Ganancias y desempleo

Aunque los líderes sindicales más influyentes han hecho de Ganancias, es decir, de la presión tributaria, su principal bandera de lucha, lo que más debería preocuparles es el aumento rápido del desempleo. En los meses últimos se han multiplicado las suspensiones y los despidos en las fábricas automotrices y en actividades vinculadas con el sector. También están expulsando obreros la construcción, la industria electrónica de Tierra del Fuego, donde según el gobierno provincial acaban de perderse casi dos mil puestos de trabajo, y muchas empresas relacionadas con el campo. Todas son víctimas de una recesión que ha provocado una caída precipitada de ventas, los controles de precios que perjudican a las pymes más precarias y, desde luego, la falta de crédito. No hay motivos para suponer que la situación mejore pronto, razón por la que es de prever que la tasa de desocupación siga subiendo en los meses próximos, lo que tendría consecuencias nefastas para los privados de su fuente de ingresos. Si bien la campaña sindical contra Ganancias, un impuesto que, merced a la inflación, afecta a una proporción cada vez mayor de los asalariados, puede justificarse en términos económicos, ya que no cabe duda de que la fuerte presión impositiva ha tenido un impacto muy negativo en el desempeño del ya débil sector privado, el gobierno no podría prescindir del dinero que aporta sin verse constreñido a reducir la cantidad de personas empleadas por el Estado, lo que haría aún peor el ya deprimente panorama laboral. Por razones sociales o, en opinión de sus adversarios, políticas y clientelares, desde hace tres años el gobierno nacional y los provinciales han creado centenares de miles de puestos de trabajo, mientras que los del sector privado se cuentan por decenas de miles. Aunque es de suponer que muchos estatales recién incorporados cumplen funciones esenciales, a pocos se les ocurriría decir lo mismo de la mayoría que incluye no sólo a personas que ningún empresario pensaría en contratar sino también a cohortes de “militantes” oficialistas premiados por su presunta lealtad hacia alguno que otro benefactor político. Aun cuando el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quisiera atenuar el problema gigantesco provocado por el crecimiento exagerado del sector público, no le sería dado hacerlo en las circunstancias actuales. Al aumentar el desempleo en el sector privado a causa de la recesión inflacionaria que amenaza con agravarse mucho en el año y medio que le queda, cualquier intento de racionalizar el público tendría un impacto social explosivo. Tampoco podría modificar el régimen impositivo a fin no sólo de congraciarse con los líderes sindicales más combativos sino también de estimular la producción económica, ya que necesitará el dinero para continuar subsidiando a los muchos que dependen por completo del Estado. El dilema podría soslayarse si la economía creciera a un buen ritmo, como hacía durante la gestión de Néstor Kirchner, pero, por desgracia, el gobierno dejó pasar la oportunidad luego de convencerse de que lo que el país necesitaba era una mayor dosis de estatismo, planteo que compartía con muchos políticos opositores de actitudes “progresistas”. Así, pues, les corresponderá a los eventuales “herederos” del kirchnerismo emprender la tarea nada grata de restaurar el equilibrio entre el Estado, que en la actualidad está sobredimensionado sin por eso ser más eficaz que antes, y el sector privado que tendrá que producir los recursos precisos para mantenerlo. La Argentina no podrá reanudar el crecimiento a menos que el sector privado recupere el dinamismo perdido. Parecen entenderlo los precandidatos presidenciales mejor ubicados, Daniel Scioli, Sergio Massa y Mauricio Macri, pero para que el sucesor de Cristina pusiera en marcha los programas de estímulo que presuntamente tendrá en mente, le sería preciso superar una larga serie de obstáculos sociales, además de los debidos al virtual boicot de los inversores internacionales que tantos perjuicios ha provocado, lo que, de más está decirlo, no le sería del todo fácil ya que los beneficiados por el estatismo interesado del gobierno kirchnerista se resistirían, por los medios que fueran, a permitir que se desmantelara “el modelo” del que dependen.

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