos que proponen modificar el régimen vigente de biocombustibles. Foto gentileza.
El Senado avanza en el análisis de un proyecto de reforma de la Ley 27.640 de Biocombustibles impulsado por legisladores de distintos espacios políticos, entre ellos Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social-Independencia), José Carambia y Natalio Gadano (Movere Santa Cruz), Alejandra Vigo y Carlos Espínola (Provincias Unidas), Flavia Royón (Primero los Salteños) y Patricia Bullrich (La Libertad Avanza). En ese contexto, Federico Martelli, director ejecutivo de CEPREB, presentó ante las comisiones sus observaciones sobre la iniciativa y propuso modificaciones para el sector.
Durante una reunión informativa de comisiones, Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), sostuvo que el proyecto incorpora modificaciones que podrían alterar la actual estructura de producción destinada al mercado interno. Según explicó, la propuesta «eleva el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10%, aunque también contempla mecanismos de coprocesamiento por parte de las petroleras».
De acuerdo con la interpretación planteada por CEPREB, la incorporación de hasta un 3% de coprocesamiento dentro del corte obligatorio «reduciría la participación efectiva de las elaboradoras de biodiésel tradicionales». Martelli señaló que esta situación «impactaría especialmente en las empresas regionales que actualmente abastecen una parte importante del mercado interno».
El representante empresario afirmó que las compañías agrupadas en la entidad se encuentran radicadas en provincias como Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, y que gran parte de ellas fueron instaladas con el objetivo de promover el desarrollo productivo fuera de los grandes centros industriales. En ese sentido, destacó «la importancia de contemplar el federalismo productivo y las economías regionales en el diseño de las políticas públicas vinculadas a los biocombustibles».
Entre los principales cuestionamientos, Martelli sostuvo que las empresas regionales enfrentan diferencias estructurales respecto de las grandes compañías integradas. Según explicó, «las pymes cuentan con capacidades de producción significativamente menores» y, además, «dependen de proveedores que también participan del mismo mercado». A su criterio, estas condiciones dificultan una competencia en igualdad de condiciones.
Otro de los aspectos abordados durante la exposición estuvo relacionado con la capacidad instalada del sector. Desde CEPREB señalaron que «la Argentina ya dispone de infraestructura suficiente para incrementar la producción de biodiésel y consideraron que el proyecto no generaría necesariamente nuevas inversiones», sino una redistribución de la producción existente entre distintos actores de la cadena.
La discusión también incluyó planteos vinculados a la previsibilidad regulatoria. Martelli recordó que la actual Ley 27.640 tiene vigencia hasta 2030 y sostuvo que numerosas empresas realizaron inversiones, ampliaciones de capacidad y tomaron financiamiento bajo ese marco normativo.
Por ese motivo, planteó la necesidad de analizar el impacto que podría tener una modificación anticipada de las reglas vigentes.
Los objetivos de la reforma
En relación con los objetivos de la reforma, el dirigente cuestionó que el debate se concentre exclusivamente en cuestiones de costos y precios. En su exposición, señaló que también deberían considerarse variables vinculadas al empleo, el arraigo productivo, el desarrollo regional y la distribución territorial de la actividad industrial.
Como alternativa, CEPREB propuso elevar el corte obligatorio de biodiésel al 15% y establecer una segmentación del mercado entre empresas integradas y compañías regionales. Asimismo, planteó que el coprocesamiento pueda realizarse por encima de ese porcentaje y no dentro del cupo obligatorio.
Para fundamentar esa propuesta, Martelli mencionó el esquema previsto para el bioetanol dentro del mismo proyecto, que contempla participaciones diferenciadas para la producción proveniente de caña de azúcar y de maíz. A su entender, ese antecedente demuestra que es posible diseñar mecanismos que contemplen las particularidades de distintos sectores productivos.
Mientras el proyecto continúa en análisis, el debate pone sobre la mesa distintas visiones acerca del futuro de los biocombustibles en la Argentina. La discusión involucra aspectos vinculados a la competitividad, las inversiones, el abastecimiento energético y el papel de las economías regionales dentro de una actividad estratégica para el país.
El Senado avanza en el análisis de un proyecto de reforma de la Ley 27.640 de Biocombustibles impulsado por legisladores de distintos espacios políticos, entre ellos Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social-Independencia), José Carambia y Natalio Gadano (Movere Santa Cruz), Alejandra Vigo y Carlos Espínola (Provincias Unidas), Flavia Royón (Primero los Salteños) y Patricia Bullrich (La Libertad Avanza). En ese contexto, Federico Martelli, director ejecutivo de CEPREB, presentó ante las comisiones sus observaciones sobre la iniciativa y propuso modificaciones para el sector.
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