Estudian cambios para encuadrar alojamientos no declarados en San Martín de los Andes
Tanto la cámara empresaria como el municipio entienden que es preciso regularizar la enorme oferta de departamentos y cabañas que se comercializan por internet y quedan fuera del radar de la fiscalización.
El sismo se registró a 26 kilómetros de San Martín. (archivo Patricio Rodríguez)
Como ocurre en otros destinos turísticos, San Martín de los Andes experimenta un auge en la oferta de departamentos y viviendas de alquiler temporario que eluden cualquier registro y que parece no tener freno. La principal perjudicada es la hotelería tradicional, cuyos propietarios exigen al municipio un control más eficiente.
El secretario de Turismo local, Alejandro Apaolaza, dijo que la proliferación de alojamientos informales es un fenómeno que afecta no solo a San Martín y a otros polos turísticos de la región sino que “se da en todo el mundo”.
La decisión del gobierno municipal a esta altura ya no es eliminar esa oferta sino “integrarla”, con la mira puesta en velar por “la calidad general de servicios” que ofrece el destino.
Con ese propósito, dijo Apaolaza, trabajan en la elaboración de una ordenanza específica referenciada en la ley provincial 3.197 para encuadrar los departamentos de alquiler y otras modalidades que se ofertan en el circuito informal.
La liviandad del control a los alojamientos “truchos” fue motivo de rispideces entre el gobierno local y la Asociación Hotelera, que nuclea a los prestadores habilitados. El presidente de esa entidad, Agustín Roca, dijo que trabajan en el tema desde hace al menos dos años, que fueron consultados sobre el texto y que “la ordenanza ya debería estar”.
Aseguró que la actividad constructiva que se ve en San Martín en un porcentaje importante se explica por “edificios de departamentos que ya están planificados así, para ofrecer alojamientos fuera del sistema”.
Dijo que los desarrolladores los entregan “ya vestidos, con muebles, sábanas, toallas, listos para que el inversor comience a obtener una renta con el turismo”. Subrayó que esa oferta “no está registrada, no paga nada y no hay controles”.
La ley provincial de turismo, incorporó con su última actualización un artículo según el cual el ministerio debe “sancionar de oficio a toda persona humana o jurídica que publicite, en medios gráficos, radiales, televisivos, físicos, digitales o cualquier otra modalidad que se cree actividades o servicios que no estén inscriptos en el registro provincial”.
Apaolaza dijo que esa norma sirve como marco pero el municipio quiere tener su propia ordenanza, orientada a sumar la oferta irregular a la grilla de establecimientos empadronados.
Señaló que “antiguamente se combatía esta práctica de alojamientos no hoteleros, pero ya no es posible, es una tendencia mundial y hay que incorporar esta oferta”. Dijo que hubo un registro específico “que funcionó hasta 2014 y 2015” a nivel local, pero ya no existe y “hay que regularlo otra vez”.
Según consideró, a los prestadores informales “también les conviene, porque recibirían capacitación y promoción”. El texto de la ordenanza todavía está en estudio, pero apuntaría a crear una categoría de casas y departamentos de alquiler temporario, para abarcar a la vasta oferta que se canaliza a través de portales especializados.
Discrepancia
El municipio y la cámara hotelera se diferenciaron también al evaluar el volumen de la oferta no declarada. Apaolaza dijo que San Martín de los Andes tiene “casi 7.000 camas” registradas y la oferta irregular rondaría “la mitad” de esa cifra.
Pero Rocha dijo que es mucho mayor. A su entender “hay que hablar de que duplican lo habilitado, y más también”.
Se lamentó de que el invierno “ya está encima y la ordenanza no llegará a tiempo”. Señaló que desde la Asociación habían propuesto “un fiscalizador on line” para que detecte y sancione la oferta irregular en las páginas web de alojamiento turístico “porque es muy fácil de ver”, pero no tuvieron eco en el municipio.
Según el dirigente “es un problema muy serio, porque el turista que se aloja ahí no figura en ningún lado. Pero si lo legalizás deja de ser un problema”. Señaló que “se trata de un mercado negro imparable, que genera muy poco empleo” y que tiene tarifas hasta un 50% menores, porque “no paga ningún impuesto”. A su juicio, “también deberían denunciarlo los sindicatos”.
Apaolaza dijo que les preocupa mucho el tema porque está en juego también el prestigio del destino. “El turista primero elige San Martín y después busca dónde se va a alojar -observó-. Entonces se trata de entender que la promoción nos beneficia a todos, que vivimos del turismo y que todos tenemos que comprometernos con la calidad y la competitividad”.
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