Fuerte embestida de 3 de Mayo contra el municipio

POR INCAUTACIÓN

Directivos de la empresa de transporte 3 de Mayo denunciaron que la incautación de sus vehículos, el taller, el depósito, las máquinas tarjeteras y otros bienes para cederlos a Autobuses Santa Fe fue un “despojo desembozado” que el municipio y los funcionarios responsables “tendrán que indemnizar con su patrimonio”.

En una presentación realizada el miércoles (18/02) ante el Tribunal de Contralor y ante cada bloque del Concejo Municipal, la firma dijo que el Ejecutivo realizó en diciembre pasado “una pantomima de alquiler” de los colectivos e inmuebles necesarios para la prestación del servicio, “que además no pagan”.

En realidad, la locación fue aprobada en diciembre por el juez que tramita la convocatoria de acreedores de 3 de Mayo, Cristian Tau Anzoátegui, lo cual permitió que Autobuses Santa Fe asuma el servicio de transporte urbano, con un permiso “precario”. Luego la 3 de Mayo apeló la resolución de los alquileres y el magistrado acogió el recurso “con efectos suspensivos”. Ahora deberá resolver la Cámara Civil.

El municipio encontró entonces que el único modo de dar continuidad al servicio era la incautación de los bienes de la ex prestadora. El concejal Alejandro Ramos Mejía explicó que es una atribución del Estado, y que además estaba prevista en el contrato.

El escrito que deberán evaluar el Contralor y los concejales lleva la firma del presidente de 3 de Mayo, Guido Dal Pozzo, y la vice Inés Cárcamo.

Esa firma explotó la mayoría de las líneas de transporte urbano hasta julio pasado, cuando el municipio le rescindió el contrato por acumulación de incumplimientos. En aquel momento transfirió la concesión a la intervención judicial de la misma empresa, hasta que el pasado 1 de enero se hizo cargo Autobuses Santa Fe, cuyo titular es Alejandro Rossi, hermano del ministro de Defensa, Agustín Rossi.

“El pretexto del Ejecutivo municipal para confiscarnos los bienes es una norma que se refiere al tiempo de la prestación del servicio, si el concesionario abandona el servicio. No es nuestro caso”, argumentaron Dal Pozzo y Cárcamo.

Agregaron que de todos modos “esa incautación del concesionario es hasta que le adjudican el servicio a otro. Pero es improponible la confiscación de los bienes del ex concesionario para darle los bienes a la nueva empresa”.

Los denunciantes no limitaron sus argumentos a la cuestión jurídica. Señalaron también que “la audacia de la maniobra es propia de las dictaduras” y acusaron al municipio de actuar “como gerente de Autobuses Santa Fe”, empresa a la cual la subsecretaría de Transportes “no molesta ni fiscaliza”.

“Si usted ve por la calle los micros que nos confiscaron verá que están totalmente destruidos -denunció la ex concesionaria-. Nos quitaron los micros para que haga el negocio con bienes ajenos la empresa ligada al actual ministro de la Nación”.

Cárcamo y Dal Pozzo dijeron esperar “la reacción del Concejo Municipal para terminar con este terrible desvío” y también reclamaron al Tribunal de Contralor que examine “estos actos ilegítimos que tendrán que ser indemnizados con el patrimonio de la municipalidad y sus funcionarios”.

DeBariloche