Errores y aciertos en seis meses de cuarentena

En el primer semestre de pandemia, el gobierno dio en la tecla con la asistencia a distintos sectores, pero equivocó principalmente el camino político.

Redacción

Por Redacción

Convivencia. La paz política se rompió con la quita de coparticipación a la Ciudad, a fin de asistir a la Provincia.

Medio año. Un semestre entero. Es el tiempo transcurrido desde aquel 20 de marzo en que Alberto Fernández anunciara la primer cuarentena como prevención frente a la irrupción de la pandemia. Al momento de hacerlo, la gestión de gobierno tenía apenas 3 meses. Al día de hoy, el primer mandatario ha transitado dos terceras partes de su tiempo en el poder, conviviendo con el virus.


Vale por lo tanto hacer un repaso de las medidas de política económica implementadas desde el inicio de la pandemia, señalando aquellas que pueden catalogarse como un acierto, y aquellas que representan un error o desacierto en términos económicos y/o políticos.


LOS ACIERTOS


1) Exitosa reestructuración


Pocos daban crédito a la misión emprendida por el Ministro Martín Guzman en el mes de marzo, en busca de re negociar los vencimientos de deuda que ahogaban el horizonte financiero hasta el final de la gestión Fernández. El estilo parco y cansino del catedrático elegido para ocupar el Palacio de Hacienda generaba críticas al por mayor, y los especialistas anunciaban un final poco feliz. Tal vez por ello, es que el éxito obtenido por Guzmán genera un enorme contraste frenta a sus detractores. Argentina logró un nivel de aceptación del 99%, inédito en la historia global reciente de las reestructuraciones de deuda, aplazó los vencimientos hasta 2040, con una tasa promedio que pasó del 7% al 3,4%, y un ahorro fiscal de u$s 37.000 millones en los próximos ocho años. Si a la renegociación con los bonistas bajo ley extranjera se agrega el canje con los bonistas bajo ley argentina, el ahorro fiscal alcanzado llega a los u$s 54.000 millones.
Se trata sin dudas del mayor acierto en los nueve meses que lleva la actual administración en el poder.


2) Asistencia focalizada


La decisión de restringir la circulación y el trabajo de miles de empresas y millones de personas a raíz de la pandemia, generó la necesidad de acompañar con recursos a los sectores más golpeados.

Desde el inicio de la cuarentena, la estrategia elegida por el gobierno fue la asistencia financiera focalizada, con tres vectores claramente definidos.

El primero destinado a los sectores más vulnerables, desempleados o trabajadores informales, mediante el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El programa en sus cuatro rondas de pago alcanzó a 8,9 millones de personas de las cuales 6,5 millones tuvieron al IFE como único ingreso en los últimos seis meses. El costo fiscal de la medida alcanzó los $356.000 millones.


El segundo dirigido a las empresas mediante el pago del 50% de los salarios durante la cuarentena a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). En sus cuatro etapas, el programa asistió a 327.000 empresas que representan el 60% del total de empresas que da empleo en el país, y alcanzó a 3 millones de trabajadores, de los cuales el 70% trabaja en una pyme con menos de 200 empleados. El costo fiscal del programa fue de otros $149.000 millones.

Desde el inicio de la cuarentena, la estrategia elegida por el gobierno fue la asistencia financiera focalizada. Acierto del gobierno.


El tercero apuntó a los monotributistas, quienes accedieron a un crédito a tasa cero, de hasta $150.000, acreditable en su tarjeta de crédito para consumo, a devolver en 12 meses con tres meses de gracia.
La medida puede catalogarse como positiva en tanto se trata de la contención en un momento de emergencia, con fin específico, focalizada en sectores puntuales, y con un plazo acotado.


Este último es tal vez el ítem más sensible, especialmente en relación al IFE, el cual se cree podría mutar en una asignación universal, transformando un gasto ocasional en un costo fiscal permanente.


3) Crédito hipotecario


La crisis habitacional que atraviesan miles de familias argentinas, sigue siendo crítica. Tras el rotundo fracaso de los créditos UVA lanzados en la gestión Macri, se imponía la necesidad de renovar la posibilidad del acceso al crédito hipotecario.

El aire financiero alcanzado con la re estructuración de la deuda, habilitó el relanzamiento del renovado Plan ProCreAr, esta vez con cuotas que serán actualizadas en base a al promedio de la remuneración de los trabajadores registrados.


