Expropiar en épocas de pandemia

A pesar de que los medios de comunicación y el boca a boca de los argentinos se inclinan mayoritariamente a las cuestiones redundantes a la pandemia de la covid-19 y las medidas de prevención tan distintas en cada localidad del país, en estos últimos días ganó terreno un término por todos conocido. Otra vez, hablamos de expropiación.

El asunto es que no es época de bonanza. Lejos está de serlo a nivel nacional, regional o internacional. El Estado en todas sus esferas se encuentra refinanciando día a día sus créditos. Pero queremos expropiar.

Separemos los caminos, como corresponde: un asunto es cómo catalogar las acciones de la empresa Vicentin en el último tiempo -que personalmente encuentro totalmente reprochables- y otro asunto totalmente distinto es cómo hace el gobierno nacional para expropiar una cerealera de 1.800 empleados. “Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”, decía un cura en los pasillos de la iglesia del Boulevard Ituzaingó. Por el Decreto Nacional 522/20, hablamos de intervención, de ocupación temporánea, “con el fin de asegurar la continuidad de las actividades de la empresa, la conservación de los puestos de trabajo y la preservación de sus activos y patrimonio”, pero el proyecto de ley del Poder Ejecutivo todavía no fue remitido a la Cámara de Diputados. En el ambiente cercano al presidente ya incluso se habla de no remitirlo. Y, para que quede claro, lo que quiere asegurar el Estado lo prevé el Art. 15 de la Ley de Concursos y Quiebras, el concursado (Vicentin) mantiene la administración bajo la vigilancia del síndico, que lo limita a solo las operaciones que demanda la administración normal y habitual del negocio.

No puedo dejar de decir que la intervención por el gobierno nacional se dispuso mucho antes de la finalización del período de exclusividad, con fecha el 7 de julio.

En ese período el concursado negocia con cada grupo de acreedores sus deudas, y si resulta exitosa su propuesta de pago a los acreedores la empresa continuaría operando normalmente, como tantas veces sucede a lo largo y ancho del país.

Horas antes de estas líneas, el juez a cargo del concurso preventivo removió al interventor Gabriel Delgado y restituyó al directorio a sus funciones.

Que los gobiernos quieran esquivar las normas no es para asombro de ninguno. Más allá de las cuestiones legales, resulta peligroso que parte -por suerte- del grupo de aplaudidores de manera ciega festeje la expropiación de la cerealera y difunda tan efervescentemente que el primer mandatario mande a leer la Constitución nacional y la Ley de Expropiación a una periodista.

¿Se equivocó el gobierno nacional? ¿Se apuró? ¿El presidente abogado pensó que su intervención iba a pasar desapercibida en medio de la pandemia?

Lamentablemente la mayoría de las respuestas que se brindan solo manifiestan los posicionamientos políticos e ideológicos. De esa manera, se nos escapa algo tan trascendental que data de 1853 y una Ley de Expropiación de un gobierno de facto, que podríamos ir reformando. Si el actuar estatal será como el de las últimas semanas, hagamos de la Constitución nacional y la Ley 21499 un bollito y tirémoslo a la basura, porque las estamos pasando por arriba. Otra vez, hablamos de expropiación.

Agustín Hernán Gutiérrez

DNI 39.867.057

Viedma