Gambeta a las PASO



“Hecha la ley hecha la trampa”, aseguran en la mayoría de los partidos políticos del país que se las arreglaron esta semana para que las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias se transformen apenas en una gran encuesta que movilizará a todo el país y será pagada con fondos del Estado.

Salvo contadas excepciones, la mayoría de las fuerzas políticas acudirá a esta cita con listas de unidad, ya sea por acuerdos de la cúpula del partido o alianza o creando nuevos sellos electorales que les evitan la molestia de medir internamente sus candidaturas en las urnas antes de la cita electoral principal.

Al momento de sancionarse, en 2009, la reforma realizada mediante la ley 26571 denominada pomposamente de Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral pretendía eliminar varios vicios del sistema, como el excesivo peso de los aparatos partidarios y clientelares en la selección de los candidatos; ordenar y fortalecer el sistema de partidos políticos y un mayor protagonismo de los ciudadanos, que tendrían la posibilidad de un voto más “sincero” y participación desde el inicio del proceso electoral.

Eran tiempos en los que se hablaba de una “refundación” del sistema político y el combate con formas de la “vieja política” a la que se responsabilizaba en buena parte por la crisis de representación de los partidos que hizo eclosión luego de la crisis del 2001.

También había cálculo electoral de corto plazo. El kirchnerismo, que estaba todavía digiriendo la derrota legislativa, comenzaba a abandonar la idea de una “transversalidad” de su movimiento político y se había embarcado en una dura puja por el liderazgo peronista con lo que denominaba “pejotismo”, representado por gobernadores, el expresidente Duhalde y otros referentes. Los estrategas del oficialismo pensaban entonces que el sistema les permitiría ordenar el armado político del justicialismo bajo la batuta del matrimonio presidencial, evitando fugas de los disidentes, al tiempo que tendría un efecto divisorio dentro de las fuerzas opositoras, que se habían unificado en las legislativas de 2009 en medio de la polarización política que había generado la disputa con el agro.

Ya en la primera elección presidencial realizada en 2011, bajo la influencia de la prematura muerte de Néstor Kirchner en 2010 que provocó reacomodamientos tanto en el oficialismo como en la oposición, mostró que muy pocos de los objetivos de la ley se alcanzaron con las PASO, ya que la mayoría de las fuerzas evitó la instancia, quedando las internas apenas como un anticipo de lo que sería la elección general.

El fuerte personalismo de la política argentina, sumado a algunas debilidades del sistema, como los pisos electorales mínimos y el hecho de que los perdedores de la interna no puedan participar de reagrupamientos posteriores dentro de la misma alianza, hizo que la característica se mantuviera.

Esto se vio reflejado en el cierre de listas que hubo esta semana tanto a nivel nacional como provincial, donde en casi todos los espacios políticos predominó el criterio de unidad por sobre la competencia.

Tanto el kirchnerismo como Cambiemos evitaron la realización de internas en los distritos más importantes, Capital y el Gran Buenos Aires. La expresidenta prefirió armar un frente propio antes que confrontar con su exministro Florencio Randazzo en el PJ, donde la competencia con Mario Ishii parece ser más bien una forma de erosionar al extitular de Interior que una alternativa real. En Capital, Cambiemos también evitó la competencia con Martín Lousteau, que irá con fuerza propia. En Río Negro y Neuquén, casi todas las fuerzas presentarán una sola lista para los cargos legislativos en agosto.

De esta manera, el Estado volverá a realizar una fuerte erogación en imprimir padrones, desplegar urnas, establecer la seguridad y financiar las campañas (algunos estiman el gasto en unos 2.800 millones de pesos) para unos comicios que serán apenas una costosa gran consulta previa a la elección general y servirán más como insumo para las estrategias de la dirigencia política que como una herramienta decisoria en manos de los ciudadanos.


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