Fragata bajo ataque

La lucha furiosa entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los “fondos buitre”, estos grupos especulativos que han desplazado al FMI como símbolos máximos de la maldad neoliberal foránea, alcanzó un nuevo pico de dramatismo hace algunos días cuando miembros de la tripulación reducida de la fragata Libertad amenazaron, con armas de fuego, a los trabajadores del puerto ghanés de Tema que se habían propuesto remolcarla a un lugar menos problemático, puesto que por su ubicación impedía el ingreso de otros barcos provocando pérdidas de aproximadamente 60.000 dólares diarios. Como represalia, los ghaneses, que ya habían sido repelidos con chorros de agua a presión disparados por los marinos, optaron por cortar el suministro de agua, electricidad y combustible al barco. El canciller Héctor Timerman reaccionó enviándoles un ultimátum: devuelvan el barco ya o defiéndanse ante el Tribunal del Mar de Hamburgo, Alemania. Aunque el gobierno insiste en que los ghaneses están violando de forma grosera la legislación internacional en la materia, conforme a la que no se puede embargar o requisar los buques de guerra, parecería que la fragata Libertad está inscripta como una embarcación comercial y de servicios, pormenor que podría motivar algunos problemas jurídicos. Asimismo, el que durante años la Armada, el Ministerio de Defensa y la Cancillería procuraran mantener el buque escuela bien alejado de puertos frecuentados por abogados de los fondos buitre hace sospechar que no confían tanto como quisieran hacernos creer en la validez de los derechos que reivindican. Para el país, la prioridad no puede sino ser asegurar la recuperación cuanto antes de un buque emblemático, además, claro está, de evitar que se produzcan episodios luctuosos, como sería un enfrentamiento armado entre nuestros marinos y efectivos ghaneses, que sin duda alguna tendrían un impacto terrible no sólo en la relación supuestamente estratégica que el gobierno está tratando de establecer con todos los países del África subsahariana, entre ellos Angola, sino también en nuestra reputación ante el resto del mundo. Para Cristina, empero, la prioridad parece consistir en salir sin pagar costos políticos excesivos del embrollo extraordinario que se ha creado en torno a la fragata Libertad. Sus esfuerzos en tal sentido no han prosperado. Además de enojar a los muchos que manifestaron su repudio a declaraciones en que dio a entender que estaba dispuesta a abandonar el buque a su suerte, puesto que en su opinión la alternativa sería dejar en manos de los buitres “la soberanía y dignidad de este país”, la postura desafiante que ha asumido la presidenta ha hecho mucho más difíciles las negociaciones con Ghana, cuyos gobernantes, es innecesario decirlo, también se preocupan por la soberanía y la dignidad nacional. Una vez más, pues, la voluntad kirchnerista de privilegiar los intereses políticos internos ha entorpecido los intentos de llegar a un acuerdo con otro país. Puede que Ghana no sea una potencia militar o económica, pero en un conflicto como el causado por la detención de la fragata Libertad contará con la solidaridad de buena parte de África que, por razones comprensibles, es aún más sensible que los países de América Latina cuando de enfrentar manifestaciones irrespetuosas ajenas se trata. Así las cosas, hubiera sido mejor que Cristina y Timerman adoptaran una actitud más conciliatoria con el propósito de convencer al presidente John Dramani Mahama, un centroizquierdista que se formó en Rusia pero quiere acercarse a Estados Unidos y que, para más señas, está en plena campaña electoral, de que entendían muy bien que no le sería dado desconocer la autonomía del Poder Judicial y que, de todos modos, estaban dispuestos a considerar alternativas mutuamente satisfactorias a fin de resolver el embrollo. Aunque en conflictos, como el supuesto por la incautación de la fragata Libertad, la dureza puede resultar políticamente más provechosa que la flexibilidad, el que ya hayan transcurrido más de seis semanas desde que, para el asombro general, el buque insignia de la Armada se vio inmovilizado por un juez africano que prestó atención a los abogados de un “fondo buitre” significa que los costos para el gobierno de este incidente bochornoso ya han sido exorbitantes.