Funes Aragón contradijo lo declarado por otros testigos

Castillo acató la suspensión

Notas anteriores:

NEUQUEN (AN)- El ingeniero Aníbal Ramón Funes Aragón contradijo ayer lo declarado por otros testigos en el escándalo de los ATN. Considerado pieza clave en la causa, aseguró en el juicio oral que no participó en la obtención del aporte no reintegrable con el cual se pagó la planta de líquidos cloacales de Centenario. «No tengo ninguna relación con el Ministerio del Interior, no soy político ni estoy vinculado con la política», afirmó.

Por otra parte, admitió que al elaborar un diagnóstico de la situación ambiental de Centenario «fui muy cauto» y no mencionó que la ciudad estaba «en emergencia sanitaria» (fue los términos que utilizó ayer) y que necesitaba en forma urgente una planta depuradora de líquidos cloacales.

El municipio utilizó como pretexto esa supuesta emergencia para contratar en forma directa (sin llamar a licitación) la construcción de la obra.

Funes Aragón, quien no quiso hablar con la prensa, fue el testigo más importante de la última audiencia del juicio por los ATN realizada ayer. Ahora solamente restan los alegatos, que se escucharán hoy a la mañana. Si no hay sorpresas, el fiscal Pedro Telleriarte pedirá una condena para los imputados, y los defensores solicitarán la absolución.

Están imputados Sergio Gallia (intendente de Plottier), Luis Castillo (de Centenario) y concejales y ex concejales de ambas localidades: Adolfo Gar-cía, Edgardo Méndez, Encarnación Lozano (actual funcionaria del gobierno provincial), Oscar Torres, Manuel Sánchez da Fonseca, Víctor Barreneche, Noemí Villagra, Ronaldo López, Lorenzo Lorente, Néstor Roza y Reynaldo Moya.

Todos están acusados de abuso de autoridad, cuya pena máxima es dos años de prisión en suspenso e inhabilitación.

Para comprender la importancia de la declaración de ayer de Funes Aragón es necesario repasar qué se juzga. Según la acusación fiscal, no existieron razones de necesidad y urgencia para que los dos municipios adjudicaran obras de saneamiento por contratación directa, eludiendo el mecanismo de la licitación.

La sospecha es que las obras se hicieron porque el ATN estaba disponible, y que esos aportes no reintegrables del Ministerio del Interior se entregaban con la condición de que los trabajos se adjudicaran a ciertas empresas.

Tanto Centenario como Plottier aseguran que tenían urgencia por contar con sus obras, una planta depuradora y el entubamiento de un desagüe, respectivamente. Pero no hay informes técnicos que avalen esa urgencia.

En el caso de Centenario, Funes Aragón -ingeniero sanitarista- elaboró un diagnóstico de la situación que no menciona la supuesta emergencia. Ayer admitió que en ese trabajo, de dos carillas y media más una ilustración, «estuvimos muy cautos».

Explicó, ante preguntas que le formularon, que «el informe debió decir «hay contaminación ambiental patógena en Centenario», pero no lo escribimos porque temíamos herir la susceptibilidad de algún funcionario».

Tampoco mencionó que «se estaba contaminando el río, para que no digan que nos pasamos de revoluciones».

Tampoco mencionó que «Centenario estaba perdiéndose la radicación de más población, o de construir un hotel o un edificio de diez pisos, para que no digan que éramos más papistas que el Papa».

«Todo eso está mencionado muy suavemente, éticamente», explicó el ingeniero cordobés.

En otro tramo de su extensa declaración, contradijo lo que había declarado su socio Rodolfo Martí-nez en la primera audiencia de debate (ver aparte).

Respecto de la obtención del ATN, Funes Ara-gón se desvinculó completamente. «No me cupo ninguna participación en la obtención de los fondos», dijo.

«El intendente Fernández me dijo que quería un proyecto de obra para salir a buscarlos», sostuvo.

