Escraches: un problema de democracia

Se votó en el Congreso español el proyecto de Ley de Protección de Deudores Hipotecarios elaborado por el Grupo Popular. Para el debate entraron en consideración datos recientemente conocidos, como que el 90% de los casi 39.000 desahucios producidos en el 2012 lo fueron de primera vivienda. Es un dato que influyó en la valoración del efecto de la dación en pago: una posibilidad que alivia el drama cuando se trata de segunda vivienda, pero no cuando es la única casa familiar. Defensores de la iniciativa legislativa del PP lamentaron antes de la votación que se haya prestado más atención a la forma de popularizarla (los escraches) que a su contenido. De entrada, se desvía la atención de lo importante, razón de más para renunciar a esa forma de acción política. Pero además, en el contexto de la crisis política actual, es una práctica peligrosa. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha declarado que no debe “criminalizarse” cualquier reunión o manifestación y que la fiscalía sólo analizará los escraches que tengan “trascendencia penal”; y que, en todo caso, hay que aplicar un criterio de proporcionalidad entre los derechos de reunión y manifestación y los de la intimidad, la privacidad y la propia imagen. Por su parte, la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha indicado que se ha limitado a sancionar con multas a los promotores de concentraciones que no habían sido comunicadas a la autoridad, como exige la ley, y ello con independencia de que se hayan producido ante los domicilios de parlamentarios o en cualquier otro lugar. El criterio del fiscal general es prudente, por más que en el Código Penal haya artículos que podrían tal vez aplicarse, como el 498, que contiene una referencia a quienes “coarten la libre manifestación de sus opiniones o emisión del voto” de los parlamentarios; o el 172, sobre el delito de coacciones, entre las que incluye el de quien sin estar autorizado “compeliere” a otro a hacer “lo que no quiere, sea justo o injusto”. También quiere ser prudente la delegada, pero deja de serlo al trivializar el problema como cuestión administrativa, ignorando lo singular de los escraches: que al producirse ante los domicilios (y las familias) de representantes de un partido concreto ejercen una presión injusta y de fuerte poder intimidatorio. Que los hijos de los señalados tengan que escuchar los gritos que califican de asesinos o criminales a sus padres no puede ser una acción política amparada por la libertad de expresión. Los defensores de esa forma de hacer política argumentan que comprenden que es molesto lo que hacen ante las casas de los diputados, pero que más lo es quedarse sin casa. Es un argumento retórico. Para ser válido habría que demostrar que lo uno justifica lo otro; también alegan que como los políticos no resuelven el problema ni ellos tienen otra forma de hacerles escuchar sus razones, no tienen más remedio que actuar así. Es un argumento tan poco convincente como el de los piquetes informativos de las huelgas generales para justificar que obliguen a los comerciantes a cerrar. El efecto de esa presión no afectó sólo a esos diputados, sino que condicionó también a los de los otros grupos, que no podían dejar de pensar que si se sumaban a la propuesta del gobierno, o incluso negociaban hacerlo si se admitían sus enmiendas, podían ser también señalados y escrachados. El problema no es, por tanto, sólo de legalidad o no. Es un problema de democracia. Y por ello, los demás partidos están moralmente obligados a desmarcarse claramente de esa práctica. No de manera genérica y rutinaria, sino directa: diciendo que es un medio de acción política ilegítimo, no democrático. Y sin escapar del problema diciendo que el escrache es legítimo siempre que no implique coacción, hostigamiento, abuso o invasión de la intimidad. Porque esas características son consustanciales al escrache como método de presión. Y es esa forma de acción política, y no la causa invocada o las intenciones que mueven a los que la practican, lo que se cuestiona. También conviene recordar, frente a inercias muy arraigadas en algunos sectores, que iniciativas que pudieron ser legítimas frente a la dictadura dejaron de serlo en condiciones de democracia. El escrache es una práctica injusta, pero también peligrosa, como ha advertido Felipe González al hablar del deslizamiento hacia un “anarquismo disolvente”. Pues en el marco de la actual crisis política, caracterizada por el desprestigio de la política institucional, la pretensión de que es legítimo ignorar la ley o las sentencias, y el traslado a la calle (y a los medios) del sectarismo extremo que preside las relaciones entre partidos, dejar pasar como normal esta forma de acción política podría estimular ciertas dinámicas antidemocráticas. (*) Periodista. España

PATXO UNZUETA (*) El País Internacional