Ficciones legales

Sería dramático si se impone la lógica de determinados jueces que se aprovechan de las decisiones de los preocupados por la economía del país para impugnarlas.

Por Redacción

Siempre ha sido notorio que tanto en nuestro país como en el resto de América Latina las constituciones nacionales se han asemejado a novelas utópicas en las que se describe con lujo de detalles una sociedad ideal que, por desgracia, no existirá jamás en estas latitudes, razón por la cual todas se han visto pisoteadas con regularidad deprimente incluso por personas que juraban querer respetarlas. Algo similar sucede con muchas leyes, sobre todo con las impulsadas por distintas corporaciones con el propósito de resguardar sus «conquistas» contra eventuales ataques. Gracias a ellas, toda vez que un gobierno trata de tomar una medida económica que perjudicaría a alguno que otro interés creado, tendrá que vérselas con jueces que, sin titubear un solo instante, fallarán en su contra, casi siempre por motivos jurídicos que si bien son técnicamente impecables, se basan en legislación que fue redactada cuando las perspectivas frente al país parecían mucho más promisorias de lo que resultaría ser el caso. Puesto que en todas partes, pero especialmente en los países de cultura hispana o italiana, los empleados estatales son expertos consumados cuando es cuestión de dar un blindaje legal a sus muchas pretensiones, era inevitable que el gobierno del presidente Fernando de la Rúa no tardaría en descubrir que la Justicia no le permitiría reducir el déficit podando los salarios de los empleados públicos y que los gobernadores provinciales pronto serían informados de que no les sería dado intentar atenuar sus problemas fiscales pagándoles con bonos. En opinión de muchos juristas el déficit cero es intrínsecamente ilegal, de suerte que al gobierno le convendría olvidarlo.

El juez laboral de feria -y por lo tanto empleado estatal- Roberto Pompa no es el único magistrado que ha instruido al gobierno a seguir como antes, absteniéndose de innovar como si la crisis económica fuera un pormenor insignificante en comparación con la majestad de la ley, y sería realmente asombroso que resultara ser el último. La aguerrida corporación judicial que, además de defender sus propias conquistas con garra suele colaborar solidariamente con los gremios estatales, cuenta con docenas, acaso centenares, de miembros igualmente doctos que en teoría cuando menos serían más que capaces de obstaculizar hasta las calendas griegas cualquier plan destinado a sanear las finanzas nacionales. Sin embargo, desafortunadamente para quienes confían en la magia jurídica, la economía real tiene la costumbre de operar según sus propias leyes y éstas, si bien son tan innobles que nadie pensaría en aludirlas en los libros de texto de las facultades de derecho, los comités o las unidades básicas en los que los jueces reciben su formación, son bastante más poderosas que las esgrimidas por Pompa y sus compañeros. Si el Estado queda sin un centavo, lo que con toda seguridad ocurriría dentro de un par de meses si el gobierno se sintiera obligado a obedecer al pie de la letra todas las órdenes judiciales que le esperan, no le será posible desistir de «innovar» aunque todos los jueces del planeta lo reclamaran.

De imponerse la lógica de jueces como Pompa y de los abogados sindicales que están aprovechando las circunstancias para impugnar los planteos de los preocupados por el desmoronamiento de la economía nacional, el gobierno tendría que rehusar darse por enterado de que el país está hundiéndose en medio de una crisis financiera hasta que un buen día, que podría ser mañana, la Argentina se estrellara contra la realidad. Puede que gracias en buena medida a la mentalidad de quienes piensan como ellos, el choque así supuesto se produzca de todos modos. Sea como fuere, además de plantear una serie de problemas jurídicos sin duda fascinantes, una catástrofe de este tipo supondría que en lugar de salarios podados o patacones los estatales, entre ellos muchos jueces, lo mismo que una cantidad muy grande de sus compatriotas, tendrían motivos de sobra para lamentar la actitud de los muchos que, por ver el mundo a través de anteojeras jurídicas o ideológicas, no se dignaron a percatarse a tiempo de que un abismo se abría debajo de sus pies.