Gil Lavedra: "Me preocupa la presión sobre las causas de corrupcíon"

El excamarista habló con RÍO NEGRO sobre la controversia en el oficialismo. "El debate por el lawfere socava la autoridad presidencial", sostuvo.



El jurista Ricardo Gil Lavedra, en su estudio, durante la entrevista con Río Negro. Foto: Sebastián Aulicino

Entre reuniones con clientes y llamados telefónicos, el dirigente radical y exmiembro de la Cámara Federal del Juicio a las Juntas, Ricardo Gil Lavedra, recibió a RÍO NEGRO en su estudio en la Ciudad de Buenos Aires.

P: ¿Qué le pareció el video de Fernández criticando a la Justicia?

R: Me parece que fue inapropiado y responde a la propia interna de la coalición gobernante. Por supuesto que comparto la opinión del presidente de que en Argentina no hay presos políticos y que cualquier irregularidad que se pudo haber cometido en el transcurso de los procesos debe ser subsanado por la propia Justicia.

P:¿Qué hay detrás de la discusión sobre Lawfare y presos políticos?

R: Se menoscaba la autoridad presidencial cuando abiertamente se crea esta falsa controversia, incluso con algo totalmente inusual que es que un ministro del Ejecutivo desautorice al jefe de Gabinete y el presidente de la República. Todo este debate socava innecesariamente la autoridad presidencial, y responde a un intento de instalar que quienes están acusados no lo están por hechos de corrupción, sino que están acusados por sus ideas políticas, lo cual es falso. De la enorme cantidad de funcionarios del kirchnerismo, solo una pequeña parte de ellos están sometidos a procesos. La enorme mayoría no. Esto demuestra que están siendo investigados por hechos concretos, no por sus ideas, que es lo que caracteriza a un preso político. En Argentina rige un Estado de derecho con posibilidades de ejercer la defensa. Y son los propios tribunales los que deben corregir cualquier anomalía que no garantice el debido proceso. Los hechos de corrupción también merecen juicios justos: jueces imparciales y garantías de defensa.

P: El presidente endureció su discurso: ¿Tomó el discurso duro para administrarlo él y no dejárselo al sector más cristinista?

R: Yo veo claramente que hay dos posturas, una de parte del presidente, con el que uno sólo puede estar de acuerdo, de que la Justicia no puede decidir de acuerdo a los tiempos políticos. El otro sector, el de los que están imputados, el del kirchnerismo más duro, sigue planteando la cuestión de los presos políticos, con un cuestionamiento al presidente. Ejercen una presión indebida sobre la Justicia. Me gustaría que el gobierno diga no sólo que a los jueces le corresponde resolver las arbitrariedades que pudieran haberse cometido, sino que apliquen la ley en los casos de corrupción. Estos debates no puede ser una excusa para que no se persigan los graves hechos de corrupción, que de modo evidente han sucedido en Argentina.

P: ¿Cómo puede afectar esta situación las causas en trámite contra Cristina Kirchner? Un juicio oral en curso, el de Hotesur y Sauces debería comenzar este año, varios más esperando.

R: Yo no quiero opinar sobre las causas en trámite porque, al revés del gobierno, yo creo que hay que dejar que los jueces resuelvan. Pero yo quisiera que resuelvan de forma imparcial, que no se dejen llevar por la prédica de la persecución política, sino que juzguen los hechos que le llegan, respetando las garantías, pero castigando la corrupción.

P: ¿Las prisiones preventivas se han mal utilizado? ¿Quién carga con la responsabilidad: la Justicia, el gobierno de Macri?

R: Ha habido una utilización extensiva y abusiva del criterio de la prisión preventiva. Fueron decisiones judiciales y que encontraron su quicio en la propia Justicia, porque fue la propia Justicia la que fue morigerando esos criterios. Para mí no se respetaron los estándares universales en materia de prisión preventiva, que sólo puede dictarse como medida excepcional, estricta, y siempre orientada a asegurar la marcha del proceso y evitar alguien se fugue u obstaculice el proceso.

P: Comienzan a salir quienes estaban con preventiva. La sensación es de impunidad, al menos para un sector de la sociedad.

