¿Fiscalía de investigaciones?

¿Puede un gobernante realizar negocios privados, que pueden ser ventajosos, con un contratista importante del Estado, adjudicatario de obras públicas sin licitación, sin que eso signifique ninguna transgresión a normas éticas en el gobierno?

Sí, puede hacerlo. Según la Fiscalía de Investigaciones de Río Negro no hay ninguna objeción ética a este procedimiento, que en la mayoría de los países se tomaría como una presunción bastante evidente de cohecho, siempre que tome la elemental precaución de que la compañía que realiza la contratación sea diferente de la que se adjudica licitaciones, aunque ambas pertenezcan al mismo dueño.

Esto es lo que se desprende de la reciente resolución de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Río Negro, que fue dada a conocer días pasados en torno del pedido del gobernador de un pronunciamiento sobre su contrato en una chacra de su propiedad con la principal empresa constructora de la provincia, Roque Mocciola.

La decisión de la Fiscalía no causó, huelga decirlo, ninguna sorpresa. El titular de ese organismo, Carlos Malaspina, ha sido designado a propuesta del propio gobernador y no se le conocen antecedentes que lo identificaran como una persona mínimamente interesada en luchar contra la corrupción o que haya tenido algún desempeño que lo valorice para esa función. Es probable, sin embargo, que la fundamentación tan grotescamente ridícula con que desestima el caso sobrepase la capacidad de asombro y marque un precedente difícilmente superable en el futuro. Si esta interpretación se generalizara, todas las investigaciones que se realizan en el país quedarían automáticamente sin sustento jurídico y la corrupción generalizada campearía por sus fueros.

En todo caso, la respuesta de la Fiscalía ratifica el fracaso que las instituciones creadas para prevenir fraudes en la administración pública han tenido en esta provincia y en general en todo el país. Tanto las previstas en la Constitución, como las creadas por ley, técnicamente inobjetables y habitualmente precedidas por discursos enfáticos de los políticos acerca de la necesidad de combatir vigorosamente la corrupción y asegurar la transparencia de los actos de gobierno, terminan en la designación de la persona más adecuada para impedir que los organismos así creados y las grandilocuentes intenciones que los sustentan pasen del terreno de la retórica.

En el pasado han existido muchos precedentes de la forma en que fueron fácilmente burlados sistemas de control que son particularmente ineficaces cuando se trata de los funcionarios que ocupan los cargos más altos en el escalafón del poder. El vaciamiento del Banco Provincia se pudo hacer fácilmente a pesar de que supuestamente estaba controlado por su auditoría y por el Tribunal de Cuentas y había también una auditoría externa que rendía informes al propio gobernador, que en definitiva fue el responsable de las decisiones que adoptaba el Banco.

Así las cosas, casi todos los sistemas constitucionales y legales que pretenden controlar, desde el gobierno, la corrupción han fracasado miserablemente y despiertan escasa o nula expectativa de que lleguen a una conclusión incómoda para el gobierno. No hay precedentes de que haya ocurrido alguna vez en el pasado. Y no hay esperanzas de que pueda ocurrir alguna vez en el futuro.

Su supresión ahorraría dinero de los contribuyentes y ninguna persona sensata podría lamentar que eso ocurriera, salvo naturalmente los beneficiarios directos de la estructura administrativa y los gobernantes y funcionarios sospechados, que obtienen por esta vía una justificación aparente de sus actos, penosamente infantil, pero que pueden exhibir, impúdicamente ufanos, cada vez que deben responder a interrogantes sobre su conducta.