Farizano vetará la nueva tarifaria de comercio

NEUQUÉN (AN).- El intendente Martín Farizano vetará totalmente el nuevo cuadro tarifario para el cálculo de las licencias comerciales que el Concejo Deliberante aprobó el jueves pasado. La decisión, que fue confirmada por el edil del PJ Darío Martínez, se centra en que de aplicarse la nueva normativa que reduce las tasas el municipio no sólo reduciría su recaudación sino que además tendría que devolver cerca de 2.700.000 a una treintena de comercios.

Si bien desde el Ejecutivo ayer los funcionarios se negaron a hablar del tema y sólo indicaron que la norma aún no ingresó al palacio municipal, trascendió que sólo se aguardará a que el jefe comunal regrese de Buenos Aires para oficializar la postura que fue sugerida puertas adentro del municipio por el subsecretario de Ingresos Públicos Omar Salazar.

«Definitivamente Farizano va a vetar esta ordenanza porque es una barbaridad lo que plantea no sólo porque en un contexto de crisis la comuna dejaría de percibir 2.7000.000 pesos sino porque además fija un sistema totalmente inequitativo ya que perjudica a miles de pequeños comercios duplicándoles el pago para sólo favorecer a veinte o treinta grandes locales», aseguró Martínez.

El edil explicó que «la reducción en el pago a un tope de lo pagado el año pasado sólo beneficia a los comercios que facturan entre 7 y 20 millones de pesos al año» y arremetió contra la cámara de comercio local al indicar que «sólo beneficia a los comercios que integran Acipan».

El nuevo cuadro tarifario fue aprobado con los votos del MPN y Recrear en contraposición al proyecto elevado por el Ejecutivo meses atrás en el que junto a la suba en la tasa de patente de rodado se incrementaba el pago a los comercios contemplados en la escala de bancos y petroleras sin tocar a los demás rubros. «Es un sinsentido modificar todo en noviembre, cuando estamos a un mes de que inicie la tarifaria 2009 que contempla varias mejoras en el cálculo de esta tasa», indicó Martínez. El concejal advirtió que «ésta es una ordenanza que no se entiende porque ni siquiera es lo que reclamaba Acipan que era que se excluya del cálculo la facturación de los comercios».