R: Los ceses de las preventivas no son impunidad. Lo que sí me preocupa es la presión que se está instalando con esta cuestión de los presos políticos, que corre el riesgo de que termine en impunidad. Porque la Justicia siempre ha sido proclive a resolver de acuerdo a los tiempos políticos. Y el gobierno, que dice que quiere que esto no suceda, insiste que todas estas causas deben revisarse y omite que los casos de corrupción deben castigarse, resulta un claro mensaje hacia esa Justicia.

P: Se trabaja en una reforma judicial: ¿Es otra presión?

R: La reforma que busca el gobierno pareciera que apunta a la organización de la Justicia Federal de la Capital, que es la que concentra la gran mayoría de denuncias contra funcionarios. El hecho de que haya muy pocos tribunales donde se concentran estos expedientes ha hecho que se caiga, no sólo en la ineficacia, sino también en que muchos de esos jueces tramiten esas causas de acuerdo a los tiempos políticos. El gobierno dice que buscará desconcentrar ese poder, incorporar más jueces para tratar de que no quede en muy pocas personas.

P: ¿Confía en la transparencia de una reforma judicial enviada por un gobierno que tiene en su interior gran cantidad de procesados, investigados en Comodoro Py?

R: No quisiera especular, habrá que esperar los proyectos. Conceptualmente lo que dice el presidente está bien, todos queremos una justicia federal imparcial, pero también hay que entender que las personas imputadas lo están por hechos muy graves, y hay una muy fuerte demanda social para que no exista impunidad. La corrupción degrada al sistema democrático, la Constitución dice que es un atentado contra la orden democrático. Es un gobierno recién electo, fruto de la soberanía popular. Merece un periodo de gracia, pero hay que señalar cuestiones que no son adecuadas y que no permiten avizorar un buen panorama

P: ¿Por qué el gobierno de Macri no avanzó sobre la Justicia Federal?

R: Yo creo que el gobierno anterior avanzó mucho en reformas judiciales, en materia de proceso civil y en material penal. Pero es cierto que fracasó en desconcentrar el poder de Comodoro Py. Hay una deuda pendiente. Pero hay que tener cuenta que a los jueces no los saca el Ejecutivo, tiene un proceso de remoción en el Consejo de la Magistratura, que tiene una composición sumamente equilibrada y no es tan sencillo destituir a un juez.

P: Avanzó en el reformas de proceso pero no de independencia: ¿fue por falta de poder, falta de consenso o falta de intención?

R: No había un consenso generalizado con las otras fuerzas en ese tema, no creo que fuera falta de voluntad, no ha podido hacerlo.


Carrió: “Cristina va por todo, incluso por el presidente”


La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió denunció “un claro golpe” y “un atropello al Poder Judicial” por parte la vicepresidenta Cristina Kirchner, como resultado de los debates instalados en los últimos días en torno a la existencia de “presos políticos”, la teoría del “lawfare”, la intervención de la justicia jujeña o los cambios en el programa de testigos.

En un comunicado que lleva también la firma del jefe del bloque de diputados de ese partido, Maximiliano Ferraro, Carrió habló de un “un claro golpe y un atropello al Poder Judicial para garantizar impunidad, lo que ratifica que Cristina Kirchner va por todo”.

Carrió y Ferraro sostienen que en el oficialismo “hablan de presos políticos, en lugar de hacerlo acerca de los políticos presos por delitos de corrupción; de lawfare; de eliminar la prisión preventiva para los casos de corrupción; destruyen el programa de protección de testigos; intentan intervenir la justicia de Jujuy…”.

Advirtieron sobre la situación de presidente Alberto Fernández. “Cuando se va por todo, se va incluso por el presidente”, afirmaron. “El accionar de la vicepresidente erosiona la figura institucional del Presidente para que quede lastimada en su autoridad. Esto agrava y debilita las negociaciones sobre cuestiones fundamentales sobre el futuro de la Argentina”, dicen.

“La Coalición Cívica va a estar en el Congreso para denunciar ante la Comisión Interamericana de DDHH amedrentamiento a testigos protegidos , y para advertir estos golpes ante los organismos internacionales que corresponda, para que no gane la impunidad”, aseguran.


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