Federalismo, educación y salud en tiempos de pandemia

Entre las alteraciones institucionales que ha traído la pandemia, que incluye avances sobre las actividades privadas y el derecho de propiedad, debemos sumar la insólita situación en el ámbito de dos áreas especialmente sensibles al impacto del fenómeno, que encubre una disputa en torno a la autoridad competente en materia de educación y salud.

Teóricamente no debería haber dificultades. De acuerdo con nuestra Constitución federal, “las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al momento de su incorporación”. (Art.121)

El artículo 126 complementa esta norma, al detallar las atribuciones delegadas al poder nacional que las provincias no pueden ejercer, tales como dictar el Código Civil, Comercial, Penal y de Minería, acuñar moneda, establecer aduanas, etc.

En ningún caso se menciona como facultades delegadas la educación y la salud, áreas donde la potestad originaria de las provincias no admite dudas.

Sin embargo, en la adquisición de las vacunas contra el virus el Estado nacional ha ejercido de hecho un monopolio exclusivo.

En parte se debe a circunstancias especiales. Los países más ricos han financiado a los laboratorios a cambio de tener prioridad absoluta en la adquisición de las vacunas. Por otra parte, países fuertemente centralizados como Rusia y China, que tienen excedentes, prefieren o se limitan a negociar con autoridades nacionales. Lo mismo ocurre con la mayoría de los grandes laboratorios, de manera que la preponderancia de los estados nacionales en la adquisición de vacunas es abrumadoramente mayoritaria.

Pero ello no ha impedido que en países de sistemas constitucionales similares al nuestro como EE.UU. y Brasil, los estados federados e incluso las autoridades municipales de grandes ciudades hayan negociado simultáneamente por su cuenta.

Debe adjudicarse a la debilidad de nuestro sistema federal el hecho de que ni las provincias ni CABA hayan ejercido ese derecho en el pasado inmediato, lo que ha motivado el burlón desafío de funcionarios nacionales para que las consigan ahora.

Lo que está ocurriendo con el DNU que suspende las clases en el ámbito metropolitano es de una gravedad mucho mayor. El presidente no solamente ha dispuesto una medida que incorpora a su autoridad un área reservada al ámbito local, sino que ha amenazado con una virtual invasión de fuerzas federales en caso de “rebeldía” de las autoridades de la ciudad, amenaza que sería conveniente tomar muy en serio, dado el tradicional desprecio por los límites constitucionales que los gobiernos de ese mismo signo han exhibido en el pasado y en la actualidad.

Ahora bien, si el gobierno nacional ha incurrido en un exceso de autoridad al tomar decisiones sobre un sector, el educativo, reservado al ámbito local, el no aceptar esa medida no es solamente un derecho de los responsables de la Ciudad, sino una obligación irrenunciable. Las autoridades de CABA se han limitado a presentar un recurso de amparo ante la Corte Suprema, pero ante los tiempos con que habitualmente se manejan estos organismos, la medida tiene escasa posibilidad de éxito y se transforma en una protesta meramente testimonial.

De manera que al margen de las razones que uno y otro gobierno aducen respecto de la conveniencia o error de la medida dispuesta, la ausencia de docentes y alumnos en el distrito metropolitano el próximo lunes será una nueva y dolorosa derrota de nuestro sistema federal.