Le exhibieron una nota que dirigió en 1994 a Juan Diego Lorente, por entonces director de Relaciones Institucionales de Centenario que dice: «Atento lo conversado entre ustedes y el ingeniero Tomás Peñaloza, encomendado al efecto, tengo el agrado de comunicarle que sería factible obtener un subsidio no reintegrable del gobierno nacional destinado a las obras pretendidas por ese municipio, referidas a recuperación costera. Sin otro particular, acompaño modelo de normativa general a seguir y lo saludo muy atte».

En principio Funes Aragón desconoció su firma al pie de esa nota, aunque luego dijo que sí era la suya. De todos modos, comentó: «No me cierra lo que dice acá. No me acuerdo de haber enviado esta nota. Nunca me la mencionaron en la municipalidad». También afirmó que desconocía a Lorente, «pese a que estuve mucho en la municipalidad nunca lo vi».

Juan Diego Lorente era mano derecha del intendente Adrián Fernández, es hermano de uno de los imputados y no pudo declarar porque se descompuso antes de entrar a la sala.

Por otra parte, Funes Aragón reconoció haber recomendado al municipio de Centenario que «las empresas más calificadas» para hacer la obra eran CEA, SIC y Caruso. Las tres son de Córdoba, como él, y la primera de ellas fue la contratada.

Dos socios, dos versiones

NEUQUEN (AN).- Al declarar ayer en el juicio oral, Aníbal Funes Aragón contradijo varias veces a su socio Rodolfo Martínez, quien se presentó como testigo en la primera audiencia.

Por ejemplo, Martínez había dicho que «a Funes Aragón le pasaron el dato de una obra de saneamiento en Centenario y me pidió que averiguara. Yo en esa época tenía un quiosco».

Ayer, Funes Aragón contó la historia al revés: «Yo le había pedido a Martínez que me tuviera al tanto si se enteraba de alguna obra de saneamiento, y él me avisó que en Centenario estaban planeando una».

El testigo dijo que con la planta cloacal de Plottier había sucedido lo mismo, aunque Martínez había declarado: «Con la planta de Plottier no tuve ninguna intervención».

En cuanto a las tierras donde se construyó la planta, Funes Aragón fue claro: «Yo sugerí la ubicación». Dijo que como los suelos no eran aptos, «hubo que sustituir 150.000 metros cúbicos de tierra y traer material de las bardas para reemplazar».

Martínez había dicho algo muy distinto. Tras aclarar que «por mi trabajo conozco muy bien los suelos de la región», dijo que «funcionarios municipales me llevaron directamente al terreno elegido para construir la planta. Era un buen terreno».

Las tierras pertenecían a la hermana y el cuñado de Luis Castillo, por entonces presidente del Concejo Deliberante de Centenario.

Piden ampliar indagatorias

ZAPALA (AZ-AN).- El fiscal del juzgado Multifueros de esta ciudad, Hugo Sacoccia, pidió la ampliación de la indagatoria a los ex intendentes de Aluminé, Daniel Cáceres y Carlos Cuiñas. Ambos están involucrados en la causa en la que se investiga la concesión directa y presunta defraudación fiscal en la ejecución de una obra cloacal construida con millonarios ATN.

Sacoccia solicitó también pericias contables e impositivas de la documentación secuestrada el martes, en los allanamientos que se realizaron en las empresas que construyeron las plantas cloacales de Aluminé y Las Lajas: Constructora del Sur y Puyehue. También se lograron documentos importantes en los domicilios particulares de los socios gerentes de ambas firmas.

La ampliación de la indagatoria a los ex jefes comunales de Aluminé se sumó al pedido de nueva indagatoria para el ex intendente y actual diputado provincial, Raúl Monti. El desafuero solicitado por el juez Héctor Trova tomó anoche estado parlamentario en la Legislatura.

Aunque Monti se presentó ante el juzgado y expresó su voluntad de declarar sin fueros, Trova consideró que los fueros no le pertenecen individualmente, sino que constituyen una atribución institucional de la cual debe disponer la cámara.

Trascendió que se pospuso la presentación de los ex funcionarios municipales de Las Lajas y Aluminé. En la causa se tramitan dos hechos: la construcción de una obra cloacal por la cual se pagó más de 5.600.000 pesos en Aluminé, y la ejecución de una planta de tratamiento en Las Lajas, donde se pagó con un ATN de más de 9.000.000 de pesos.