Gaido quiere que se diga si Cambiemos cometió delito con ordenanzas cajoneadas
El secretario de Gobierno de la comuna, Juan Martín Hurgado, dijo que por su complejidad, aún no fue reglamentada la ordenanza de anexamiento.
El municipio de Neuquén se constituyó como querellante en la investigación fiscal por las ordenanzas cajoneadas para saber si hubo delito de funcionario público al no haberlas impreso en el boletín oficial.
El secretario de Gobierno de la comuna, Juan Martín Hurtado, dijo que aún no se reglamentó la polémica ordenanza de anexamiento por la complejidad de la norma.
En la causa penal que está en investigación por ésta y otro medio centenar de ordenanzas, la municipalidad pidió ser querellante para que se investigue si hubo delito por parte de la gestión anterior ante la posible comisión del incumplimiento de deberes de funcionario.
Es la ordenanza 13.618 sancionada en 2016 que nunca se aplicó y que prevé cobrar multas a los propietarios de terrenos que extiendan sus cerramientos indebidamente hacia espacios públicos.
La edición en el boletín de junio de este año desató la polémica: estaba promulgada desde 2016 pero el gobierno de Cambiemos nunca la puso en práctica, lo mismo que ocurrió con otras 60 ordenanzas aproximadamente.
La 13.618 que destapó el estándalo involucra el cobro de multas al Rincón Club de Campo, por incorporar al área privada del country las 8 hectáreas que usan para la cancha de golf del circuito federal.
Según Hurtado “la reglamentación no es fácil; el formato de la ordenanza es complejo e intervienen diferentes sectores” dijo el funcionario.
Ejemplificó que tienen intervención a las áreas de catastro, tierras, planificación, o ingresos públicos para determinar el monto que se debe cobrar por el terreno tomado.
Llamativamente indicó que también se debería analizar si el terreno anexado “puede ser adquirido o es de bien público”, como calles públicas o espacio verde destinado a plaza, según algunos casos en otros desarrollos privados que avanzaron sobre terrenos lindantes.
Especificó que para evitar que la norma sea impugnable por los infractores, “tenemos que aceitar y hacer intervenir a los diferentes sectores” a fin de hacer las intimaciones sin huecos legales al momento de exigir el pago por el anexamiento indebido. La norma prevé, que la multa se duplique por cada año que no se devuelve el terreno tomado.
La publicación de las ordenanzas que no llegaron al boletín oficial derivó en varias presentaciones en la fiscalía para que se investigue, y el municipio se sumó como querellante en un expediente que está a cargo del fiscal Diego Azcárate.
“Solicitamos ser querellantes para que se investigue el posible incumplimiento de deberes de funcionario público”, dijo Hurtado. Inicialmente la comuna formalizó la denuncia con la indicación de que había más de 50 ordenanzas que no se publicaron; en tanto luego agregaron información sobre cada expediente relacionado con las ordenanzas no publicadas, y después se presentaron como querellantes dijo el secretario de Gobierno.
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