Federalismo trucho

Cuánto pagan en Jujuy, Chubut o San Luis por un viaje en alguna de las líneas de ferrocarriles o subterráneos en la ciudad de Buenos Aires? ¿Sabrán en Misiones, Tierra del Fuego o Catamarca cuánto deben desembolsar para sostener el servicio de agua corriente en el área metropolitana?

Los dos interrogantes no tendrían razón de ser en un país en el que las relaciones fiscales estuvieran fundadas en un federalismo real y no puramente declamativo, un país en el que, más allá de ciertos casos específicos y explícitos de solidaridad con regiones o sectores sociales postergados, la utilización de un servicio guardara correspondencia con su financiamiento. Por ejemplo, que el transporte público de la zona más rica de la Argentina no terminara siendo pagado por el resto del país, aun por gente que nunca tendría una oportunidad en su vida de utilizarlo, o que una mayoría que no dispusiera del servicio de agua corriente no subsidiara a una compañía que no llegara a cubrir el uno por ciento del territorio nacional.

Esas son algunas de las consecuencias del federalismo trucho que impera desde siempre en la economía argentina y se reflejan en los subsidios otorgados por el gobierno nacional en el 2006.

De acuerdo con la información oficial relevada por la Asociación Argentina de Presupuesto, casi el siete por ciento del gasto ejecutado el año pasado por la administración nacional correspondió a diferentes subsidios y préstamos a empresas públicas y privadas; un total de 7.512,8 millones de pesos, un sesenta por ciento más que los subsidios y préstamos concedidos por el mismo gobierno en el 2005 y que relativiza los precios que el usuario paga por los diferentes servicios.

De esa suma, 1.984,4 millones se destinan a trenes, subtes, combustible aeronáutico y a AYSA, la empresa que suplantó a la desplazada Aguas Argentinas a un precio que pocos conocen: un subsidio de 25 millones de pesos y un préstamo de 150 millones. Nada podría objetarse si no fuera la única prestadora del servicio de agua potable del país beneficiada por subsidios y préstamos de la Nación. En otras palabras: todo el país subsidia el servicio de agua corriente de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, pero el financiamiento de los mismos servicios en el resto del territorio no recibe un beneficio similar. Santa Fe, por ejemplo, contaba hasta el 2005 con el mismo operador que la Capital Federal: la francesa Suez. Tras su retiro y reemplazo por nuevos operadores, el gobierno nacional decidió auxiliar a la compañía del área metropolitana. No figura en las planillas oficiales subsidio o préstamo alguno a su par santafesina.

Lo mismo sucede con el transporte urbano y suburbano de pasajeros, con subsidios por 1.809,4 millones de pesos en el 2006, algo así como 47 pesos por habitante, muchos de los cuales ni siquiera conocen Buenos Aires, aunque deben pagar en su respectiva localidad un pasaje de autotransporte mucho más caro que aquel que termina subsidiándoles a los porteños.

Claro está que también pueden hacerse imputaciones en el sentido inverso: la ciudad de Buenos Aires es la más perjudicada en la distribución de los recursos federales si se considera que percibe por coparticipación una porción ínfima en relación con su importancia económica y, en consecuencia, su aporte a la conformación de esa masa de recursos. En ese sentido, los habitantes de la Capital podrían argumentar que son ellos quienes subsidian al resto del país y no sólo a las empresas de servicios públicos a través de un desigual reparto de los recursos de origen nacional.

Las opciones a colocar en cada platillo de la balanza son numerosas y algunas, difíciles de mensurar. Esa es, precisamente, la confusión generada por este federalismo trucho en el que nadie sabe a ciencia cierta quién paga qué.

Un dilema que, como en ocasiones anteriores, lucirá por su ausencia en los próximos debates electorales.

MARCELO BATIZ (*)

DyN

(*) Periodista económico