Estado ciego, sordo y mudo

BARILOCHE

Somos esclavos de nuestras palabras, dice un refrán popular que se hizo realidad cuando, hace menos de dos semanas se conoció un hecho aberrante, y más aberrante era quienes lo protagonizaban.

Corrupción de menores. Prostitución infantil. Desidia del Estado. Una vez más nos vemos en la obligación de señalar a funcionarios del gobierno provincial como autores de la violación de derechos, de violación a los tan nombrados y politizados, Derechos Humanos.

Niñas, jóvenes, menores de edad, que estaban bajo el resguardo del Estado, bajo el cuidado del Ministerio de Desarrollo Social, ven sus vidas y sus cuerpos ultrajados nuevamente, flagelados por quienes debían velar por ellas cuando su situación de vulnerabilidad social las había llevado a estar viviendo en instituciones estatales. “Pero es ahí, cuando funcionarios, jueces, operadores sociales, empresarios y comerciantes toman ventaja de su lugar de poder, para así concretar las más sucias bajezas de la raza humana”, se lamentó Sergio Marcozzi, referente de CTA Autónoma.

Hoy, como tantas otras veces, ocupamos el sitio que tenemos para denunciar públicamente a los culpables de esta situación, y para exigir, continuó Sergio Marcozzi, la renuncia de los funcionarios involucrados, de los autores de hecho, la renuncia de los autores intelectuales, como así también de los cómplices que acompañaron con el silencio, mientras la corrupción se perpetraba a diestra y siniestra.

Ante los rumores de renuncia de personas sin la calificación ni preparación necesaria para ocupar puestos vitales en la política provincial y nacional, esperamos que esto se concrete, ya que es inadmisible que funcionarios como el Sr. Ricardo Arroyo específicamente, continúe al mando del Ministerio de Desarrollo Social, después de las declaraciones que dejan al descubierto su ineptitud. “La justicia tiene sus tiempos y se apura y agiliza sólo si se mediatiza y la sociedad toma conocimiento” aseguró Arroyo al ser entrevistado en distintos medios de comunicación. ¿Tenemos que agradecer entonces la intromisión de los medios? ¿Es necesario que una atrocidad tal, tome carácter público, para que la justicia actúe? Ante las palabras de Ricardo Arroyo, cabe preguntarse qué hubiese sucedido de no hacerse pública esta denuncia. ¿Hubieran seguido abusando de las niñas con la complicidad del Estado?

Sergio Marcozzi remarca la necesidad de exigir el máximo rigor de la justicia para con los culpables, y recuerda la innumerable cantidad de veces que la CTA Autónoma pidió la denuncia de un Ministro que no atendía reclamos, que no se prestaba al diálogo, que no aceptaba propuestas, que no respetaba los derechos de los trabajadores, que no actuó en ningún momento en pos del desarrollo social, valga la redundancia, de la provincia de Río Negro. Es por esto que creemos, sostuvo Marcozzi, que hoy por hoy, Arroyo es tan culpable como los sindicados abusadores.

Como sosteníamos, somos esclavos de nuestras palabras, y Ricardo Arroyo debería responder ante la justicia por la inacción y la manera despectiva con que se refirió todo el tiempo a estas “chiquitas que salían y se escapaban del CAINA”, como queriendo deslindar responsabilidades y culpar a las menores, por el simple hecho de ser pobres, de estar institucionalizadas y de buscar ayuda en el Estado. Arroyo afirmó que tenían elementos para corroborar las culpabilidades.

Exigimos entonces, que este caso no sea uno más, que no se olvide a estas niñas corrompidas, y que el Estado ponga en función a personas capaces y calificadas. Exigimos la renuncia de Arroyo y de cada funcionario que debía velar por el bien de un grupo de niñas que terminó peor y más vulnerable que antes de ser institucionalizadas por un Estado que hoy parece ser ciego, sordo y mudo.

Sergio Marcozzi – Comisión Ejecutiva Bariloche CTA Autónoma

Sergio Marcozzi