En la primer convocatoria para los microcréditos destinados a refacción, hubo más de 160.000 inscriptos, de los cuales 40.000 fueron adjudicatarios en el primer sorteo a fines de agosto.
La convocatoria para las líneas construcción y ampliación, se encuentran abiertas actualmente.


5) Fomento al consumo


El plan Ahora 12 fue lanzado hace seis años durante el último gobierno de Cristina Kirchner y es uno de las pocas políticas de estado que sobrevivió desde ese entonces, aun durante toda la gestión Macri.
Este último es un dato no menor. Resulta que el plan que permite financiar consumo en 12 cuotas sin interés, es el motor de la facturación en innumerables sectores de la economía nacional. Con buen tino y a fin de fomentar la reactivación del consumo en la pos pandemia, el gobierno decidió ampliar el programa habilitando compras en 3, 6, 12 y 18 cuotas sin interés, con una novedad, los tres meses de gracia antes de abonar la primera cuota.

ERRORES


1) Decisión extemporánea


El gobierno decidió a mediados de junio anunciar la expropiación de Vicentín, generando el primer quiebre político desde la asunción del nuevo gobierno.

Motivos sobraban. La fraudulenta connivencia de la empresa con la administración macrista del Banco Nación, significó que la banca pública otorgue a una sola compañía la mitad de su masa “prestable” por $18.000 millones. El último desembolso, tuvo lugar días antes de que la empresa entrara en concurso de acreedores. La intervención del estado para resguardar el interés de los argentinos sobre el patrimonio del banco, estaba absolutamente justificado. De hecho, tras el bullicio político la empresa fue restituída a su directorio, el cual comenzó a liquidar el patrimonio sin dar explicación alguna, lo que permite anticipar que la deuda con Banco Nación y cientos de pequeños productores, se convertirá en incobrable.

No obstante, la forma y el momento elegidos para el anuncio, fueron equivocados. Pudo haberse elegido un mecanismo institucional dentro del concurso en marcha a fin de salvaguardar el patrimonio de la empresa, sin incurrir en un anuncio de expropiación, con todas las implicancias que ello tiene en relación al funcionamiento de una economía de mercado y del resguardo de la propiedad privada.


2) Verde obsesión


El vigente cepo cambiario, que habilita la compra de u$s 200 mensuales, es uno de los tristes legados del desbarajuste económico acaecido entre 2018 y 2019. El gobierno atinó al inicio de la gestión a sostener la restricción e incrementar el precio con el llamado “Impuesto País”, sancionado en diciembre por el Congreso de la Nación como parte de la emergencia económica.
Sin embargo, el esquema cambiario tal y como quedó configurado desde enero, presentaba serias inconsistencias, las cuales tarde o temprano colapsarían.

La forma y el momento elegidos para el anuncio respecto a Vicentín, fueron equivocados. Error del gobierno.


La principal de ellas, es que el cepo actual no pone ningún tipo de restriccion por ingresos a quién desee adquirir divisas. El resultado es que en agosto 4 de cada 10 personas que compraron dólar solidario, no puede justificar los ingresos para hacerlo. Hasta la semana pasada, la brecha entre el dólar oficial y el blue, generaba una bicicleta financiera que daba una ganancia del 35% mensual directo, la cual incluso era aprovechada por cientos de beneficiarios del IFE, para obtener unos pesos extra cada mes.

Claramente, era insostenible. La medida anunciada esta semana, no solo no soluciona el problema estructural del mercado cambiario, sino que llega tarde. Debió haber sido anunciada al menos tres meses antes, evitando la sangría que sufren las reservas del BCRA.


3) Tormenta política


Desde hace al menos un mes, distintas decisiones en materia económica del gobierno, comenzaron a configurar un complejo escenario político.

El más significativo es tal vez el camino elegido para solucionar el conflicto salarial con la policía bonaerense. El gobierno eligió desandar el decreto por el cual Mauricio Macri le otorgó dos puntos extra de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires en 2016, y tambien por decreto, le quitó un punto de coparticipación a la ciudad para entregárselo a la Provincia de Buenos Aires. La decisión es económica, pero tiene serias implicancias políticas. Se trata de la ruptura de la convivencia pacífica con la oposición, observada durante la pandemia.

El inverosímil conjunto de datos elegido en la presentación del proyecto de Presupuesto 2021, es otro de los puntos débiles. Nadie medianamente informado puede creer que a fines de 2021 el dólar oficial se ubique en $102, o que la inflación de todo el año próximo sea de apenas 29%.
Por último, la tibia reacción en torno a las tomas de tierra que se registran en diferentes puntos del país, es otro de las debilidades que ha demostrado la actual gestión.


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