Los concejales denunciaron “abuso de poder”

Wallace pide definiciones por la denuncia en su contra

La integrante del Tribunal de Contralor, Julieta Wallace, señaló que a tres meses de ser denunciada por el intendente Gustavo Gennuso “por incumplimiento de la ordenanza de ética en la función pública”, aun espera alguna definición por parte del Concejo Municipal.

También cuestionó que más allá de su acusación “por ser parte de la oposición en el Tribunal de Contralor, hay que evaluar a qué tipo de funcionarios sostiene el intendente y qué intereses representan”.

“Gennuso sostiene a Etel Outeda, denunciada en dos ocasiones por maltrato laboral. El mismo oficialismo en el Tribunal de Contralor le recomendó que la saque de dos oficinas y simbargo, hoy, es colaboradora en Desarrollo Urbano. Al igual que el exresponsable del vertedero, Julio César González, denunciado por una empleada. Hoy esa empleada está con licencia y González pasó a ser coordinador de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y el vertedero”, señaló Wallace.

También cuestionó el rol del subsecretario de Medio Ambiente de Bariloche, Carlos Beros y su vinculación a la consultora Beha Ambiental. “Hace informes ambientales que después el funcionario tiene que controlar. La presencia de Beros en la audiencia pública de El Bolsón deja claro a qué sectores representa”, dijo.

Wallace también se refirió a una reciente resolución que designa a la hermana de un concejal como coordinadora en el Consejo Consultivo de Personas con Discapacidad. “Y me denuncian a mi por incumplir la ordenanza de ética pública. Tampoco hay que olvidar los cuestionamiento a una concejal del oficialismo por parte del Consejo de Discapacidad ni las contrataciones en publicidad que fueron objetadas porque en relación a los requisitos, no estaban claros algunos datos de los prestadores que facturan en provincia de Buenos Aires”.

La integrante del Tribunal de Contralor remarcó que durante los primeros días de febrero, realizó una presentación espontánea ante el Concejo Municipal en la que resaltó que “de ninguna manera, representar a la Asociación de Recicladores Bariloche (ARB) es atentar contra los intereses del estado” y aclaró que “nunca presentó una demanda ni nota formal contra el estado municipal”.

“Mi caso está en el Concejo Municipal y lo cierto es que no hay certezas acerca de cómo seguir porque el único camino es la revocatoria de mandato. Lo que intentaron hacer fue callar mi voz porque soy la única oposición adentro del Tribunal de Contralor”, indicó.

Gennuso denunció a miembro del Tribunal de Contralor

El intendente Gustavo Gennuso denunció a Julieta Wallace, integrante del Tribunal de Contralor, alegando “incumplimiento a la ordenanza de ética en la función pública” y pidió que se inicie un sumario. La nota fue enviada al Concejo Municipal y será analizada mañana en la comisión legislativa.

El conflicto comenzó el último viernes cuando los integrantes de la Asociación de Recicladores Bariloche (ARB) se presentaron en el municipio para entregar un petitorio al intendente vinculado a su rechazo de que se instalen en el vertedero los talleres de la nueva transportista del sistema público.

Los trabajadores se reunieron con el jefe de Gabinete, Pablo Chamatrópulos, que en varias ocasiones amenazó con abandonar la reunión si el concejal del Frente para la Victoria, Daniel Natapof, no se iba de la sala de prensa. También cuestionó la presencia de Wallace, también de la oposición, señalando que integra otro poder del estado.

En la nota que Gennuso envió al Concejo Municipal, cuestionó a Wallace por realizar gestiones “inherentes a su profesión de abogada, representando los intereses de la ARB contra el municipio de Bariloche que le paga su salario”.

Agregó que: “El viernes pasado se hizo presente en el edificio de la intendencia, en pleno horario laboral del Tribunal de Contralor, representando y patrocinando a la ARB y exigiendo que las autoridades municipales formalizaran un convenio que garantice sus derechos”.

Gennuso consideró que “Wallace debió rehusar a la intervención en nombre y representación de la ARB en tanto su posición contraría los intereses del municipio, no pudiendo en su caso, ejercer la abogacía contra el municipio”.

La nota enviada al Concejo Municipal además cuestionó que horas más tarde ese mismo viernes, Wallace “salió en un medio radial vinculando el incendio del vertedero con el desembarco de la empresa de transporte Amancay SRL”.

Gennuso también manifestó su molestia por los cuestionamientos que Wallace, a través del Colegio de Abogados, lanzó contra la iniciativa privada de Capsa. “No es la primera oportunidad en que la vicepresidenta del Tribunal de Contralor se olvida de su investidura y se posiciona patrocinando intereses contra el municipio. Al momento de tratarse la iniciativa privada de Capsa, aquella sin respeto alguno por la función encomendada dentro del municipio y en representación del Colectivo de Abogados atacó las decisiones del ejecutivo”, subrayó Gennuso.