Fallo anuló leyes de Punto Final y Obediencia Debida
En un fallo calificado de «histórico» el juez federal Gabriel Cavallo (foto) declaró ayer inválidas e inconstitucionales a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sancionadas entre 1986 y 1987 para eximir de responsabilidad penal a militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos.
Cavallo, quien hizo lugar a un pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en la causa que investiga la apropiación de la menor Claudia Poblete, ocurrida por la dictadura, consideró que el fallo es «el más importante» de su vida de juez.
La resolución de Cavallo con seguridad «reactivará» numerosas causas similares que están pendientes en la Justicia, posibilidad que inquietó tanto a las FF.AA. como al gobierno.
Sin embargo, el magistrado hizo hincapié en que el fallo actúa específicamente sobre la causa en la que se investiga la desaparición del matrimonio Poblete.
El juez explicó que adoptó esa resolución porque las leyes «impedían que se avance en la causa» donde ya hay reunida suficiente prueba contra los imputados, entre los que se encuentran Suárez Mason, Gluglielminetti, Simón y Del Cerro, algunos de los cuales serán interrogados.
«Esta es la resolución más importante que tuve como juez», expresó el magistrado visiblemente emocionado y fundamentó su afirmación en la «gravedad institucional que tiene» la anulación de ambas normas legales, dictadas durante el gobierno de Alfonsín, a las que calificó de «leyes de impunidad»
«Espero yo que no se vuelva a repetir un hecho tan monstruoso como fue la represión del 76», agregó. Acerca de los fundamentos (ver aparte), sostuvo que tienen que ver «con el desarrollo sobre crímenes de lesa humanidad en el Derecho Argentino e Internacional» y restó importancia a la repercusión que pudiera tener en las filas militares.
Anoche, un profundo malestar se percibía en los altos mandos del Ejército, quienes analizaban el fallo de Cavallo en una reunión presidida por el jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni.
Voceros del Ejército señalaron que si bien las Fuerzas respetarán a la justicia entienden que el caso será dirimido en una instancia política. «Si bien en un comienzo se trata de un problema jurídico, éste se ha convertido en un problema político y requiere una solución política», aseveraron en clara señal al gobierno.
El fallo, manifestaron los militares, implica un retroceso que no conduce a la pacificación y que volverá a abrir viejas heridas». No muy lejos de esta última apreciación se ubicó la del gobierno, que se expresó a través del ministro Jaunarena y del ex presidente Alfonsín .
Consultado sobre la posibilidad de que la Corte Suprema pudiera dar curso a un pedido de apelación de aquellos ex represores afectados por el fallo de ayer, Verbitsky se expresó confiado en que ello no ocurrirá y en que la Cámara Federal confirmará la resolución de Cavallo, como se presume que ocurrirá.
El gobierno admite malestar
Por esas paradojas de la vida, le tocó a Horacio Jaunarena, ministro de Defensa durante e Gobierno de Raúl Alfonín e impulsor de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, volver a ese cargo un día antes en que un juez federal decidió la inconstitucionalidad de esas normas. Ayer, él y Alfonsín encarnaron el ánimo de gran parte del partido radical, formulando sus reservas y sus críticas hacia la resolución del magistrado.
El Gobierno admitió anoche que existe «preocupación» en FF.AA. por el fallo de Cavallo y consideró «no razonable» que se reabran cuestiones que habían quedado cerradas con la sanción de dichas normas. Jaunarena, afirmó que «sería querer tapar el sol con un arnés si no dijera que esta es una situación preocupante», al ser consultado sobre si había inquietud en las filas.
Por la tarde, Jaunarena mantuvo una reunión con el presidente De la Rúa y manifestó que «el gobierno no hará nada» ante la resolución del juez y consideró que no es «saludable» la anulación de las leyes aunque aclaró que no quería opinar sobre el fallo porque se podía interpretar como «una presión desde el Poder Ejecutivo hacia la Justicia».
El ex presidente Raúl Alfonsín sostuvo ayer que «siempre resulta peligroso volver 20 años atrás en la historia», al aludir al fallo que emitió el juez Gabriel Cavallo. (DyN, Télam)
Los fundamentos
El juez Cavallo apoyó su decisión en dos columnas fundamentales: en primer lugar en la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y la incorporación de las leyes internacionales a nuestro ordenamiento jurídico.
Pero fundamentalmente en que las leyes mencionadas violan en forma expresa el artículo 29 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Congreso conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias y la suma del poder público u otorgarle sumisiones o supremacías, por las que la vida y el honor de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. «Este acto de asunción implicó reunir la suma del poder público, dado que todos los poderes del Estado sin excepción quedaron a merced del gobierno militar», continuó Cavallo.
Para el magistrado la desaparición forzada de personas «es un delito de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptible e inamnistiable». El juez citó al respecto un fallo de la Corte Suprema de 1995 en el que concedió la extradición a Italia de Erich Priebke, que fue condenado por la matanza de las Fosas Ardeatinas.
Nueve de cada diez no tienen nada que temer
El titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, sostuvo que «nueve de cada diez oficiales no tienen nada que temer» en referencia al fallo que declaró la inconstitucionalidad e invalidez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
En esta línea, explicó que «en 1984 el 90 por ciento de las personas que participaron en los delitos estaban en funciones y hoy ese número se revirtió: el 90 por ciento de los oficiales de las Fuerzas Armadas no tuvo participación. La duda está en el 10 por ciento restante».
El periodista manifestó que con el fallo que plantea la nulidad de ambas leyes se inicia el camino para reabrir una serie de causas «paradigmáticas de impunidad», y que, en ese marco, el CELS está estudiando «la presentación de una serie de querellas».
Verbitsky, consideró probable que la entidad impulse «una acusación penal en contra de Brinzoni». El periodista señaló que el primer recurso de habeas data que responderá será el de Brinzoni, quien figura como cómplice de una de las más espantosas matanzas de la guerra sucia.
