Enriquecimiento consentido

En algunos países, hasta la más leve sospecha de que un político haya aprovechado su poder para conseguir dinero será suficiente como para obligarlo a dedicarse a otro oficio. En la Argentina, el que a partir de mayo del 2003 el patrimonio declarado de los Kirchner se haya multiplicado más de ocho veces no les ha supuesto demasiados problemas. Por algunos días, el aumento más reciente registrado motiva comentarios escépticos en torno a la habilidad financiera de la pareja gobernante, pero el tema, tapado por asuntos al parecer más urgentes, pronto cae en el olvido. ¿Es que la mayoría supone que el crecimiento continuo del patrimonio presidencial se debe exclusivamente a inversiones legítimas? Por supuesto que no. Al contrario, es de dominio público que, entre otras cosas, en el 2006 Néstor Kirchner compró terrenos fiscales a un precio vil para venderlos meses después, maniobra que le permitió transformar 50.000 dólares en 2,4 millones. Puede que en teoría sea concebible que hayan sido legítimos, o por lo menos legales, dicho negocio y otros similares, pero con la eventual excepción del juez Norberto Oyarbide, pocos estarían dispuestos a darles a los Kirchner el beneficio de la duda. Dijo en una oportunidad el empresario Alfredo Yabrán –el que fue calificado de “jefe de la mafia” por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo– que lo más importante del poder político es que asegura impunidad. Lo hace merced no sólo a la influencia de los políticos sobre la Justicia sino también a la conciencia generalizada de que insistir en investigar ciertas anomalías aparentes provocaría una crisis institucional peligrosa. Puesto que en una sociedad tan corrupta como la nuestra un esfuerzo auténtico por aplicar la ley con el rigor debido tendría consecuencias graves, la mayoría prefiere dejar las cosas como están. Aunque abundan los motivos para sospechar que el crecimiento inverosímil del patrimonio declarado de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no puede atribuirse sólo a la propensión del dinero a generar más dinero, parece más fácil, y menos riesgoso, esperar hasta que el país pueda soportar con ecuanimidad el impacto de los eventuales resultados de una investigación exhaustiva de lo sucedido. Con todo, parecería que ya se ha agotado la paciencia de algunos diputados de la Coalición Cívica que acaban de pedirle a la Justicia comprobar si es cierto que “el 91% de los negocios de los Kirchner lo explican en sus relaciones con sólo tres empresarios: Juan Carlos Relats, Lázaro Báez y el grupo Eskenazi del Banco Santa Cruz” y si “acá hay lavado de dinero”, un delito que acarrea de dos a diez años de cárcel y una multa de dos a diez veces el monto de la operación. Es posible que en esta ocasión el intento de los diputados de obligar a los Kirchner a rendir cuentas ante la Justicia comparta el destino de otros anteriores, pero tarde o temprano tendrán que hacerlo. Si la pareja confiara en que, no obstante las apariencias, manejó sus finanzas personales de manera impecablemente legal, sería la primera en reclamar un arqueo independiente que a su juicio le serviría para librarse de las sospechas que tanto han contribuido a desprestigiarla no sólo en el país sino también en el exterior, pero la verdad es que nunca ha manifestado mucho interés en el tema. Parecería que para ellos se trata de otra “telenovela”, una equiparable con la basada en su propia relación y la de integrantes de su círculo áulico con miembros del entorno de su amigo venezolano Hugo Chávez, pero desde el punto de vista ajeno, el aumento explosivo de su patrimonio, además de su voluntad de permitir la difusión de presuntos detalles sobre su evolución a sabiendas de que muchos los tomarán por evidencia de corrupción, hace plausible la hipótesis de los diputados de Coalición Cívica, según la que están lavando dinero mal habido. Por cierto, les convendría a los Kirchner que, cuando por fin se vieren privados del poder político al que se han habituado, pudieran afirmar que la Justicia, luego de investigar en diversas ocasiones su abultado patrimonio personal con el propósito de decidir si eran culpables de enriquecimiento ilícito, los sobreseyó una y otra vez, de suerte que sería inútil acusarlos nuevamente de haber violado la ley.