Francia y su “inflación normativa”
La popularidad del presidente de Francia, el socialista François Hollande, está por el suelo. Es el mandatario menos popular en toda la historia de la V República. Nada menos que un 51% de los franceses piensa que es un mal presidente, mientras que apenas un 22% de ellos cree que sabe lo que hace y lo hace bien. Quizás sea porque el clima económico francés está dominado por el pesimismo, porque ocurre que la economía gala parecería tener a los franceses parados sobre arenas movedizas y hundiéndose, aunque lenta y parsimoniosamente. De modo continuado. Como si no pudiera revertirse una situación desgastante para todos. Mientras tanto, la deuda pública crece. Y el paro (esto es la desocupación, particularmente la de los más jóvenes) también. Esto último ha sido una terrible constante a lo largo de los últimos 52 meses. En medio de la desazón el gobierno socialista hace, sin embargo, algunas cosas que lucen interesantes. De esas que obligan a pensar. Por ejemplo, preocuparse por la llamada “inflación normativa”; esto es, por el exceso de normas y por sus efectos paralizantes sobre la eficiencia y competitividad general de la economía francesa. El primer ministro Jean-Marc Ayrault acaba de recibir de manos de Alain Lambert (un exministro con experiencia en el equivalente a un Tribunal de Cuentas del gobierno francés) y de Jean-Claude Boulard (el alcalde de Mans) un informe completo que describe el exceso de normas en Francia, sus efectos y las posibles formas de combatirlo. Se confeccionó respondiendo a un discurso de Hollande pronunciado el 12 de marzo pasado en el que convocó a “aligerar” el peso normativo en su país para así simplificar la actividad económica, porque las leyes son hechas para los hombres y no los hombres para las leyes y porque, como alguna vez señaló el propio Montesquieu: “Las leyes inútiles debilitan a las leyes esenciales”. Francia tiene unas 400.000 normas en vigor, generadas por todos los niveles de gobierno. Administrarlas cuesta la friolera de 640 millones de dólares por año. Algunas de ellas son absurdas, pero están vigentes. Como las que obligan a todos los funcionarios públicos a verificar que las ventanas de sus oficinas funcionan, esto es que abren y cierran, para asegurar la calidad del aire. O como las que establecen el tamaño que, inevitablemente, “deben” tener las famosas baguettes de pan. O la que establece que todos los almuerzos en los comedores escolares del país deben tener un contenido proteico equivalente al de medio huevo y dos pequeños pedazos de pollo. O la que protege a un tipo particular de escarabajo, presuntamente en peligro de extinción, que ha paralizado por más de diez años la construcción de una autopista sin advertir que el escarabajo en cuestión había ya migrado del lugar y florecía en otros rincones de Francia. O la que designa un “comité” de nueve funcionarios para proteger a un tipo particular de flor. O las que disponen criterios antisísmicos para construir en los lugares en lo que no ha habido, no hay ni puede haber terremotos. O la que obliga a los empleados de pompas fúnebres a ser diplomados, para lo cual deben tomar –obligatoriamente– un curso de “psicología y sociología del duelo”. A lo largo del tiempo parece haberse generado una suerte de incontinencia normativa que parecería estar asfixiando a los franceses, sin advertir que cuando tratar de cubrir todos los riesgos se transforma en obsesión la parálisis deviene inevitable. Por esto prevalece la sensación de que ha llegado la hora de liberar la iniciativa empresaria francesa de los lazos del exceso de reglamentaciones, lo que antes llamábamos “desregular”. Pero con prudencia. Para ello hay que convocar primero a los expertos en “geología jurídica” y atacar de inicio a los “fundamentalistas normativos”, que existen en todos lados. Y empeñarse en reducir el peso del “Estado policial”, donde los ejércitos de inspectores de todo tipo atemorizan y anestesian a todos. La tarea que ahora comienza en Francia supone, entre otras cosas, proponer formas de legislar con artículos que prevean la caducidad de las normas luego de un plazo determinado, para obligar así a reexaminar su conveniencia. Consiste en modernizar, ordenar y racionalizar el esquema regulatorio. Esto supone redefinir la seguridad jurídica sin tratar de eliminar –a toda costa– todos y cada uno de los riesgos previsibles. También supone despenalizar cada vez que ello sea conveniente. Y estudiar, en casos concretos, el impacto real de las normas. No es poco. Pero es importante. (*) Analista del Grupo Agenda Internacional
GUSTAVO CHOPITEA (*)
