¿Funcionará?
Todos sin excepción hablan y actúan como si no fuera verdad que la Argentina no está en condiciones de recibir nuevos créditos. Una ceguera muy peligrosa.
Si bien el presidente Fernando de la Rúa y el ministro de Economía Domingo Cavallo habrán albergado la esperanza de que «los mercados» reaccionarían con satisfacción a las medidas que por fin fueron presentadas al mundo la noche del jueves, no les habrá sorprendido demasiado la réplica negativa que en efecto recibieron. Por mucho que hayan tratado de disimularlo, la Argentina está en default y, como es natural, a los acreedores no les agrada en absoluto el verse forzados a optar entre resignarse a aceptar el esquema elaborado por Cavallo y ser los cómplices involuntarios de un desastre que a la mayoría le costaría decididamente más. Sin embargo, por depender el «plan» de la capacidad del gobierno para convencer a los demás de que dadas las circunstancias una «reestructuración ordenada» será el mal menor, el disgusto evidente de los financistas no necesariamente resultará perjudicial. Por el contrario, si sirve para asustar a los preocupados por las consecuencias económicas y políticas de un default declarado, incluso podría ayudar a los negociadores del gobierno. Al invitar a los «mercados» a colaborar para mantener la ficción de que la Argentina no ha dejado de «honrar sus obligaciones», Cavallo ha jugado la única carta que le queda, la supuesta por la conciencia generalizada de que a todos, salvo a algunos especuladores, no les convendría en absoluto que la quiebra se oficializara, poniendo en marcha así mecanismos legales que a la larga resultarían sumamente destructivos. Mientras que un default «virtual» sería olvidado rápidamente en el caso de que el país lograra levantar cabeza en los meses próximos, uno formalmente declarado le supondría largos años de miseria: puede que sea sólo semántica la diferencia, pero aun así es fundamental. La batalla que están librando De la Rúa y Cavallo en el frente externo será dura y no hay ninguna garantía de que salgan airosos, pero en comparación con las dificultades que tendrán que superar en el frente interno, los reparos de «los mercados» parecen relativamente menores. No es tanto que un gobierno poco popular cuya base de sustentación se ha achicado hasta tener dimensiones mínimas corra el riesgo de ser barrido por una oposición comprometida con un programa totalmente distinto, cuanto que el PJ, la UCR «disidente», la izquierda, los sindicatos y los diversos movimientos provinciales que, sumados, constituyen una mayoría abrumadora, persistan en negar la realidad de la crisis. Todos sin excepción hablan y actúan como si no fuera verdad que la Argentina no está en condiciones de recibir nuevos créditos, que ningún banquero sensato quisiera prestar un centavo al gobierno nacional o a los provinciales. La ceguera de estos personajes es mucho más peligrosa de lo que sería la hostilidad de un movimiento opositor dispuesto a reconocer que los límites a los que aluden De la Rúa, Cavallo y, a veces, otros miembros del gabinete son reales y por lo tanto infranqueables porque significa que por ahora la única «alternativa» a una administración poco eficaz consistiría en un gobierno de «unidad nacional» dominado por individuos que rinden culto a su propia irracionalidad.
Fiel a su estilo nada combativo, en su discurso a la nación De la Rúa se cuidó de nombrar a los muchos políticos y sindicalistas que se han especializado en reclamar lo imposible o en proponer «soluciones» que con toda seguridad serían peor que contraproducentes. Sin embargo, a menos que comiencen a reaccionar contra los demagogos los muchos que por lo menos entienden que al país le será necesario conformarse con sus propios recursos durante mucho tiempo y que fantasear en torno de las hipotéticas ventajas de negarse formalmente a pagar la deuda pública es una manera muy costosa de divertirse, será escasa la posibilidad de que el default disfrazado de «reestructuración» que el gobierno acaba de anunciar marque el inicio de un período de crecimiento y que no haya sido cuestión de un intento desesperado e inútil por parte del gobierno de evitar que el país tenga que pagar por muchos años de corrupción institucionalizada, desidia administrativa e irresponsabilidad política apenas concebible, como sospechan muchos en el exterior.