Estado de caos

No es exactamente una novedad que el Estado argentino esté «en crisis terminal, colapsado», ni que no nos sea «útil como para crecer y resolver nuestros problemas de competitividad». Tampoco lo es que su desempeño debiera «darnos vergüenza», que esté infestado de «bolsones de burocracia, clientelismo y gasto político», y que algunas instituciones como el PAMI y la Anses se hayan convertido «en inmensas burocracias donde hibernan el amiguismo y la corrupción». Incluso ha habido ocasiones en las que un miembro destacado de un gobierno se ha manifestado de manera tan lapidaria como el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, cuando hace algunos días se dirigía a los asistentes a la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción aunque, obvio es decirlo, lo ha hecho antes de iniciar su gestión y no, como en este caso, a más de un año y medio de la llegada al poder del gobierno en cuyo nombre hablaba. Lo que sí constituiría una novedad, en cambio, sería que esta vez las autoridades tomaran sus propias palabras al pie de la letra, emprendiendo las reformas realmente drásticas necesarias para que por fin la Argentina cuente con un Estado de verdad en lugar del conglomerado de organismos inoperantes que ha usurpado su lugar bajo la égida de un enjambre de políticos populistas inescrupulosos.

El desbarajuste financiero que se ha producido en gran medida a raíz del apetito insaciable del «Estado» ha brindado al país una oportunidad acaso única para recrear desde los cimientos lo que debería ser su columna vertebral, eliminando de cuajo a las muchas entidades parasitarias que tanto han proliferado en el transcurso de las décadas últimas, manteniendo a raya a aquellos políticos que con cinismo apenas concebible han colonizado con sus allegados al PAMI y la Anses, y, sobre todo, concentrándose en mejorar la calidad de todas las instituciones públicas, premiando a los idóneos y alejando a los demás. A diferencia de lo que sucede en algunos otros países en los que la administración pública ha podido reclutar a los más capaces, aquí ha degenerado en un refugio ya para aquellos que no están en condiciones de abrirse camino en el sector privado, ya para individuos vinculados con políticos que creen deberles favores. No extraña, pues, que andando el tiempo la Argentina se haya visto transformada en una metáfora del fracaso. Como entienden muy bien los norteamericanos, japoneses, alemanes, franceses y británicos, por mínimo que sea el papel productivo del Estado nacional, a menos que sea muy pero muy eficaz la sociedad en su conjunto no tendrá ninguna posibilidad de prosperar.

Si es que el gobierno del presidente Fernando de la Rúa se ha propuesto hacer algo más que lamentar la condición escandalosa de tantas instituciones estatales nacionales, provinciales y municipales, tendrá que poner manos a la obra en seguida, aprovechando la confusión y la conflictividad que han sido provocadas por el agotamiento del crédito externo para llevar a cabo cambios permanentes. En vista de que pase lo que pasare el gobierno se verá obligado a hacer frente a la resistencia desesperada de políticos comprometidos con el orden que nos ha llevado a la ruina, sindicalistas resueltos a conservar aquellas «conquistas» que tantos beneficios les han reportado, empleados que saben muy bien que según cualquier norma no clientelista nadie pensaría en mantenerlos en su trabajo y un coro abigarrado de populistas, algunos violentos, que a pesar del desastre que se ha confeccionado se niegan a reconocer que el cambio sea imprescindible, le convendría avanzar con el máximo vigor para que sus esfuerzos sirvieran para mucho más que reducir los costos. Como el propio Colombo señaló, aquí la «solución» no puede consistir solamente en «recortes en salarios y jubilaciones», medidas que pueden ser necesarias por razones presupuestarias coyunturales pero que no tienen nada que ver con la reforma del Estado. Tendrá que suponer la refundación de todo lo relacionado con la administración pública sobre bases muy distintas de las consideradas apropiadas por los muchos que si bien se han proclamado defensores fervorosos del papel del Estado han hecho lo imposible por inutilizarlo.