Vaca Muerta: un fallo de Entre Ríos paraliza canteras de arenas y podría encarecer los pozos
La medida judidicial comprende a 9 canteras de Ibicuy y Gualeguaychú que no tenían los correspondientes certificados ambientales. Por ahora no se registran problemas en el abastecimiento del insumo clave para la fractura.
Un fallo judicial paralizó la actividad de 9 canteras de arenas de fractura para Vaca Muerta.
Un fallo del juez federal Hernán Viri, de Gualeguaychú, dispuso el «cierre preventivo» por 45 días de un grupo de canteras y plantas de lavado de arenas silíceas destinadas a la actividad extractiva de Vaca Muerta y, si bien la medida no implica de inmediato la paralización total del flujo de arenas entrerrianas, podría generar serios inconvenientes a futuro e impactar de lleno en el costo de los pozos que se perforan en la formación no convencional.
La medida judicial se dio a raíz de la denuncia impulsada por el titular de tierras ubicadas en la zona de extracción, Carlos Cadoppi, quien viene reclamando desde hace tiempo no solo contra esta actividad minera, sino también por el impacto que el uso de agua para el proceso de lavado del mineral estaría generando en la zona.
Si bien el denunciante, a través de su abogado Ricardo Luciano, solicitaron la clausura de las canteras por seis meses, el magistrado hizo lugar el viernes pasado a una paralización por 45 días para un grupo de, por ahora, 9 canteras y 4 plantas de lavado ubicadas en los departamentos de Islas del Ibicuy y Gualeguaychú.
De acuerdo a la información recolectada por este medio, otra cinco canteras, entre ellas las pertenecientes a YPF y NRG Argentina, no fueron abarcadas por la medida por lo que siguen adelante con sus actividades.
Esto se debe a que el magistrado suspedió la actividad en los predios que no contaban con los certificados de aptitud ambiental que otorga el gobierno provincial. De hecho, al menos tres de las 9 canteras suspendidas tenían esos certificados en trámite, pero aún así se ordenó su paralización.
Fuentes del sector consultadas por Energía On, detallaron que de inmediato no se espera que la orden judicial genere un impacto notable en el desarrollo de los yacimientos de Vaca Muerta, dado que por un lado no todas las canteras fueron paralizadas, y por el otro, existe un importante acopio de arena en las inmediaciones de Añelo que permitiría seguir operando.
Sin embargo, desde la industria se advirtió que existe temor a que la situación en Entre Ríos pueda escalar y derivar en protestas o bloqueos a las canteras que no fueron paralizadas de parte de los trabajadores perjudicados, en cuyo caso sí se generaría un impacto mayor en la actividad, ya que las arenas de Entre Ríos conforman la mayor parte de ese insumo que se utiliza en la fractura de los pozos.
La arena de fractura para Vaca Muerta tuvo un reciente incremento en su precio, que hoy roza los 130 dólares por tonelada. Es que si bien en el último año se sumó un nuevo flujo para el producto, desde canteras rionegrinas, el grueso del agente sostén proviene de Entre Ríos y, en menor medida de Chubut, por lo que el incremento del costo de traslado se hizo sentir.
Es por esto que de generarse un bloqueo total que reduzca considerablemente el flujo de arenas a Vaca Muerta, el insumo podría dispararse en su cotización y afectar el costo final de cada nuevo pozo, ya que se estima que representa cerca del 15% del valor total de cada perforación.
Los cambios de un nuevo negocio millonario
Las fuentes consultadas por este medio señalaron que existen ciertas similitudes entre lo que está ocurriendo en estos días en Entre Ríos, con lo que sucedió algunos años atrás en Chubut, cuando la provincia del sur era la principal proveedora de las arenas.
«El paso de lo que fueron viejas canteras al mercado de las arenas que no solo mueve grandes montos de dinero sino en especial enormes volúmenes, genera cambios en el impacto de esas canteras, el tratamiento y el traslado de las arenas que en muchos casos no son lo suficientemente anticipados por las regulaciones ambientales», indicaron.
Precisamente, el Entre Ríos, algunas de las empresas que tienen sus certificados ambientales en trámite y que fueron abarcadas por la orden de cierre preventivo, denunciaron demoras excesivas en dichas tramitaciones, que contemplan una serie de autorizaciones cruzadas entre el gobierno provincial y los municipios, además de la realización de audiencias públicas.
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