Federalismo trunco

COLUMNISTAS

Es llamativo que aún ninguno de los precandidatos presidenciales haya manifestado interés por discutir la esencia misma del federalismo: la coparticipación federal.

Cada provincia tiene su realidad económica y social y es dueña de sus recursos naturales. Algunas han sido más beneficiadas en el reparto y por ello es materia de la dirigencia política concretar un sistema de distribución de la riqueza que resulte equitativo, solidario y que brinde un grado de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio.

Es cierto que los años transitados en democracia nos han devuelto un conjunto de valores institucionales que nos permitieron a los argentinos volver a pensar nuestro país con una agenda del futuro.

Sin embargo, la discusión central para lograr la Argentina federal que garantice la autonomía de las provincias y su autarquía financiera, parece no motivar la voluntad política necesaria para definir un nuevo régimen.

Preocupa entonces pensar la postergación que seguirá condicionando a las provincias en su autonomía y la posibilidad de definir su propia realidad; porque no discutir la coparticipación significa progresivas claudicaciones a las que se ven sometidos los estados provinciales.

Las bondades del plan federal han avasallado las facultades de las provincias, al punto tal que quien debería decidir la planificación en su territorio se encuentra condicionado por el poder central. La realidad de las provincias está a merced de la Nación.

En los últimos años la centralidad financiera ha llevado no sólo al ahogo de Estados provinciales, sino a condicionamientos que han llegado a poner en riesgo la propia gobernabilidad.

Durante la última década se ha incrementado progresivamente la recaudación nacional, que explica una distribución del 60,2% para Nación y un 39,8% repartido entre veintitrés provincias y CABA.

Surge de estos números una foto de un sistema de coparticipación incoherente con un país federal, que pretende estados autónomos en sus decisiones políticas y económicas y que confluyan a la construcción nacional de manera coordinada y no impuesta por un excesivo presidencialismo.

Un país debidamente equilibrado implica un reparto justo y exento de discrecionalidad de los recursos, que asegure el pleno ejercicio de las atribuciones provinciales, en tanto éstas puedan decidir su propio diseño institucional y productivo.

Ser parte del diálogo que conduzca a la superación de la coyuntura y que prevea una planificación que trascienda los gobiernos, es sin dudas lo que nos va a conducir a una transformación sustantiva que consolide el modelo de país.

(*) Senadora nacional por Neuquén (MPN)

LUCILA CREXELL (*)