Extractivismo y participación ciudadana
Se trata, con frecuencia, de megaproyectos que son implantados en el territorio de manera vertical sin consultar a las poblaciones, al punto de fragmentar el tejido social y provocar la represión de las resistencias.
Con 14 votos a favor y 11 en contra, la Legislatura del Chubut sancionó días atrás la Ley de Zonificación que autorizaba la minería -sin el uso de cianuro- en la meseta central de la provincia. Ante la enérgica protesta social, el gobernador de esa provincia tuvo que volver atrás y plantear su derogación ante ese mismo cuerpo deliberante.
Se trata de un gobierno que no escuchó en tiempo, entre otras voces, a la emitida por la Mesa de Coordinación Técnica sobre Zonificación Minera del Conicet, quien alertó sobre el peligro que implicaba la aprobación de esa zonificación minera en la provincia de Chubut.
El extractivismo es un modelo de crecimiento económico que fomenta la extracción, por parte de empresas mayoritariamente extranjeras, de materias primas que se exportan, con nula o escasa elaboración
Fue bien recibido y estimulado por las gestiones de los presidentes Carlos Saúl Menem en materia de hidrocarburos, así como por la de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en el caso de los minerales metalíferos. Su causa generadora gira alrededor de dos factores que los hacen muy rentable.
En primer lugar, las permisivas leyes mineras argentinas y, luego, el gran aumento internacional de los términos de intercambio de materias primas de uso industrial -commodities-.
Proyectos de megaminería a cielo abierto, la explotación de petróleo mediante el fracking y las superficies dedicadas a monocultivos, son algunos ejemplos del desarrollo extractivista a gran escala en la Argentina.
Se trata, con frecuencia, de megaproyectos que son implantados en el territorio de manera vertical sin consultar a las poblaciones, al punto de fragmentar el tejido social y provocar la represión de las resistencias que se ofrecen a su consolidación.
De hecho, una de las consecuencias del actual auge extractivista ha sido la explosión de conflictos socioambientales. Es decir, conflictos motivados por el acceso y control de los bienes naturales y el territorio, con actores e intereses enfrentados, en contextos de gran asimetría de poder.
Por eso, en los últimos años se ha puesto en duda la compatibilidad existente entre esa tendencia productiva y el ejercicio pleno de la participación democrática.
Esa controversia, además, genera una creciente interacción del Estado con actores tales como organizaciones indígenas y campesinas, a través de nuevas formas de movilización y participación ciudadana. Una participación que se centra, muy fundamentalmente, en la defensa de los bienes naturales, la biodiversidad y el ambiente.
En los debates suscitados se aprecia, además, la tendencia de los sectores empresariales a reducir toda discusión a los aspectos técnicos. Iniciativa que omite considerar los impactos sociales de los emprendimientos que se pretenden instalar.
Esos sectores también minimizan la participación en la toma de decisiones de las comunidades vecinas, así como la discusión de qué se entiende por desarrollo y quiénes son los actores que definen su alcance.
Pretenden, de ese modo, darle a la cuestión un marco falsamente apolítico. En paralelo, los Estados con frecuencia adoptan medidas que circunscriben los análisis a las dimensiones tecnocráticas de la cuestión.
Conviene recordar que la degradación ambiental amenaza tanto la existencia del medio como a las personas que están insertas en él. Es un problema de dimensión planetaria que afecta procesos biológicos, humanos y sociales.
De allí que resulte indispensable repensar los procesos productivos que con mayor impacto degradan el medio social y ambiental. Sobre todo, para asegurar que la toma de decisiones resultante guarde estrecha vinculación con una participación ciudadana efectiva, informada y responsable.
Tal es el compromiso asumido alrededor de nuestra Constitución Nacional, la cual abraza una idea de democracia abierta, flexible y participativa. No en vano su texto define explícitamente la adopción de mecanismos de acción popular directa, como la iniciativa popular y las consultas populares.
* Doctor en Derecho (UBA) – Profesor titular de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)
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